in

¿Perdonar la corrupción?

 

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Entre las muchas decisiones controvertidas que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador, probablemente una de las que ha provocado mayor enojo a sus seguidores sea la de perdonar a antiguos funcionarios públicos que cometieron actos de corrupción.

Aunque el combate a la corrupción fue el tema central de su campaña electoral, López Obrador ha repetido en diversas ocasiones que no se realizarán persecuciones contra los antiguos funcionarios públicos por varias razones: porque dice que él no es una persona vengativa, porque son demasiados funcionarios corruptos y no alcanzarían los jueces ni las cárceles. Su nueva promesa es un borrón y cuenta nueva: el combate a la corrupción será a partir de ahora, ya que esté tipificada como delito grave.

En un recomendable artículo publicado en “The New York Times” el pasado 2 de enero, el escritor argentino Diego Fonseca escribió, con razón, que “la experiencia internacional enseña que solo se puede pasar la página —o poner un punto final— cuando la justicia ha hecho su tarea, no cuando los políticos tienen un manto de olvido sobre crímenes jamás juzgados”.

Así, nos recuerda Fonseca, en Sudáfrica solo hubo perdón cuando los asesinos aceptaron sus matanzas y en Argentina fueron condenados casi 900 militares por violaciones a los derechos humanos, mientras que en Brasil los militares jamás fueron juzgados y hoy el país está gobernado por el fascista Jair Bolsonaro.

La abundancia de funcionarios corruptos y la falta de jueces y cárceles no son excusa para perdonar la corrupción del pasado, sostiene Fonseca. “Si un gobierno no puede con el abuso de poder, la impunidad, el crimen organizado y la corrupción —escribe el escritor argentino— es por el bien de sus propios ciudadanos que recurra a ayuda internacional”, como lo han hecho Guatemala y Honduras.

Todo esto viene a cuento porque en Yucatán el actual gobierno del Estado ha perdonado de facto los actos de corrupción del gobierno pasado.

Entre octubre y diciembre del año pasado, Grupo Megamedia publicó quince reportajes sobre una red de empresas creadas durante el gobierno de Rolando Zapata para cobrar millones de pesos del erario. Como lo señaló Ángel Noh en un recuento de estos reportajes publicado el pasado 30 de diciembre, hasta el momento “las autoridades del Estado no se han pronunciado sobre alguna medida ante las evidencias de desvíos” (“Red fantasma intacta”).

Igualmente, como escribió Carlos Menéndez el pasado 2 de enero, la respuesta del gobierno estatal a las denuncias publicadas ha sido la que “se denunciará cualquier anomalía ante los órganos que la ley indica”, pero lo que prevalece es el “silencio con tintes de complicidad que inquietan por sus aparentes conformismo y apatía” (“¿Dónde están? ¿Dónde estamos?”).

Coincido en que, como sociedad, no podemos callar. Tenemos que hablar sobre el tema y exigir a las autoridades que inicien las investigaciones correspondientes, que sancionen a los responsables y que reparen el daño a las víctimas. Una forma de hablar sobre el tema es desde la perspectiva de los derechos humanos.

Resolución

En marzo del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su resolución 1/18, sobre “Corrupción y derechos humanos”. En ella sostiene que “la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad —civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales—, así como al derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”. Desde una perspectiva de derechos, destaca que “las víctimas de la corrupción deben estar en el centro de la lucha contra ese fenómeno”.

¿Por qué es importante enfocar el problema de la corrupción desde la perspectiva de los derechos humanos? La doctora Magdalena Sepúlveda, ex Relatora Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, ha escrito que “establecer el vínculo entre actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos puede servir para (…) crear conciencia en la población y en las autoridades acerca del daño de las prácticas corruptas. Permitiría visibilizar que por lo general la corrupción no se trata de un delito sin víctimas” (“Animal Político”, 17-9-18).

Así que debemos preguntarnos: ¿quiénes han sido las víctimas de los desvíos de millones de pesos del erario a través de la red de empresas fantasma del gobierno?, ¿cuántos estudios sobre el impacto de violencia sexual, la gravedad de la anorexia, entre otros problemas, no se hicieron o se hicieron mal?, ¿qué maquinaria para una mejor atención de salud no se compró?, ¿qué medidas de seguridad en hospitales no se implementaron?, ¿cuántos campesinos se vieron afectados por no haber recibido los apoyos de programas como Peso a Peso?, ¿cuántas víctimas no han podido acceder a la justicia por los desvíos de recursos en la Fiscalía General del Estado?

Resulta particularmente indignante que varios de los desvíos de millones de pesos (por lo menos 150 millones) documentados por Grupo Megamedia hayan sido en el ámbito de la salud. Como nos recuerda la CIDH, la efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre los que se encuentra el de la salud, depende de las políticas y presupuestos públicos, y los funcionarios involucrados en el desvío de recursos han atentado contra estos derechos. El actual gobernador Mauricio Vila puso en el centro de su campaña electoral el tema de la salud de las y los yucatecos, por lo que se encuentra aún más comprometido a dar explicaciones al respecto.

La corrupción mata

En el peor de los casos, como nos recordó el periodista Daniel Lizárraga, “la corrupción mata”: ésta es una de las lecciones del sismo del 19 de septiembre de 2017, ya que dueños de inmobiliarias que decidieron usar materiales de baja calidad, fuera de la norma, en colusión con las autoridades, pusieron en riesgo las vidas de decenas de familias (“The New York Times”, 22-9-18).

Al enfocar el problema de la corrupción en relación con los derechos humanos, la CIDH señala la gran importancia de la independencia, imparcialidad, autonomía y capacidad de los sistemas de justicia, así como al papel que desempeñan los defensores de derechos humanos, los denunciantes, los periodistas y los medios de comunicación en la investigación y denuncia de la corrupción.

En este caso, los ciudadanos que han denunciado la red de empresas fantasma y medios de comunicación como Animal Político y las plataformas de Grupo Megamedia que han investigado, han puesto su parte. Las miradas deben estar ahora en la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual debe demostrar su autonomía y determinación en la investigación y sanción. Como ha escrito Luis Pérez de Acha, abogado especializado en el delito de corrupción, el problema del combate a la corrupción “no radica en la falta de instituciones ni en deficiencias en la legislación”, sino en la actuación de fiscales y jueces anticorrupción; así lo demuestran los casos de Brasil y Perú, en donde fiscales y jueces han actuado en contra de los responsables de actos de corrupción (“The New York Times”, 3-4-18).

Como parte de su obligación constitucional de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” y de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos” (Artículo 1 de la Constitución federal), las autoridades de Yucatán no pueden guardar silencio ni mucho menos perdonar actos de corrupción como el desvío de fondos públicos mediante empresas fantasmas. Mantener el silencio sería cultivar la impunidad —madre de la corrupción— y dar la espalda a las y los yucatecos, particularmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Por eso las autoridades deben investigar, sancionar y, también, reparar el daño a las víctimas de los actos de corrupción de funcionarios públicos. Usted podría ser una víctima de esto: piense en ello cuando le digan que no hay recursos suficientes para hacer estudios médicos, para invertir en el campo o para perseguir algún delito que le haya afectado.— Mérida, Yucatán.

Rodrigo.llanes.s@gmail.com

@RodLlanes

Investigador del Cepchis-UNAM

 

Balance del gobernador

Andresnatch