in

Plaza Grande

Nos comentan que...

El proceso electoral en Quintana Roo, con miras al relevo en la gubernatura el próximo año, propiciará que Ulises Carrillo Cabrera y Gabriela López Gómez —ampliamente conocidos en Yucatán— se vean nuevamente las caras como estrategas políticos. Hace unos días publicamos que Carrillo Cabrera, asesor de cabecera no oficial del gobernador Mauricio Vila Dosal, ya tiene un pie en la contienda por la gubernatura quintanarroense y se sabe de sus acercamientos con Mara Lezama, alcaldesa de Benito Juárez, con el propósito de tejer un acuerdo que impulse a la primera regidora como candidata al gobierno del vecino estado. Gabriela López, quien fue brazo derecho de Ulises Carrillo en la campaña política de Ivonne Ortega en 2007 —y en el Ejecutivo estatal después—, no se queda atrás, pues, según se comenta en círculos políticos, está detrás de las aspiraciones de la senadora Freyda Marybel Villegas Canché, quien también sueña con la candidatura de Morena al gobierno de Quintana Roo. La licenciada López Gómez, quien se define como experta en mercadotecnia política, es precisamente la suplente de la senadora morenista. Así las cosas, dos de los estrategas de Ivonne Ortega dan el salto a otro estado con la mira puesta en el mismo objetivo, aunque ahora no es con el PRI sino con el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿De qué privilegio gozan los permisionarios del transporte urbano de pasajeros en Yucatán que pueden bloquear o impedir que se otorgue una concesión a ADO para brindar servicio en Mérida? Según nos comentan, la nueva Ruta Periférico “Va y ven” parecía una buena oportunidad de acabar con un monopolio que mantiene en Yucatán un servicio caro e ineficiente, para el cual el gobierno del Estado debe aportar miles de pesos cada mes para que no exijan alzas de tarifas porque “no es negocio”. Fuentes cercanas al tema se preguntan que, si no es negocio, por qué no devuelven las concesiones y que el gobierno haga licitaciones por rutas en las que ponga las condiciones que hasta ahora no logra hacer que se cumplan: tarifas económicas, sistema de cobro que minimice “fugas” de dinero, horarios y rutas bien diseñadas y que se respeten, vehículos con máximo 10 años de antigüedad, choferes capacitados tanto en trato al cliente como en manejo a la defensiva… Si se hubiera licitado la nueva ruta, nos dicen, una o varias empresas serias, o al menos que vean el transporte público como negocio, hubieran presentado una propuesta incluso con tarifas diseñadas con estudios de mercado y no se tendría que pagar subsidio “para dar tiempo que la gente se adapte y conozca los beneficios” antes de determinar cuánto se cobrará.

 

Síguenos en Google News, da clic AQUÍ .

Editorial

Caminar juntos en la vida, una experiencia maravillosa

Exediles de Progreso imputados por cohecho realizarán servicio social