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La justicia yucateca no es ciega

Editorial

Alcaldes en la corrupción

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Es lamentable que en la realidad las leyes y las personas encargadas de investigar, integrar los expedientes y sancionar a los malos funcionarios, gobernantes y políticos en general al final sean suaves, laxas y no otorguen castigos ejemplares.

La corrupción es un mal que se arrastra desde décadas y que se extendió en la vida política del país, principalmente en el sexenio pasado. Era tanto el saqueo en los gobiernos estatales y en las dependencias públicas que el actual gobierno federal enarboló la bandera contra la corrupción del ayer y no aceptar ninguna corruptela en el hoy.

Leyes suaves

Pero con las leyes, al ser tan suaves, se buscan resquicios para evadir las acusaciones y las autoridades muchas veces se prestan para no actuar con mano firme en contra de alcaldes, funcionarios y gobernantes a pesar de las denuncias, de las investigaciones y las pruebas de corrupción.

Nuevamente se dan a conocer irregularidades, abusos y mal manejo del erario de alcaldes y exalcaldes de la entidad. Pero, ¿qué se hace?

El alcalde de Chichimilá, Samuel Uc Poot, tomó del erario más de dos millones de pesos y se comprometió a devolverlo pero no cumplió. Él ya confesó y existe un documento que lo comprueba. ¿No es esto un abuso de autoridad y corrupción?

Si la investigación está en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior de Yucatán, ¿qué se espera para actuar? Ya confesó. ¿Qué más falta? En otro país estaría destituido y en la cárcel.

Triste y lamentable

Es muy triste y lamentable que en casos de funcionarios, alcaldes, legisladores, gobernadores y político los procesos se alarguen, se busque que devuelvan el dinero y no exista sanción alguna. Al parecer las leyes son flexibles para estos personajes.

Sin embargo, si algún trabajador de una empresa o de una dependencia pública o privada comete un desvió de algunas decenas de miles de pesos, se le investiga, se le arraiga, se le despide y va a la cárcel sin miramientos. ¿Por qué esas diferencias en la aplicación de la justicia?

El exalcalde de Tecoh Joel Isaac Achach Díaz (2015-2018) está acusado de una deuda de 13 millones de pesos que deberá comprobar o devolver y de una obra pagada con recursos federales a una empresa fantasma.

Además, el actual alcalde acusó a tres de los ex colaboradores de Achach Díaz: la síndica María Beatriz Chi Tun; el secretario Leandro Estrella Cocom, y el tesorero José Garnica Alcaraz, por mal uso de 8 millones de pesos en la cuenta pública de 2017 que no se aclararon; así como pagos excesivos y fuera de tiempo de camionetas del Ayuntamiento, incluso dadas de baja, que se pagaban primero y luego se inventaban los desperfectos y reparaciones, pero todo vehículo se reparaba en el taller de la hermana del ahora ex tesorero.

En esto hay conflicto de intereses, abusos y corrupción. Entonces ¿por qué no se castiga si la misma Auditoria Superior en su informe de 2017 señala que se detectaron en ese año pagos de $529,999.99 a ese taller con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios? Después de tres años no hay nada concreto.

Al exalcalde de Tekax Josué Couoh Tzec (2015-2018) apodado “El doctor del amor” se le acusa de malversar más de 200 millones de pesos, abusos y mal manejo del erario público.

Al llegar el actual primer edil al Ayuntamiento encontró una administración con deudas, carencias y diversas irregularidades. En cuanto a los automotores, hay vehículos inservibles, sin motor, pero con facturas de máquinas nuevas. Así como pagos por servicio de carros de lujo pero que no existen.

En los pagos de ayuda social se consideraron $3 millones, pero terminó la administración con gastos de $18 millones en este rubro. ¿Dónde quedaron los $15 millones? Si la misma ASEY expresa que no hay comprobantes de pagos, entonces ¿qué esperan para determinar los delitos y sancionar?

A la expresidenta surcoreana Park Geun-hye se le destituyó por corrupción y se le condenó a 20 años de prisión, 15 años por soborno y 5 por otros cargos, además una multa de 15 millones de dólares y el decomiso de 2.9 millones de dólares. Esto es un ejemplo de castigo al funcionarios corrupto.

Aquí en la entidad a pesar de tantos organismos contra la corrupción y las pruebas de desvíos, uso indiscriminado del erario público, abusos, facturas falsas, empresas fantasmas, obras inexistentes, falta de claridad en las cuentas y demás irregularidades, ningún exalcalde, ni alcalde, va a la cárcel, así confiesen sus abusos y desvíos. Ni qué decir de un exgobernador o exgobernadora.

La justicia que es representada con una venda en los ojos para ser imparcial al momento de las sentencias, al parecer cuando se enfrenta a alcaldes, exalcaldes, funcionarios, gobernadores y políticos en general, las autoridades la despojan de esa venda para mirarlos detenidamente e impartir justicia con benevolencia.

Señores diputados, hay que endurecer las leyes en la entidad. Aquí, lamentablemente, la justicia no es ciega.— Mérida, Yucatán.

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor

 

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