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La (in)seguridad

 

El caso de los despojos de bienes inmuebles

Carlos García Ponce (*)

“La impunidad premia al delito, induce su repetición y le hace propaganda; estimula al delincuente y contagia su ejemplo” —Eduardo Galeano

En las últimas semanas han estado apareciendo numerosas noticias referentes a una “mafia inmobiliaria” que opera en nuestro Estado, un selecto grupo de notarios públicos.

Se ha hablado mucho de la intervención y complicidad del Registro Público de la Propiedad, del Consejo de Notarios y de la Fiscalía General. Inclusive dichas autoridades se han encargado de emitir comunicados de prensa manifestando que a partir de ahora “tendrán más cuidado”.

Sin embargo, ninguna de las autoridades ha asumido la responsabilidad que le corresponde, y se han lavado las manos de una manera tan cínica que el ciudadano se termina sintiendo completamente desprotegido.

Por una parte, tenemos el comunicado de la dirección del Registro Público de la Propiedad. Ahí, su directora señaló que su personal recibió “estrictas instrucciones” para aplicar un protocolo de seguridad más minucioso y estricto a la hora de revisar los documentos que se presentan para su inscripción. Sin embargo, también salió a la luz pública información que señalaba que diversos empleados del Registro Público han sido descubiertos aceptando exorbitantes cantidades de dinero de particulares, a cambio de inscribir compraventas que no cumplían con los requisitos legales. No obstante lo anterior, esos empleados siguen laborando en el Registro Público y, al día de hoy, no han tenido ningún tipo de sanción.

Luego, tenemos la carta abierta del Consejo de Notarios. Ahí, manifestaron que no tienen facultades para vigilar la conducta de los notarios en el desempeño de sus funciones, y señalaron que solo el gobernador puede sancionarlos. Ahora bien, no sólo el Consejo de Notarios se lavó las manos y le lanzó toda la responsabilidad al Ejecutivo del Estado, sino también se mostraron hasta “indignados” y “rechazaron categóricamente la generalización que se da de un caso particular presentado en la prensa, y que mediática e injustamente afecta a todos los notarios que son ajenos a ello”.

Lo anterior resulta completamente incomprensible, toda vez que los integrantes del mismo Consejo de Notarios, en su toma de protesta en 2017, señalaron textualmente: “para que el notariado y su función recobren el prestigio que se añora, depende esencialmente de los propios notarios. Ahí está nuestra responsabilidad”.

En consecuencia, resulta un tanto contradictorio que, en vez de verdaderamente responsabilizarse de la actuación de los notarios, el Consejo busca solo proteger su imagen pública, a costa del patrimonio de los yucatecos.

Por último, tenemos una declaración del fiscal general del Estado. Ahí, mencionó que es cierto que han estado apareciendo denuncias por los fraudes realizados por los notarios, pero que lo “importante es que desde la primera de ellas han logrado frenar la continuidad del daño patrimonial”.

Lo anterior, según su propio dicho, en razón de que después de interpuesta cada una de las denuncias, la Fiscalía ha solicitado al Registro Público el “cierre de partidas” (inmovilización registral) sobre el respectivo inmueble. Sin embargo, esos cierres de partida no se han dado por iniciativa de la Fiscalía, sino como un ruego o súplica de cada uno de los denunciantes.

De hecho, para obtener esos cierres de partida, hay que realizar varias gestiones dentro de la misma Fiscalía y, si el ciudadano tiene suerte, esperar unos tres meses para obtener el cierre registral. Ahora bien, en todos y cada uno de los casos, lo más lejos a lo que ha llegado la Fiscalía es a pedir el cierre registral.

Sin embargo, a día de hoy, no ha sido formulada imputación contra ninguna de las personas señaladas como responsables de los respectivos despojos. Lo anterior resulta completamente inexplicable, toda vez que, a partir de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, para vincular a una persona a proceso únicamente es necesario “que se haya cometido un hecho que la ley señale como delito” y “que exista la únicamente la posibilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión”.

De lo anterior, resulta evidente que ya no es necesario como antes acreditar el famoso “cuerpo del delito” para que una persona fuera sujetada a un proceso penal, sino que solo se necesita que haya elementos que apunten a que posiblemente pudo haber intervenido en la comisión del delito.

No obstante lo anterior, el Ministerio Público sigue, inexplicablemente, sin haber consignado a ninguna de las personas denunciadas por los fraudes inmobiliarios.

De todo lo anterior, se colige que la inseguridad patrimonial que vive nuestro estado no es únicamente atribuible a los notarios denunciados, ni a las personas que se han hecho pasar por otras para despojarles de un predio. Las verdaderas responsables de la enorme inseguridad en la que vivimos son nuestras autoridades. Si se le sigue permitiendo tanto a los notarios como a los despojadores realizar este tipo de conductas sin que sean sancionados, es lógico que no van a parar.

De hecho, resulta hasta atractivo para los delincuentes realizar este tipo de fraudes, ya que saben que nuestras autoridades no se atreven a aplicarles la ley. Como bien mencionó Montesquieu en el siglo XVIII: “Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”.— Mérida, Yucatán.

Coordinador Ejecutivo de la Fundación Macay

 

 

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