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Poca representación de la sociedad

Una ley desconocida (y II)

Por Erica Millet Corona (*)

 

 

 

Segunda y última parte del artículo de la autora que publicamos ayer bajo el título “Una ley desconocida”:

La Ley de Derechos Culturales para el Estado y los Municipios de Yucatán, que está vigente desde julio de este año, establece la creación de un organismo con el nombre de “Consejo Estatal para la Cultura y las Artes”.

Ese Consejo, que tiene como principal objetivo involucrar las “visiones ciudadanas” en las propuestas de trabajo, cuenta con 18 miembros, aunque solamente incluye a dos representantes de la sociedad civil, integrantes del sector cultural: el C.P. Roberto Abraham Mafud postulado por “Cultura Yucatán, A.C.”, asociación que él preside, y la maestra Lourdes Luna Aranda, de la Compañía “Cressida Danza, A.C.”

Los demás integrantes son funcionarios de seis secretarías (General de Gobierno, Educación, Fomento Económico, Desarrollo Sustentable, Turismo y Planeación) incluida la Sedeculta, que preside el Consejo; tres institutos gubernamentales (Indemaya, Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano e Ipedey) además del Patronato Cultur y el Centro Estatal de Bellas Artes (CEBA).

La academia

El sector académico está representado por la Escuela Superior de Arte de Yucatán y la Universidad Autónoma de Yucatán. Cabe señalar que la integración de la Secretaría de Educación y del Instituto Estatal de Bellas Artes al Consejo duplica la presencia de un solo ente, ya que el CEBA es parte del organigrama de la Segey.

La ceremonia de instalación de este organismo no contó con la presencia de ningún titular de las mencionadas secretarías (aparte de la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes), lo cual resulta especialmente revelador en cuanto a las prioridades de la agenda gubernamental.

En resumen, el principal instrumento propuesto por la Ley de Derechos Culturales para el Estado y los Municipios de Yucatán carece de representación y tal como está conformado, se antoja un organismo más de los muchos que existen dentro del gobierno y a los que las ocupadas agendas de los funcionarios no permiten dedicar el tiempo suficiente para un trabajo trascendente. Su instalación, por lo pronto, pasó sin pena ni gloria.

Se requerirán esfuerzos extraordinarios y sostenidos de difusión para dar a conocer La Ley de Derechos Culturales para el Estado y los Municipios de Yucatán y llevar al cabo el trabajo que amerita su aplicación y provecho para que así vaya tomando la forma necesaria para responder realmente a las necesidades de una realidad con muchos bemoles derivados de la crisis global por la que atravesamos.

Por otro lado, no cabe duda de que la enunciación de políticas que dirijan los planes y programas estatales, el contemplar a los municipios como parte activa en la propuesta de desarrollo cultural, la inclusión del concepto de industrias culturales y creativas y la definición de competencias y atribuciones de las autoridades son, por mencionar algunos, los aciertos más tangibles en materia de propuestas para análisis y desarrollo.

Paso importante

La publicación de esta ley representa un paso importante en la vida cultural —que no solo artística— del estado, pero solo será trascendente en la medida en la que el sector se involucre en la vigilancia del diseño y cumplimiento de las disposiciones reglamentarias necesarias que deben definirse a partir de su puesta en vigor.— Mérida, Yucatán.

Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del estado

 

 

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