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Mario Maldonado Espinosa: Bienestar animal

Mario Maldonado

Protección a la fauna en Yucatán

Mario Maldonado Espinosa (*)

Desde hace más de diez años Yucatán cuenta con la Ley de Protección a la Fauna. Fue publicada en el Diario Oficial del Estado el 19 de abril de 2011 y ha tenido diversas reformas.

Las últimas modificaciones a esta ley que realizó el Congreso del Estado fueron publicadas en el periódico oficial el pasado 5 de julio, que tienen que ver con el maltrato y tráfico ilegal de animales.

En las redes sociales vemos con impotencia que personas sin escrúpulos siguen cometiendo actos de maltrato animal y el tráfico de animales en peligro de extinción. Ahora la ley de protección a los animales del Estado y el Código Penal ya contemplan estos conceptos y castigan con cárcel y con multas de más de un millón de pesos a quien cometa estos vergonzosos actos.

En la norma se establece que es necesario fomentar la participación entre los diversos sectores públicos, privados y sociales basada en una cultura encaminada a la protección, respeto, trato digno y humanitario para los animales domésticos y hacia toda la fauna del estado.

Los animales son seres vivos que sienten, es decir, experimentan distintas sensaciones físicas y emocionales, por lo que se les reconoce como objeto de tutela en dicha ley, estableciendo sobre las personas físicas o morales la obligación de procurar su protección, respeto y bienestar.

Siempre hay que buscar el bienestar de los animales, entendiéndose este como la satisfacción de las necesidades físicas, emocionales, instintivas y de entorno de un animal, que le permiten el sano desarrollo físico, comportamiento natural, así como el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar protección, tranquilidad, dignidad y seguridad a los animales durante su inicio, crecimiento, desarrollo, explotación, transporte y sacrificio.

Ahora bien, el maltrato animal es el comportamiento irracional de una persona hacia un animal con el objetivo de causarle sufrimiento, estrés o, incluso, puede llevarlo a la muerte. Así como también es violencia hacia los animales la omisión en la atención de sus necesidades fisiológicas o de resguardo requeridas en razón de su especie, someterlos a carga excesiva de trabajo, y cualquier otra conducta que ocasione lesiones, enfermedades, deterioro a la salud, afectaciones psicológicas y afectivas, o que ponga en peligro su vida.

En ese sentido, el Ejecutivo del Estado debe planear, conducir, implementar y evaluar la política estatal en materia de bienestar y protección animal, promover la participación de la sociedad en torno al bienestar y protección animal, con el objetivo de difundir la cultura de protección, respeto, y trato digno para ellos.

De hecho, el actual gobernador ha sido un constante impulsor de este tipo de leyes y políticas públicas en Yucatán. Esta obligación también la tienen los ayuntamientos del estado.

Deben crearse y operar brigadas de vigilancia en torno al bienestar animal, para su rescate en situación de riesgo o vulnerabilidad, a fin de canalizarlos a refugios, hogares temporales o cualquier otro lugar destinado para su resguardo.

Se debe impedir y consignar a la autoridad competente a la persona o a quien se encuentre vendiendo animales o aves silvestres, canoras o de ornato, considerados como exóticos, en veda, amenazados, endémicos, protegidos o en vías de extinción en la vía pública o a través de una página electrónica. Con esta reforma no deben promocionarse y llevarse a cabo peleas de perros.

Un acto de maltrato y crueldad al animal es lastimar, torturar, maltratar o abandonar en la vía pública a uno de ellos, es realizar actos de zoofilia con cualquier especie animal, es no brindar la atención veterinaria cuando lo requieran o determinen las condiciones para el bienestar animal o dejarlos en estado de abandono o incluso matarlos. Igual es mantenerlos sin espacios suficientes para su movilidad, permanentemente atados, o a la intemperie.

Con la reforma al Código Penal la autoridad podrá decretar el aseguramiento temporal del animal doméstico maltratado, así como de todos aquellos que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo el sujeto activo del delito.

El castigo es una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cien a doscientas unidades de medida y actualización, es decir, más de un millón de pesos, entre otras penas, según sea el caso del maltrato o del tráfico de animales.

¡Por un Yucatán que respete y ame a los animales vamos todos!— Mérida, Yucatán

mariomaldonadoe@gmail.com

Especialista en Derecho Parlamentario y en Técnica Legislativa

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