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Los atracos al erario

Empresas fantasmas y facturas falsas

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Está en la Cámara de Senadores una propuesta para combatir el delito de crear empresas fantasmas y expedir facturas falsas, mediante el endureciendo de las sanciones que les corresponden. Éste es un delito recurrente que implica la pérdida de miles de millones de pesos al fisco, en perjuicio de la sociedad porque es ésta la que deja de beneficiarse de las obras y servicios que se harían con el dinero que se deja de pagar.

El pretexto de los defraudadores es que los gobernantes se lo roban y puede que tengan razón en lo que toca a los anteriores gobiernos federales cuyas características conocemos, pero no está probado que sea así con el actual.

La propuesta, que ya ha sido dictaminada en comisiones, fue hecha por Morena y sus aliados y establece que ese ilícito sea considerado delincuencia organizada, y tengan prisión preventiva oficiosa quienes incurran en él.

El llamado bloque opositor, integrado por quienes antaño simularon ser irreconciliables enemigos, PRI, PAN y anexos, se opone a ello. Hacen gala del doble discurso: dicen estar en contra de la corrupción, pero, a la vez, ponen obstáculos a su combate. No están dispuestos a romper los pactos de impunidad que establecieron cuando fueron gobierno y quieren que continúen delitos como éstos, cometidos por delincuentes de cuello blanco, entre los que están políticos de sus partidos.

Quienes se benefician de esta forma de defraudar al fisco no son sólo personas o empresas privadas, sino servidores públicos de diferentes órdenes de gobierno que la usan para enriquecerse a costillas del erario.

Recordemos que en nuestro estado están pendientes resultados de investigaciones sobre creación de empresas fantasmas y expedición de facturas falsas, que configuran este tipo de delitos, presuntamente cometidos desde el gobierno estatal, cuando lo presidió Rolando Zapata Bello, del PRI, y desde el municipal, durante el primer ejercicio de Renán Barrera, y luego el que le siguió, de Mauricio Vila, ambos del PAN.

Han pasado largos meses y no se oye una sola palabra de las autoridades encargadas de perseguirlos acerca de cómo han avanzado en sus investigaciones. Al parecer están aplicando la máxima de “tapaos los unos a los otros” en una demostración palpable del, ese sí, abierto pacto de impunidad acordado entre los supuestos antiguos rivales: PRI y PAN.

Esto se está reflejando en el Congreso de la Unión, particularmente, en la Cámara de Senadores, donde los aliados del régimen en liquidación están poniendo trabas a la aprobación de una ley que serviría para combatir un delito contra el que, hipócritamente, se manifiestan pero a favor del cual trabajan, porque ven en su no sanción la posibilidad de seguir enriqueciéndose como, hasta ahora han hecho, robándose dinero del pueblo.

Se oponen porque “consideran muy grave que a todos los contribuyentes se les considere como delincuentes y se pongan en marcha disposiciones que atenten contra los derechos humanos”.

Como se observa, en ningún momento se dice que se considerará a “todos los contribuyentes como delincuentes”, se habla sólo de una ínfima parte de ellos: los que crean empresas fantasmas o los que venden o compran facturas falsas —como sus amigos de Yucatán—, el objeto de la ley.

¿Cuál es, entonces, el motivo real de que se opongan? Que quieren que continúe el sistema legal de saqueo creado por ellos para que nunca termine el régimen de corrupción del que se beneficiaron.

“Las penas para quien por sí o por interpósita persona expida, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, será de cinco a ocho años de prisión. Las mismas sanciones al que publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de esas facturas falsas, y cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargos públicos”, dice la propuesta (“La Jornada”, 08-09-19).

El dictamen aprobado contiene modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, el Código Fiscal de la Federación, Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fueron hechas tomando en cuenta opiniones de autoridades en la materia, del Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación Nacional de Bancos.

No obstante, las expresiones de los voceros de las bancadas del PRIAN y sus colas (PRD y MC) han sido de antología, al calificar la medida como “terrorismo fiscal”.

Este delito representa según el Sistema de Administración Tributaria (SAT) el 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto del país que fue, aproximadamente, de 20 billones de pesos en 2018.

Esto quiere decir que los delincuentes de cuello blanco que lo practican se llevan a la bolsa algo así como 560 mil millones de pesos al año. En diciembre de 2015 el SAT publicó una lista de 1,031 contribuyentes que realizaron operaciones inexistentes, valuadas en 442 mil 954 millones de pesos y estaban vinculadas con 63 mil sociedades mercantiles.

Permitir que el ilícito continúe es como aceptar que hizo mal el gobierno mexicano al terminar con el robo de combustibles, que era, también, otra fuente de saqueo.

¿Qué queremos los mexicanos, que los delincuentes, tanto privados como en el gobierno, nos sigan saqueando —como, en el pasado, bajo el paraguas de las mafias gobernantes— o reivindicar el derecho que tenemos a que se termine la corrupción e impere un verdadero estado de derecho? La respuesta es obvia.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

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