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Los ganones de ahora

El programa Yucatán Seguro

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Los 2,620 millones de pesos de Yucatán Seguro se han sumado a los 1,500 millones de pesos de Escudo Yucatán para el mismo objeto.

Después de que con el proyecto anterior se auguró que estaría garantizada la seguridad del Estado, resulta que no, que hace falta otro programita millonario para lograr el objetivo. Se trata, eso sí, de buenos negocios, en primer lugar para quienes venden los paquetes y, en segundo, ¿por qué no?, para quienes los compran.

¿Por qué? Porque no consta a la sociedad que los grupos que gobiernan el Estado hayan abdicado de viejas costumbres, como la de exigir “moches”, o usar empresas fantasmas, en operaciones muy cuestionadas que jamás se han aclarado.

Aprobado en el Congreso estatal el proyecto, ahora lo único que queda, a quienes se interesan en los asuntos públicos y a los organismos que se preocupan seriamente por sanear de corrupción el funcionamiento de los aparatos del Estado, es exigir a quienes intervendrán en las operaciones respectivas, tanto de uno como del otro lado de la mesa, que rindan cuentas pormenorizadas de las compras de los componentes electrónicos, digitales y de otra índole que integran el sistema contenido en el programa, con el fin de que la sociedad sepa cómo se invierte cada peso de su dinero.

La necesidad no es gratuita. Surge de antecedentes de operaciones de este tipo que, en un pasado aún reciente, usaron autoridades yucatecas, de uno y otro signo, para desviar recursos. Recuérdese que los titulares anteriores del Ejecutivo del Estado y del Ayuntamiento de Mérida, es decir, Zapata Bello y Vila Dosal —y también el actual alcalde meridano, Renán Barrera— fueron acusados, con pruebas fehacientes, de haber hecho compras o contratado servicios, reales o ficticios, a través de empresas fantasmas, mediante las que distrajeron cuantiosas sumas del erario, y que, autoridades a las que se llama competentes, hasta hoy, no rinden cuentas del resultado de investigaciones que, al respecto, tienen la obligación de hacer.

Se está a la espera de ese resultado que, pese al tiempo transcurrido, no llega, porque permitiría saber si, como juran los involucrados, son inocentes o deben ser sancionados al llegarse a la conclusión de que, en efecto, los hechos ocurrieron.

Solo para refrescar la memoria citaremos un fragmento de la investigación de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, que desnudó la trama de actos simulados para lavar dinero en que incurrieron los servidores públicos que se mencionan antes:

“Como gigantesco pulpo, varias empresas creadas durante el sexenio anterior no únicamente acapararon millonarios contratos del gobierno de Rolando Zapata Bello sino que extendieron sus tentáculos a los municipios yucatecos… Sobresale el caso del Ayuntamiento de Mérida, que en una parte de los trienios 2012-2015 y 2015-2018 —con autoridades panistas— recibió y pagó facturas de por lo menos cinco negocios que forman parte de la red, que comenzó a operar principalmente en 2013” (D. de Yuc., 9-1-19).

Entonces, en estas condiciones, ¿cómo puede esperar el gobernador Mauricio Vila que la sociedad no cuestione una operación, la de Yucatán Seguro, que puede servir para acrecentar fortunas personales, aunque quienes intervengan en ella juren que actuarán con limpieza? La sociedad tiene derecho, después del tiempo transcurrido sin resultados en las investigaciones sobre las empresas fantasmas, a dudar de la transparencia con que se harán las adquisiciones que están en puerta. Nada garantiza que no se esté cocinando un gran negocio que sirva solo para redondear el acumulamiento de riqueza en manos de aquellos pocos que tienen el privilegio de mandar.

Se hubiera necesitado, primero, que los diputados del Congreso local condicionaran su voto a la aclaración de dichas cuentas pendientes y, segundo, que el Ejecutivo o las autoridades pertinentes las aclararan para proceder como lo hicieron. Sin embargo, esto no sucedió y, sumisos, como maiceados, ahora sí que no se dividieron y casi unánimemente procedieron como el gran jefe les pedía, sin importarles que estuvieran endrogando más al Estado, con un préstamo de tamaña envergadura. Para eso sí no pidieron voto secreto.

Pero hay otro aspecto en este tema digno de considerar. Se ha vuelto costumbre en nuestro Estado que sus gobiernos comprometan vastos recursos en obras o proyectos que implican la transferencia de los compromisos de devolución de los préstamos que entrañan a administraciones posteriores. En este siglo, esto ha ocurrido desde que el gobierno de Ivonne Ortega impúdicamente inició la moda. Todavía se deben más de 4,000 millones de pesos por el costo de esa especie de elefante blanco que es el Museo del Mundo Maya; Zapata Bello agregó a esta suma 2,078 millones por el programa Escuelas al Cien, que supuso que la Federación le adelantara esa cantidad descontándosela, con sus respectivos intereses, a administraciones futuras hasta el 2029, y los 1,500 millones de pesos de Escudo Yucatán.

Ahora el gobierno de Vila ha contraído una deuda que con todo e intereses ascenderá a la descomunal suma de 5,765 millones de pesos que, al sumarse a las que dejaron Ivonne Ortega y Zapata, indudablemente, erosionarán las finanzas de administraciones futuras que, probablemente, tendrán que hacer lo mismo que estos desaprensivos gobernantes, a los que solo importan los negocios a costa del erario o su efímero lucimiento personal, en una actitud egoísta de que el que “venga atrás que arree”. Esto es algo completamente opuesto a la política en la materia que se está aplicando en el país.

Mientras el presidente de la República está cuidando los recursos de todos como a la niña de sus ojos y evitando aumentar la deuda pública procurando hacer más con poco, el gobernante yucateco, que gusta tomarse fotos con los funcionarios federales —en primer lugar, con el propio López Obrador— tal vez para hacerles creer que está poniendo en práctica formas de gobernar austeras, hace lo contrario: aumenta el gasto desmesuradamente, dispara la deuda pública y la hereda para que otros la paguen. Qué bien.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

 

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