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Reforma educativa

La tarea que sigue ahora

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Por fin fueron aprobados y publicados en el Diario Oficial de la Federación —esto ocurrió el 15 de mayo— los cambios constitucionales que cancelaron la mal llamada reforma educativa, para crear una nueva narrativa en la materia. Se cancelan las evaluaciones punitivas a los maestros cuyo objeto era hostigarlos y hacerlos responsables del fracaso escolar.

No significa que ya no habrá evaluaciones, porque sólo a alguien con telarañas en la mollera le puede ocurrir pensar que evaluar —que es como hacer un alto en el camino para revisar lo que se ha hecho, corregirlo o mejorarlo— es malo; pero desaparece la intención persecutora que las animó que, no sólo no mejoró la educación del país, sino la empeoró.

Durante el tiempo que ha estado vigente esta mal llamada reforma, no mejoró un ápice la educación en México. En 2017, por ejemplo, la aplicación de la prueba Planea demostró que en Yucatán los alumnos de tercero de secundaria, en lugar de mejorar, habían bajado, en dos años, su desempeño, en lenguaje y comunicación, 12 puntos, de 503 (en 2015), a 491 (en 2017) y en matemáticas, 10 puntos, de 503 (en 2015) a 493 (en 2017).

Asimismo, encontró que el 73.9 por ciento de los estudiantes de secundaria del país no había superado los aprendizajes insuficientes o meramente básicos (el 33.8 y el 40.1 por ciento de ellos, respectivamente) en lenguaje y comunicación.

Tampoco el 86.2 por ciento (64.5 insuficientes y 21.7 básicos) lo había logrado en matemáticas. Que, por el contrario, sólo el 8.3 por ciento de los alumnos había conseguido un dominio sobresaliente en lenguaje y comunicación y —aún menos— el 5.1 por ciento, en matemáticas.

Según declararon quienes aplicaron la prueba, los malos resultados en ambas áreas les dificultaría “la adquisición de saberes futuros”. (Planea 2017, enero de 2018).

Esta reforma, que no mejoró en nada la educación de México, tuvo la virtud de poner en su contra a la inmensa mayoría de los maestros del país —de todos los niveles educativos— y ocasionó que miles de ellos fueran cesados por su lucha activa contra ella, y los que, a regañadientes, aceptaron su imposición, cumpliendo con sus disposiciones, la sintieran como un espacio de tensiones en el que la tarea obligatoria era adiestrarse para pasar un examen estandarizado cada cuatro años —que no verificaba su desempeño frente a grupo—, como requisito para conservar el empleo. Algo que nada tiene que ver con el afán de ser mejor maestro.

La aprobación de los recientes cambios ocurrió después de un largo proceso. Por un lado, quienes hace 6 años aprobaron la reforma de Peña —PRI, PAN, PRD— eran enemigos de que se cancelara y querían cobrar cara la afrenta; mientras por el otro, los grupos más radicales del magisterio, encabezados por la CNTE, exigían, no sólo que cayera sino que la que la desplazara no contuviera la más mínima concesión a quienes en el Congreso tenían con sus votos la llave para aprobarla, por ser una reforma constitucional, que requiere de dos tercios en ambas cámaras y no simple mayoría.

Hacer una transformación rotunda al gusto de una parte o avanzar lo más que se pudiera en el sentido del interés social fue la alternativa.

Para realizar los cambios fueron modificados los artículos 3º., 31 y 73 de la Constitución.

En el artículo 3º. se incorpora una descripción completa de cómo será en lo esencial la educación a partir de ahora. Se basará, dice, “en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”, complementado el concepto con el de que “tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”, texto que ya estaba en la Carta Magna, desde antes de la reforma peñanietista, y con la nueva afirmación de que “promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso enseñanza aprendizaje”.

Entre los puntos más destacados se encuentra el de que a partir de ahora:

a) El Estado se obliga no sólo a impartir sino a garantizar, además de los ciclos ya contemplados en la ley abrogada, otros dos: la educación inicial y la superior, ésta última en los términos establecidos en una fracción del primero de esos artículos.

b) El Estado asume la rectoría de la educación, con lo que se acaba la llamada bilateralidad que permitía a los líderes sindicales disputar con él la contratación de docentes —es decir, otorgar las plazas— y el manejo de los recursos del erario destinados a educación.

c) Se crea un sistema voluntario para la mejora continua de cada docente ligado a su promoción, es decir, a los ascensos que quiera tener.

Las únicas dos facciones que despotrican en contra, con argumentos falaces, son las bancadas del PAN —en ambas cámaras—, votando en contra, y los dirigentes de la CNTE, no los maestros de base del amplio sindicato, el SNTE, que los aglutina a todos, en manifestaciones callejeras.

Los panistas pregonan la falacia de que es una reforma para favorecer a dichos dirigentes y éstos difunden el sofisma de, que por el contrario, se trata de una reforma para favorecer a sectores neoliberales como el que el PAN representa.

Por un lado, el PAN afirma que reconocer los derechos laborales de los maestros es un atentado contra la educación porque eso abre la puerta a que se permita el manejo de las plazas a los maestros, no obstante lo asentado en el ordenamiento legal.

Por otro, la CNTE no dice claramente a qué se opone. A lo más que llega es a manifestar que no está de acuerdo con ciertos términos usados como las palabras “calidad” o “excelencia”, porque los considera neoliberales, como si las palabras tuvieran dueño, y que algunos preceptos que están en la Constitución deberían estar en leyes secundarias. Y es que en política los extremos se tocan.

En términos generales, pues, se trata de una serie de cambios hechos para favorecer que haya mejores condiciones de enseñanza en todos los peldaños educativos, desde la infancia a la adultez. Habrá ocasión de ir clarificando más los alcances de esta reforma. Mientras tanto, a lo que sigue: mejorar la educación del país, es la tarea.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

 

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