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Plaguicidas peligrosos

 

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

En México se permite el uso de plaguicidas altamente peligrosos que están prohibidos en otros países. Esa es una de las conclusiones de la Recomendación No. 82/2018 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el pasado 8 de enero, y que trata “Sobre la violación a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en general”.

Uno de los párrafos de la Recomendación es contundente: “El marco legal y reglamento en materia de plaguicidas vigente en México permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad, que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar en forma relevante a la biodiversidad y perjudicar el medio ambiente” (párr. 30).

La Recomendación tiene su origen en una denuncia presentada por la organización Greenpeace México el 14 de julio de 2017, a la que se sumaron 42 quejosos.

De acuerdo con María Colín, campañista legal de Greenpeace México, si bien las afectaciones a la alimentación, a la salud y al medio ambiente provocadas por los plaguicidas no son nuevas, el interés por abordar el problema de los plaguicidas desde una perspectiva de derechos humanos sí es reciente.

Así, en 2017, Greenpeace publicó el documento “Derechos humanos y plaguicidas”, en el que, junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud, llaman a un “manejo responsable y ético” de los plaguicidas, que debe “ir más allá de consideraciones solo del mercado o de capacidad técnica o científica. El manejo de plaguicidas cuenta con una dimensión ética que debe ser colocada en el centro” (p. 30).

Asimismo, en 2017 se publicó el libro “Los plaguicidas altamente peligrosos en México, coordinado y editado por Fernando Bejarano González, director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México. En este libro se documenta que 183 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos cuentan con autorización en México y se encuentran en más de tres mil presentaciones comerciales como insecticidas, herbicidas, fungicidas y fumigantes.

El libro coordinado por Bejarano incluye el capítulo “El uso de plaguicidas altamente peligrosos en la Península de Yucatán”, elaborado por Irma Gómez. El texto es producto de un diagnóstico sobre el uso de plaguicidas en siete municipios de Yucatán y Campeche en 2015. Los resultados del diagnóstico son alarmantes.

Gómez señala que “tan solo en el estado de Yucatán se ha observado un enorme incremento en el consumo de agroquímicos, que entre 1990 y 2005 pasó de 606 a 4,800 toneladas”. Asimismo, en las comunidades investigadas se documentó el uso de 74 plaguicidas, “de los cuales 44 son considerados como altamente peligrosos según la lista del Pesticide Action Network International” (p. 202). 33 de estos plaguicidas están prohibidos en otros países.

Asimismo, el diagnóstico realizado por Gómez documenta que “el número de plaguicidas usados aumenta conforme los agricultores van sembrado más hortalizas con fines comerciales. Los plaguicidas más utilizados, según el diagnóstico, son el glifosato (en marcas como Faena, Velfosato, Herbipol, entre otras), paraquat (en presentaciones como Diabloquat, Gramoxone, Cerillo Antorcha), 2,4-D, imidacloprid, cipermetrina, clorpirfós, abamectina, metamidofós, novadurón y endosulfán. Todos los plaguicidas de esta lista, con excepción del 2,4-D y el novadurón, son considerados altamente peligrosos.

El diagnóstico de Gómez también describe varias prácticas de manejo en el uso de plaguicidas. Por ejemplo, la mayoría de las aplicaciones se realizan con aspersoras de mochila; es muy común la mezcla de distintos plaguicidas en una sola aplicación (incluyendo diésel); pocos productores siguen las instrucciones de las etiquetas, algunos de ellos dijeron que la información no es clara; la mayoría de los productores almacena los plaguicidas en lugares cerrados separados de las zonas que habitan sus familias; el manejo de los envases vacíos es inadecuado y los programas de gobierno no han cumplido con el compromiso de recolección de envases. Del mismo modo, pocos productores toman medidas de precaución para realizar las aplicaciones de plaguicidas: por falta de recursos, los productores no pueden comprar equipo de protección (botas de hule, mascarilla, lentes, guantes), o bien, no los usan por las altas temperaturas.

Los productores reconocen que los plaguicidas son un “mal necesario”: saben que hay riesgos de intoxicación y de enfermedades, como cáncer, problemas de la vista y de los pulmones, ceguera, irritaciones en la piel, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, daños a mujeres embarazadas, así como daños a la apicultura: muerte de abejas, contaminación de la miel, afectación a la flora melífera, disminución de arbustos.

Otro aspecto preocupante es que son los propios gobiernos los que “impulsan el uso de plaguicidas en la agricultura campesina” (p. 290). En Yucatán, la Secretaría de Desarrollo Rural “ha impulsado la siembra de soya a través de la entrega de semillas y plaguicidas. De acuerdo con la misma secretaría, en 2015 se entregó el triple de semillas que en 2013”. Ese mismo año, con el programa Peso a Peso, dicha secretaría entregó plaguicidas y fertilizantes a más de 12 mil productores de 90 municipios y 19 organizaciones.

Si bien la siembra comercial de soya transgénica se encuentra prohibida en la actualidad, Gómez concluye que dicho cultivo “es solo una pieza del modelo de producción agroindustrial que se pretende asentar en la región, especialmente en las tierras del centro de la Península, que son las más fértiles y que disponen de agua” (p. 296).

En este contexto, la Recomendación de la CNDH, dirigida a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes Sagarpa), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, resulta fundamental. Para la CNDH, estas instituciones han sido omisas en proteger y garantizar los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, al medio ambiente sano y a la salud de la población.

Las autoridades antes mencionadas ya han aceptado la Recomendación y cuentan con unos pocos meses para cumplir con las recomendaciones. Un aspecto medular, de acuerdo con María Colín, es la detección de cuáles son los plaguicidas altamente peligrosos. Para esta tarea, las autoridades tienen tres meses para coordinarse y crear un Comité Especializado en la Identificación e Investigación sobre los Efectos Adversos de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) y, en seis meses, la Semarnat debe elaborar también un diagnóstico del estado actual de contaminación de suelos y agua superficial y subterránea por plaguicidas.

Las autoridades cuentan con plazos de entre tres y seis meses para proponer una serie de modificaciones a leyes y normas para incluir la definición de PAP, capacitar a funcionarios públicos sobre derechos humanos y gestión de plaguicidas, formular el Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en Vegetales, entre otras medidas.

Si bien es cierto que la Recomendación está dirigida a autoridades federales del poder ejecutivo (aunque la CNDH hace un llamado al Congreso a realizar las modificaciones de ley correspondientes), también es verdad que los gobiernos estatales y municipales también tienen mucho que hacer al respecto.

En Yucatán, el gobernador Mauricio Vila tuvo como principal tema de campaña la salud de la población yucateca. Como lo proponen los productores entrevistados en el diagnóstico de Gómez, las autoridades de Yucatán deben realizar un cambio de enfoque en los programas dirigidos al campo: proporcionar mayor información y capacitación sobre el uso y riesgos que implica el uso de plaguicidas así como sobre alternativas para el control de plagas y que los programas gubernamentales apoyen el uso de los métodos alternativos.

Asimismo, de acuerdo con Colín, las autoridades estatales también deben dar capacitación inmediata al personal de salud en zonas agrícolas y llevar al cabo brigadas médicas para personas en contacto con plaguicidas.

Aunque existe un poderoso oligopolio en el mercado de plaguicidas con fuerte influencia en México y en algunas de las dependencias señaladas en la Recomendación predomina un enfoque que privilegia el uso de plaguicidas, sin duda alguna el documento de la CNDH y las quejas que lo originaron son un paso adelante en la lucha contra los plaguicidas altamente peligrosos en México desde una perspectiva de derechos humanos.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

@RodLlanes

Investigador del Cephcis-UNAM

 

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