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Participación total

La profesora Blanca Estrada Mora

 

Aquí estamos

Blanca Estrada Mora (*)

Iniciamos un nuevo año en medio de un entorno público conformado por realidades añejas: desigualdad, polarización política, dicotomías partidistas, impunidad, corrupción, insensibilidad social, violencia en sus diferentes tipos y ámbitos, extendidas redes de complicidades, intereses económicos muy por encima de las necesidades sociales y, lamentablemente, con una ciudadanía proclive al silencio, como una forma de abdicar al ejercicio de los derechos que le corresponden.

En Yucatán, iniciamos este año 2019 con relevos en la administración pública en los tres órdenes de gobierno, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, y en las Presidencias del Poder Judicial tanto federal como estatal. Pero con la misma ciudadanía.

Por ello resulta interesante y apropiado reflexionar sobre un tema generalmente inusual: tener mínimo una idea sobre si en los propósitos de Año Nuevo los ciudadanos incluimos el de hacer ejercitables todos nuestros derechos para incidir en los asuntos públicos de nuestra entidad, que al final de cuentas atañen a toda la población.

Cuando los individuos se concentran únicamente en la búsqueda de satisfacción a sus necesidades inmediatas o a la consecución de proyectos de corto plazo, el desinterés por las cuestiones públicas da como resultado la prevalencia del statu quo establecido, de las mismas prácticas dañinas y el uso de las mismas herramientas para mantener la desinformación, el gatopardismo y el control político-social de la población.

Lo trascendente es cuestionar hacia dónde se va con un sistema representativo tergiversado y degradado, cuyos representados se quejan mucho en sus medios de socialización inmediatos, pero que pocas veces realizan acciones contundentes para cambiar sus realidades, esperando que quienes detentan el poder hagan todo por ellos, sin entender que esa conducta es la que otorga un cheque en blanco para el mantenimiento de un paternalismo corrupto e ineficiente.

Los resultados de una gran diversidad de estudios e investigaciones arrojan que entre los principales enemigos internos de la democracia en el Estado contemporáneo se encuentran la impunidad, la corrupción, la ineficacia, la parcialidad de los aparatos del poder y la sumisión de los representados.

Ante la conformación de una partidocracia que se ha adueñado de todos los canales del ejercicio del poder público, Petra Armenta Ramírez, como directora de la revista “Conciencia Política”, escribió en una de sus publicaciones lo siguiente: “La lista de las deformaciones en las conductas de los partidos es larga: manipulación del electorado, formación y consolidación de élites dominantes por el reparto de candidaturas o por la adjudicación de cargos directivos, formación y consolidación de burocracias que viven de los recursos financieros del partido, negociación entre dirigentes partidistas para repartir el poder de una manera distinta y a veces hasta opuesta a la decisión popular, modificación de las tesis doctrinarias según el talante del líder o los imperativos de la función gobernante, y si se trata de un partido en el gobierno, ocultamiento de las fuentes de financiamiento”.

Ese esquema partidocrático consolidado en nuestro país durante lo que va de este tercer milenio, presumiendo las alternancias y las negociaciones como piedra angular de la democracia moderna, ha logrado imponer un nivel de paralelismos para el ejercicio del poder público en el que sus integrantes marchan por vías que van en el mismo sentido pero que no se tocan, sino que por el contrario hasta se protegen, con la seguridad que les brinda la certeza de que los únicos pesos en la balanza son ellos y los intereses económicos de los que también forman parte. No se les contraponen contrapesos reales.

Para la generación de esos contrapesos, lo que se necesita son ciudadanos dispuestos a informarse y un gobierno que se vea obligado a informarlos; se requiere con urgencia de ciudadanos participativos que destinen una parte de su tiempo a los asuntos públicos y que se decidan de una vez por todas a asumir su papel de mandantes.

Nadie debe pretender erigirse en la voz representante de toda la sociedad y ningún gobernante debe investir a unos pocos que coincidan con sus intereses u objetivos con esa improcedente representación. Los derechos sociales y ciudadanos corresponden a todos y cada uno de los integrantes de una comunidad.

En tanto la ciudadanía se mantenga obnubilada por la mercadotecnia tan de moda, el ruido que hacen los anuncios rimbombantes, los arraigados usos y costumbres perceptivos de que no puede hacer nada, la resignación ante un presunto destino manifiesto, el temor a poner en práctica libertades y derechos inalienables, o el optar por la conveniencia individual, seguirá formando parte de ese tejido de complicidades que nos mantiene donde estamos.

Solamente la participación ciudadana decidida, generalizada, bien informada, libre de líneas o dictados, puede convertirse en el necesario contrapeso a las imposiciones, simulaciones o falacias que construyen y ejecutan en cualquier terreno los detentadores del poder.

¿Incluimos en nuestra lista este propósito para 2019? ¿O seguimos en la misma inercia?— Mérida, Yucatán.

estradamora2@gmail.com

Presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy)

 

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