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No más abuso y acoso

¿Yucatán seguro y tranquilo?

FREDDY ESPADAS SOSA (*)

Durante las últimas administraciones estatales se ha estado vendiendo la idea de que en Yucatán “no pasa nada”, que los índices de seguridad son muy elevados en relación con el resto del país y que, por tanto, es el lugar más tranquilo para vivir.

Adicionalmente, esta imagen se ha visto fortalecida cuando diversas instancias calificadoras de tipo comercial señalaron en su momento que el exgobernador Rolando Zapata Bello era el mejor evaluado del país, calificación de la que también ha disfrutado el actual jefe del Ejecutivo estatal, Mauricio Vila Dosal.

Con el paso del tiempo la realidad que vive nuestra entidad y el afortunado activismo de varios organismos de la sociedad civil han venido demostrando que aquella imagen idílica es poco menos que una falacia mitificada, convenientemente manejada por los grupos gobernantes en turno.

A raíz de los graves acontecimientos que se han dado en Yucatán en los últimos meses y días, a los que nos referiremos enseguida, más nos vale como sociedad y como gobierno atenderlos con prontitud y eficacia, so pena de que se siga deteriorando el tejido social y se ponga en serio peligro nuestra convivencia comunitaria.

Pues bien, en los temas lacerantes referidos a la violencia doméstica, los feminicidios y los abusos sexuales contra menores, la activista social Adelaida Salas Salazar, coordinadora de “Ni Una Más, A.C.”, ha señalado que diversas organizaciones defensoras de las mujeres solicitarán de nuevo la emisión de la alerta por violencia de género para Yucatán, sobre todo ante los recientes asesinatos de mujeres cometidos en Umán y Celestún en mayo pasado.

La maestra Salas Salazar abunda sobre la crítica situación que estamos viviendo, al señalar con énfasis que “aquí en el estado tenemos el tipo de violencia que pasa en casa, el que no se denuncia, el que no se ve y está callado, esas violaciones a las niñas pequeñas, los abusos sexuales que los diputados aún no legislan para que sea un delito grave” (D. Y., 5 de junio, Local, P. 7).

Sobre este mismo problema, es triste señalar que, desafortunadamente, la Uady se ha colocado en el ojo del huracán al denunciarse recientemente varios casos de acoso sexual a las alumnas de diversos planteles por algunos de sus profesores.

Si bien la Uady presentó el 4 de junio pasado una propuesta llamada “Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento y Acoso Sexual” para aplicarse en la propia institución, nuevos casos de acoso sexual cometidos en la Preparatoria número 1 motivaron una marcha de protesta en la que participaron decenas de estudiantes para exigir que se detengan y castiguen estas prácticas deleznables que violentan flagrantemente la dignidad y los derechos de las alumnas.

Este columnista saluda y felicita al gremio estudiantil por tener el valor civil de apostarse en las calles para hacer esta denuncia pública, ya que ante estos hechos ominosos es indispensable salir de la indiferencia y actuar de manera colectiva y solidaria en defensa de la integridad de sus compañeras en las escuelas.

Las autoridades de la Uady, la Codhey y la sociedad en su conjunto no deben soslayar la gravedad de los sucesos que aquí comentamos.

La dirigente de la campaña “Uady sin acoso” Rosa Elena Cruz Pech informó en la citada marcha que ya habían recibido doce denuncias de acoso y hostigamiento provenientes de las Facultades de Ingeniería y Economía, así como de los Campus de Ciencias Sociales y Ciencias Biológicas y Agropecuarias, a las que se sumaron otras cuatro denuncias presentadas por alumnas de la Preparatoria 1, quienes fueron acosadas por el mismo profesor de Tecnologías de la Información (D.Y., 11 de junio, Local, P. 11).

Ante estos actos reprobables, es de exigirse que las autoridades e instancias respectivas actúen sin dilación, aplicando los instrumentos administrativos y legales disponibles, como es el caso de la emisión de la alerta por violencia de género prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En cuanto a la Uady, consideramos que su responsabilidad ética y política es mayúscula, toda vez que se trata de una importante institución donde se forman los cuadros profesionales que habrán de incorporarse a las diferentes esferas de la sociedad, y máxime si en ella se enseñan los más altos principios y valores, entre los que destaca la promoción y la defensa de los derechos humanos.

Por tales razones, resultaría inadmisible que sus directivos se orienten por encubrir estos hechos en aras de proteger el “prestigio institucional”, o bien que las denuncias se “pierdan” en la tramitología burocrática del Protocolo propuesto, ya que esto sólo alimentaría la impunidad que todos estamos obligados a combatir. Veremos.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Profesor-investigador titular “C” de T.C. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31-A, de Mérida, Yucatán

 

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