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Rodrigo Llanes Salazar: Defender los derechos

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Para Romina

Los pasados 26 y 27 de septiembre, la Misión de observación de la consulta al pueblo maya llevó al cabo el “Taller de formación en protección de derechos de pueblos indígenas y ambientales en la península de Yucatán” en la ciudad de Mérida.

La Misión de observación surgió específicamente para documentar el proceso de consulta a comunidades mayas sobre la siembra de soya genéticamente modificada y vigilar que dicho proceso cumpliera con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Desde abril de 2016, cuando se inició la consulta, hasta la fecha, la Misión ha publicado 10 reportes, en los que ha documentado las violaciones a los estándares de consulta. Estos reportes han servido como fuente de información para diversos eventos e informes de derechos humanos, entre ellos una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversos informes sobre la situación de derechos humanos en México. El objetivo del Taller fue proporcionar herramientas para la defensa de derechos humanos, particularmente de pueblos indígenas y ambientales, en el contexto del desarrollo de grandes proyectos de inversión o “megaproyectos” en la península de Yucatán. Gracias al apoyo de un proyecto financiado por la Fundación Ford, una organización que ha sido clave para la defensa de los derechos humanos en América Latina, al Taller pudieron asistir más de sesenta personas de los tres estados de la Península, principalmente de comunidades indígenas, aunque también de organizaciones de la sociedad civil y dependencias gubernamentales. En lo que sigue quiero rescatar algunas de las ideas expresadas en el Taller que considero que son valiosas para la defensa de los derechos humanos. El primer expositor del Taller fue Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Equipo Indignación, quien invitó a pensar los derechos humanos desde una perspectiva crítica. Retomando al jurista español Joaquín Herrera, Fernández señaló que los derechos humanos son el resultado de las luchas que los seres humanos llevan al cabo para acceder a los bienes necesarios para una vida digna. Por lo tanto, hay que pensar los derechos como procesos, siempre cambiantes, porque la realidad misma y los bienes necesarios para una vida digna también son cambiantes.

En cuanto a los derechos indígenas, una de las demandas más reiteradas en los últimos años por activistas y organizaciones es que los proyectos y medidas que afecten a los pueblos indígenas sean consultados de manera previa, libre e informada. Al respecto, Fernández sostuvo que debemos dejar de centrarnos en reclamar el derecho a la consulta y, en cambio, exigir que se respete el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.

Esta consideración me parece muy importante por dos razones. La primera es que los procesos de consulta, si bien han logrado visibilizar algunos de los problemas que sufren las comunidades y pueblos indígenas de la Península de Yucatán, han demostrado sus limitaciones para proteger efectivamente los derechos humanos de dichos pueblos.

Las autoridades mexicanas generalmente comparten una interpretación muy limitada, e incluso regresiva, del derecho de consulta, pues lo reducen a un mero trámite o, en el mejor de los casos, a una serie de eventos en los que se debe informar a las comunidades sobre un proyecto ya diseñado o decidido.

La otra razón, más importante aún, es que el derecho a la libre determinación puede ser considerado el derecho fundamental de los pueblos indígenas, del que derivan muchos otros derechos, entre ellos a la consulta, como ha argumentado James Anaya, quien fue el segundo Relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU.

Recordemos que el derecho humano a la libre determinación está reconocido en los dos pactos internacionales de derechos humanos —el de civiles y políticos y el de económicos, sociales y culturales— y cuyo cumplimiento es obligatorio para el Estado mexicano. En el Artículo 1 común a ambos pactos se establece que “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. Como han señalado Fernández y el Equipo Indignación, el derecho a la libre determinación puede entenderse como el derecho de un pueblo a decidir sus propias prioridades y su propio modelo de desarrollo.

Sin embargo, como quedó de manifiesto en las intervenciones de los asistentes al Taller, sobre todo de los provenientes de comunidades indígenas, este derecho no es respetado, pues los proyectos que les afectan, ya sea la construcción de granjas porcícolas, los parques de energías renovables, la siembra de soya o proyectos turísticos, son decididos por el Estado y las empresas, no por los propios pueblos.

Por otra parte, en su presentación, Karen Hudlet, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, expuso datos sobre el creciente poder que tienen las empresas multinacionales y el problema de la “captura corporativa”, es decir, de la influencia indebida que ejercen empresas sobre instituciones públicas. Hudlet presentó los recientes desarrollos de normas e instrumentos en materia de empresas y derechos humanos —principalmente los “Principios rectores” de la ONU— así como diversos mecanismos para exigir a las empresas que respeten derechos humanos y, en su caso, remedien las violaciones que han cometido. Entre estas acciones de exigibilidad se encuentran la documentación de casos, las evaluaciones de impacto en derechos humanos, las denuncias y campañas, y la incidencia ante instancias internacionales, los países de origen de las empresas extranjeras y ante bancos y entidades financiadoras.

En una presentación conjunta, la abogada Claudia Gómez, del Colectivo de Abogad@s, y la antropóloga Gabriela Torres-Mazuera, investigadora del Ciesas, abordaron la problemática agraria en la Península de Yucatán. Destacaron que la reforma agraria de México fue la más avanzada en América Latina, pues casi las dos terceras partes del territorio nacional fueron repartidas.

Sin embargo, como es bien sabido, el reparto agrario terminó en 1992 con la reforma al Artículo 27 de la Constitución federal, además de que, con ese cambio legal, las tierras ejidales ahora pueden ser vendidas. La excepción son las tierras ejidales de uso común, que siguen siendo inalienables y que, en la Península de Yucatán, representan alrededor del 60 por ciento del total de la propiedad social.

Gómez y Torres-Mazuera expusieron una serie de acciones de despojo que documentaron en el “Informe sobre la jurisdicción agraria y los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos en México” (disponible en internet). Entre ellos se encuentran la venta ilegal de tierras de uso común, la firma de contratos de usufructo por 30 años, la constitución de sociedades mercantiles sobre áreas de uso común, la expropiación de tierras por parte del gobierno federal y la creación de áreas naturales protegidas. En muchas de estas acciones de despojo participan empresarios, sus intermediarios —quienes incluso pagan grandes cantidades de dinero en efectivo que no son fiscalizadas—, autoridades y exautoridades, así como algunos comisariados ejidales. Aunque, de acuerdo con la ley, la asamblea es el máximo órgano de decisión del ejido, en los hechos los comisariados ejidales son quienes se sienten dueños de los ejidos, señalaron las especialistas. Así como Fernández exhortó a que los defensores de derechos de pueblos indígenas exijan el derecho a la libre determinación y no solo a la consulta, Gómez llamó a hablar del derecho al territorio y no solo a las tierras, pues el primero protege más que el segundo.

En este sentido, Torres-Mazuera observó que las tierras ejidales no solo tienen un valor agrícola, sino que también cuentan con otros valores, como el forestal, y también son un lugar de anclaje y de reproducción de la comunidad. Es importante destacar esta observación pues muchas autoridades, empresarios e intermediarios incitan a los ejidatarios a vender o rentar sus tierras diciendo que son “ociosas”, pues en ella ya no se hace milpa o se trabajan cultivos agrícolas. Finalmente, la abogada Lourdes Medina, también de Equipo Indignación, expuso las normas del derecho humano al medio ambiente sano —destacando los principios de prevención y de precaución y las evaluaciones de impacto ambiental— y presentó el caso emblemático de Homún, el cual es acompañado legalmente por Indignación.

El caso es emblemático porque ha destapado una serie de problemas que pueden encontrarse en varias granjas porcícolas en Yucatán, desde las irregularidades en los permisos, la carencia de rigor en las evaluaciones de impacto ambiental, la violación al derecho a la libre determinación de las comunidades mayas, la falta de aplicación del principio de prevención, entre otros. Medina destacó que, próximamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras haber decidido atraer el caso de Homún, podría establecer criterios novedosos sobre cómo opera el principio de prevención en casos de suspensión de proyectos (como el de la granja porcícola en este caso).

Precisamente los días 26 y 27 de septiembre se conmemoró el quinto aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, uno de los casos de violaciones más graves a los derechos humanos en México. Hasta la fecha, los familiares y la sociedad no contamos con la verdad y justicia en ese caso. Es un terrible botón de muestra de lo difícil que es la protección efectiva de los derechos humanos en nuestro país.

Como integrante de la Misión de observación, espero que el Taller haya brindado algunas herramientas a las y los asistentes para defender sus derechos y acceder a los bienes que les permitan vivir una vida verdaderamente digna.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM

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