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Le llegó la hora al sistema outsourcing

Filiberto Pinelo Sansores
Editorial de Filiberto Pinelo Sansores

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Una demostración de que el gobierno de AMLO opera en el sentido de los intereses de las mayorías —en lugar de como lo hacían los gobiernos del PRIAN, en favor de escasas minorías— es el envío al Congreso de la Unión, el 12 de este mes, de una iniciativa de ley para regular la práctica conocida como outsourcing, que permite a empresas contratar a sus trabajadores por medio de otras que simulan ser los patrones.

Esta manera de contratar empleados, introducida en la legislación laboral mexicana en el gobierno de Felipe Calderón, tiene como fin que los verdaderos patrones eludan sus obligaciones como tales. La consecuencia es que a los contratados le son anulados sus derechos más elementales: como el de la contratación colectiva, el pago de utilidades, aguinaldos y otras prestaciones, el de antigüedad en el trabajo y, por supuesto, el de tener sindicato que los defienda.

Esto no afecta sólo a los trabajadores; también al fisco, porque permite a quienes esto hacen evadir impuestos y defraudar al IMSS, porque les permite registrar a sus empleados con sueldos inferiores a los que corresponden, lo cual origina que terminen con pensiones menores al final de sus vidas laborales.

No son pocos quienes padecen esta forma de contratación. Según datos oficiales, hay cerca de cuatro millones 600 mil trabajadores en ese esquema; sin embargo, la Secretaría del Trabajo dice que como no se tienen registros claros al respecto, es muy probable que esa cifra sea aún mayor.

Son, entonces, millones de trabajadores los que están en esta situación de vulnerabilidad en relación con sus derechos constitucionales gracias a que leyes creadas por los gobiernos surgidos de la alianza PRI-PAN, que dio origen al neoliberalismo en México, le dieron la vuelta a la Carta Magna y crearon mecanismos de depredación laboral que la burlan.

Ejemplo de las varias formas como el mecanismo opera es que sin haber crisis económica —como podría ser el pretexto, hoy, de la pandemia—, cientos de miles de trabadores son despedidos cada año en diciembre y recontratados al siguiente, en enero o febrero. Con esto les escatiman el pago de aguinaldos y coartan su derecho de antigüedad para el momento del retiro.

Cifras del Seguro Social revelan que en diciembre de 2018 fueron dados de baja de éste y vueltos a contratar en enero del siguiente año 378 mil 560 trabajadores. En diciembre de 2019 la cifra de despedidos y vueltos a contratar en enero de 2020 fue de 382 mil 210.

Esta cantidad de personas —por lo menos— están viendo violados sus derechos más elementales como si se viviera todavía en el porfiriato y no en un país que hizo una revolución y que se precia de su justicia social.

Es evidente que no todas las empresas realizan esta práctica. Quienes lo hacen son las más grandes del país, las que más ganancias y más trabajadores tienen. En su intervención en el acto de anuncio del envío de la iniciativa al Congreso, la secretaria del Trabajo dijo lo siguiente:

“Vamos a poner un ejemplo para que podamos ver cuál es el esquema. Acudimos a un hotel que está en Cancún; ahí encontramos 802 trabajadores; de ellos, únicamente dos eran o estaban reconocidos como trabajadores del hotel, operaban 14 empresas subcontratistas pagadoras, en las cuales se distribuían el resto, los 800 trabajadores restantes.

“De esos 800 trabajadores, 40 no estaban registrados en el Seguro Social; 762 estaban registrados con falsos salarios mínimos; ninguno de los trabajadores conocía ni reconocía a las empresas que les pagaban y todos estaban obligados a contratar cada tres meses con distintas empresas subcontratistas o empresas pagadoras”.

El sistema bancario es otro de los ámbitos donde el esquema ha adquirido carta de naturalización con mayor facilidad. Un ejemplo es que en 2005 el informe anual de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó que, por ejemplo, en el caso de Bancomer, ese año, el 58 por ciento de su personal era de confianza, el 42 estaba sindicalizado y todos estaban en la nómina de la institución; 15 años después, el 100 por ciento (salvo el director general) labora vía outsourcing.

En 2007 unos cuantos empleados fueron traspasados al nuevo mecanismo; en 2008 se reforzó la tendencia. Actualmente, el 100 por ciento del personal (salvo el director general) es subcontratado.

Eso sí, mientras en el periodo 2006-2007, Bancomer obtuvo utilidades netas por alrededor de 37 mil millones de pesos; en 2018 sus ganancias superaron los 53 mil millones. Pero por concepto de reparto de utilidades, los trabajadores no recibieron un centavo (México S.A., “La Jornada”, 16-11-20).

Desde hace años ha sido documentada esta farsa hasta por instituciones del sector privado. En 2018, un directivo de ManPowerGroup, importante empresa de capital humano que opera en México, hizo saber que 96 por ciento de las 900 compañías dedicadas al manejo de los recursos humanos para terceros, es decir, al outsourcing, no pagan impuestos ni cumplen con sus obligaciones laborales.

Cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) citadas en la iniciativa del senador Gómez Urrutia presentada en su Cámara, en diciembre pasado, sobre el tema, muestran que las operaciones de subcontratación producen un quebranto anual al erario de 500 mil millones de pesos, pues facilitan emitir facturas falsas, independientemente de que lo que se deja de aportar al IMSS y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se trata entonces de un verdadero atraco a la nación.

Los organismos patronales han reconocido que existen empresas que practican este vicio, pero nada han hecho por evitar que quienes lo realizan dejen de hacerlo. Por el contrario, han manifestado su descontento con el envío de la iniciativa. Amenazan con el petate del muerto diciendo que se van a perder millones de empleos si se elimina el outsourcing; pero no se va a eliminar, se va a regular, para evitar sus abusos, que es diferente.

Se está proponiendo modificar varios artículos de la Ley federal del Trabajo para precisar a quién se considera intermediario y a quién patrón y se establece que la obligación contractual con el trabajador es del segundo y que la función de las empresas de intermediación son de reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras, pero no de sustitución del patrón.

No es concebible que un acto indiscutible de justicia suscite la amenaza de quienes se benefician con el esfuerzo mal pagado de millones de trabajadores.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

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