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Otra gran deuda estatal

feminicida de tahdziú

Yucatán Seguro

Ernesto Jesús Mena Acevedo (*)

El pasado lunes 15 se efectuó la última sesión del tercer periodo ordinario de su primer año de ejercicio constitucional del Congreso del Estado. En esta sesión se aprobaron dos decisiones que ponen en entredicho la honorabilidad de la que debe gozar el Poder Legislativo.

La primera es la relativa a realizar una votación secreta sobre una reforma a la Constitución, sin ningún sustento legal, pues tanto la Ley de Gobierno del Poder Legislativo como su reglamento no contienen ninguna disposición expresa ni tácita que permita ese tipo de votación para el caso de un dictamen o decreto, ni que faculte al presidente de la Mesa Directiva para escoger la forma de votación del pleno.

La segunda, más grave aún, por estar de por medio el erario, es la correspondiente a la autorización al Ejecutivo estatal para contratar un empréstito de hasta 2,600 millones de pesos, pagadero en un plazo de 20 años y estableciendo a las participaciones federales como garantía.

La aprobación de la autorización del crédito, presentado bajo el falaz argumento de inversión productiva en tecnología en materia de seguridad pública, representa un atentado a las finanzas de la entidad, pues es la tercera administración estatal que de forma consecutiva adquiere un cuantioso crédito que compromete a los tres gobiernos siguientes; pero además se trata del crédito más oneroso contratado en los últimos 23 años.

La próxima contratación del préstamo aludido se da en un contexto de incongruencia política, debido a que el actual secretario de Seguridad Pública del Estado es el mismo que fungió en el cargo en el gobierno de Ivonne Ortega y que en ese entonces fue severa y reiteradamente criticado por el hoy partido en el gobierno estatal.

Más aún. El comandante Saidén Ojeda fue señalado como el principal responsable, por omisión, de la golpiza suscitada el 4 de julio de 2011 en la Prolongación de Paseo Montejo, en la que resultaron afectados varias y varios ciudadanos, entre ellos el actual alcalde de Mérida.

Por cierto, ese bochornoso y reprobable incidente sigue hoy impune, entre otros motivos, porque resultó que las cámaras de vigilancia instaladas en ese lugar de la ciudad, “casualmente”, no funcionaron ese día.

Lo cierto es que en el actual gobierno continuará el segundo capítulo de “Escudo Yucatán”, ahora bajo el nombre de “Yucatán Seguro” y con un monto superior en más de mil millones a aquél, no obstante que la inseguridad no es el principal problema de la entidad; es el tercer préstamo que se hace en un lapso de siete años y justificados los tres bajo el tema de la seguridad.

En enero de 2013 se autorizó un empréstito de hasta 317 millones 268 mil 611 pesos que se destinaría a la compra de cámaras de vigilancia y 26 arcos carreteros de seguridad; luego en abril de 2016 se autorizó un préstamo de hasta 1,500 millones de pesos, para Escudo Yucatán, que se utilizaría para la adquisición de equipamiento tecnológico, cámaras, arcos de vigilancia y fibra óptica; y ahora el recién autorizado crédito de Yucatán Seguro de hasta 2 mil 620 millones de pesos, también se justifica con el argumento de que se empleará para comprar cámaras, arcos de vigilancia, fibra óptica, drones y un avión.

Este asunto no se trata de si se está a favor de la seguridad o no. El meollo se encuentra en el medio por el que se opta para el programa antes citado, esto es, recurriendo a un megapréstamo, cuando bien pudieron evaluarse otras alternativas y escoger la que afectará menos a la ciudadanía.

Existen al menos tres opciones que el gobierno del Estado pudo aplicar:

Primera. Aplicar un programa integral de austeridad en su gobierno y no reducir las medidas de austeridad a acciones meramente mediáticas y aisladas. Este programa de austeridad de fondo permitiría la liberación de cuantiosos recursos que se pudieran destinar al fin en cuestión. Y si a través de un gesto de asentimiento del gobernador, su partido apoyará la iniciativa de ley de austeridad que está congelada en el órgano legislativo local, esta política de austeridad se extendería a los otros dos poderes y a los organismos autónomos, y por ende, los ahorros serían mucho mayores.

El mejor ejemplo lo tenemos en el gobierno federal, en el que se aplica una verdadera política de austeridad y esto ha dado como resultado que se estén efectuando diversos programas sociales de carácter universal y que ya se hayan puesto en marcha obras trascendentes y de gran envergadura como son las cien universidades, el “Tren Maya” y la “refinería en Dos Bocas”, entre otras, y todo esto, sin necesidad de pedir prestado ni un solo peso, ni de subir impuestos.

Segunda. Organizar una simbiosis entre capital público obtenido de la forma antes mencionada y el capital privado. Es claro que el sector empresarial juega un papel muy importante en la economía de cualquier ciudad, entidad o región y que también es de los sectores más lastimados cuando se produce un incremento de la inseguridad. Por tanto, además de que existe conciencia social en una fracción mayoritaria del círculo empresarial, éste comparte el interés en la seguridad.

Tercera. Protagonizar y liderar una sinergia de los dueños del gran capital privado para formar un fondo que financie la estrategia de seguridad. En esto ya existe un precedente y fue también instaurado por el hoy Presidente de la República cuando fue Jefe de Gobierno del entonces D.F. En esa ocasión se diseñó y ejecutó una estrategia con asesoría externa bajo el título de “cero tolerancia” que costó 4.5 millones de dólares, financiada por la iniciativa privada.

Dicha estrategia produjo una disminución significativa de la delincuencia, de acuerdo a diversas mediciones.

Desafortunadamente se volvió a seleccionar por lo más fácil y a la vez, lo más costoso, por un empréstito. Y lo peor, es que este tema álgido pasó casi inadvertido al estar encubierto con una táctica al viejo estilo de los gobiernos priistas. Bajo el distractor del rechazo al matrimonio igualitario y el posible maiceo a algunos medios de comunicación que relegaron la noticia como de carácter secundario.— Mérida, Yucatán.

ernesto_mena1@yahoo.com.mx

Docente universitario. Maestro en Economía y Administración Pública

 

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