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La revalorización

Freddy Espadas Sosa
Editorial de Freddy Espadas Sosa

Nueva Ley estatal de educación (y II)

FREDDY ESPADAS SOSA (*)

Uno de los aspectos más importantes que recoge la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal es la revalorización social del magisterio en la realización de su delicada encomienda.

Si asumimos plenamente —como postula Paciano Fermoso— que la educación es un proceso intencional de socialización, endoculturación, interiorización, moralización, formación y perfeccionamiento continuo de las nuevas generaciones, se entiende de suyo que es en esta misma complejidad donde reside la inmensa trascendencia social, ética, política y pedagógica del quehacer magisterial.

En la reforma al artículo 3o. constitucional de fecha 15 de mayo de 2019, se pondera la labor de todos los docentes, al admitirse en su párrafo quinto que “las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social”.

En correspondencia con esta revalorización social del magisterio, el propio artículo Tercero estipula que “la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizarán a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones…los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos”.

En este orden de ideas, la Ley General de Educación, emitida el 30 de septiembre de 2019, dedica el Título IV a la revalorización de las maestras y los maestros, al reiterar que son los agentes fundamentales del proceso educativo, razón por la cual se prescribe que dicha revalorización implica: a) priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos; b) fortalecer su desarrollo profesional, mediante acciones de formación, capacitación y actualización; c) fomentar el respeto a la labor docente por parte de las autoridades educativas y demás agentes involucrados en el proceso educativo; d) impulsar su capacidad para la toma de decisiones respecto a la planeación educativa; e) otorgar un salario profesional digno, que permita a los docentes alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y sus familias, así como acceder a una vivienda digna.

Pues bien, en su artículo 29 la iniciativa del Ejecutivo estatal recoge fielmente este aspecto de la revalorización del magisterio, añadiendo a los elementos citados arriba que la labor docente debe reconocerse a través de ceremonias, homenajes y otros actos públicos.

Otro aspecto relevante de la iniciativa en comento es la conformación del Sistema Estatal de Formación, Capacitación y Actualización para el magisterio yucateco (Artículo 108), lo cual se desprende de lo prescrito en la Ley Reglamentaria del Artículo Tercero Constitucional en materia de mejora continua de la educación. Ésta dispone la creación del Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización para los docentes, y cuyo objeto es garantizar lo necesario para que el persona que ejerza funciones docentes, directivas o de supervisión escolar tenga opciones en estos rubros académicos fundamentales para su desarrollo profesional.

En el Sistema Estatal propuesto se reitera que las escuelas normales seguirán teniendo a su cargo la formación inicial de los docentes de educación básica Para ello, las autoridades educativas estatales están obligadas a procurar una sólida preparación profesional en los estudiantes, buscando la adquisición de amplios conocimientos científicos y pedagógicos, así como el conocimiento pleno de los principios filosóficos y sociales del Artículo Tercero Constitucional y la política educativa que de ellos se deriva.

Asimismo, el artículo 110 de la nueva Ley propuesta señala que la autoridad educativa estatal, en el ámbito de su competencia, es responsable de ofrecer oportunidades permanentes para el perfeccionamiento y la superación profesional del magisterio en servicio, mediante diversas modalidades adecuadas a las necesidades y contextos regionales y locales de la prestación de los servicios educativos.

También es de destacarse que la iniciativa retoma la aplicación y actualización de un modelo de gestión educativa regional para la mejora continua de la excelencia, la equidad y la eficiencia en el nivel de la educación básica.

Este modelo —que dicho sea con justicia fue propuesto por el exsecretario estatal de Educación Dr. Raúl Godoy Montañez— se sustenta en la regionalización del servicio educativo y en los Centros de Desarrollo Educativo ubicados estratégicamente en regiones del estado (Artículos 47 y 48).

Finalmente, la incorporación de los trabajadores sociales en los planteles educativos es otro aspecto innovador de la nueva Ley propuesta; entre las obligaciones que se les asigna está la de atender a los educandos que se encuentren en riesgo de formar parte de problemas de índole social, emocional, psicológico, académico o de acoso social, o bien atender a que aquéllos ya estén inmersos en este problema (Artículo 32).

Dada la importancia que el nuevo ordenamiento educativo reviste para el desarrollo de nuestra entidad, es deseable que el Congreso estatal amplíe la consulta a la sociedad para enriquecer la propuesta con las diversas voces que seguramente querrán expresar sus opiniones sobre este trascendental asunto. Veremos.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.

 

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