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Ley por la vida

Mario Maldonado

Esperanza para los niños que deben nacer

Mario Maldonado Espinosa (*)

Martha se sentía confundida, sola y desesperada. Conoció a José tiempo atrás, aparentemente se querían, pero de repente las cosas cambiaron en su vida.

Ella se embarazó. Lo primero que pensaron era abortar, pues si sus padres se enteraban, las cosas iban a ser peores. Ellos no tenían ningún tipo de ayuda, mucho menos contaban con recursos para tener un bebé a corta edad.

Ante esa situación, lo primero que decidieron es acudir a una clínica que realizaba abortos. Sin embargo, algo pasó por la mente de Martha que hizo desistir de esa idea ya estando en la puerta del consultorio. Dio marcha atrás y decidió hacer frente a esa realidad.

Con el paso de los días su compañero José la abandonó también, por lo que tenía que hacer frente sola con su embarazo, porque estaba decidida tener a su hijo.

Por fortuna, se encontró con una asociación civil que le proporcionó todo tipo de ayuda, psicológica, legal, y desde luego médica; la ayudaron en el proceso del embarazo hasta que finalmente tuvo a su hijo.

Hoy Martha está muy feliz viendo a su hijo crecer, la asociación incluso le ayudó para concluir sus estudios, la capacitaron y encontró un trabajo.

Si las asociaciones civiles hacen esto de manera altruista, con mucho más razón el Estado debe de garantizar en primera instancia que tanto la madre, como el producto, desde el momento de la concepción, tengan los nutrimentos necesarios para el desarrollo del feto, y que al momento del parto se cuente con los materiales indispensables para ello.

Las leyes sirven para proteger a la persona humana y sus derechos; eso debe incluir la protección a la maternidad desde el embarazo y la protección a la infancia temprana, es decir, desde la gestación hasta los ocho años de edad. De allí la importancia de contar con instrumentos legales que ayuden a madres como Martha.

Corresponde al Estado la protección de las embarazadas, las madres en período de lactancia, así como para los hijos que van a nacer. Su situación requiere de una protección que les garantice sobrellevar estas etapas con ayuda de salud, psicológica, familiar y laboral.

La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y atenciones especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o de fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección.

En días recientes el Congreso del Estado aprobó la Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana de Yucatán, que tiene por objeto garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres embarazadas, resguardar su salud y la vida de sus hijos desde el momento de la concepción hasta la infancia temprana, respetando los derechos humanos de las mujeres.

Esa ley local señala que el Estado tiene la obligación de brindar protección a la maternidad desde la fecundación y en todas sus etapas, a través de los hospitales públicos a cargo del Estado.

Se creará un Programa Integral de Apoyo a las Mujeres Embarazada. Se buscará la participación de las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, grupos empresariales y agencias de cooperación para la ejecución de proyectos en la protección de la mujer embarazada con una perspectiva de derechos humanos.

Con esta norma, las mujeres embarazadas no sufrirán discriminación de ninguna persona o institución bajo ningún concepto, porque estará prohibido ejercer violencia física o moral.

Qué bueno que existen leyes en el Estado que protegen la vida de las mujeres embarazadas y los niños que están por nacer.

Las mujeres embarazadas como Martha nunca más se deben sentir solas, mucho menos cuando son portadoras de una nueva vida que está dentro de ellas.— Mérida, Yucatán.

mariomaldonadoe@gmail.com

@mariomaldonadoe

Asesor jurídico

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