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Rodrigo Llanes Salazar: El banderazo al Tren

Rodrigo Llanes Salazar

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Dependiendo del perfil de tus redes sociales, es probable que en los últimos días hayas recibidos mensajes sobre las protestas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador o hashtags con las frases “Prefiero los cenotes” y “No al Tren Maya”.

En parte, ambos mensajes responden a la coyuntura inmediata de la visita de López Obrador a Yucatán para “dar el banderazo” al Tren Maya mañana martes 2 de junio. Pero, en el fondo, los mensajes son las expresiones más recientes de procesos que se remontan a meses e inclusos años atrás.

Por un lado, de acuerdo con algunos medios de comunicación, en la caravana de automóviles denominada “López vete ya” del pasado sábado 30 de mayo participaron sectores de clases media y alta que desde hace tiempo están inconformes con la figura de AMLO.

Como en otras ocasiones, exigieron la renuncia del Presidente, a lo que éste ha respondido que “no coman ansias”, pues se celebrará un referéndum para la revocación del mandato el próximo año.

Por otro lado, las imágenes con las frases “Prefiero los cenotes” y “No al Tren Maya” corresponden a una reciente campaña a propósito de que dos organizaciones, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “posibles daños irreparables del Proyecto 'Tren Maya'” el pasado 15 de mayo.

De acuerdo con estas dos organizaciones, el objetivo de las medidas cautelares es “evitar daños irreparables a sus territorios, particularmente al agua del sistema de cenotes, que es un elemento indispensable del territorio maya de la Península de Yucatán, y del cual depende los derechos al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna y de los demás derechos fundamentales que se despliegan de ella”.

Por ello, solicitan a la CIDH que ordene al Estado Mexicano que “se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto denominado 'Tren Maya', que garantice la información necesaria y completa, basada en evidencia científica, a las comunidades mayas acerca de los impactos ambientales y sociales que tendría el megaproyecto, particularmente sobre el sistema de cenotes de la Península de Yucatán” y que “adopte medidas de prevención y mitigación para salvaguardar el sistema de cenotes de la Península de Yucatán frente a las amenazas y riesgos presentes”.

Esta solicitud se suma a otras acciones que han buscado detener la construcción del Tren Maya, entre ellas, demandas de amparo por las violaciones al derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas de la región, así como otras acciones jurídicas que denuncian que la continuación de las actividades del proyecto Tren Maya representan una amenaza en contra de la salud de los trabajadores en el contexto de la pandemia de Covid-19 así como a la protección plena de otros derechos humanos.

Efectivamente, nos encontramos frente a una situación complicada para la protección de derechos humanos en la región. Además de las afectaciones directas a la salud provocadas por la pandemia, ésta ha impactado gravemente a sectores vulnerables, como los trabajadores informales y a los trabajadores del campo.

Asimismo, en el contexto de la pandemia, los tribunales han limitado e incluso paralizado diversas actividades judiciales necesarias para el acceso a la justicia. No obstante, lo que no se ha detenido es la continuación de proyectos a gran escala, tales como las incursiones mineras —legales e ilegales— en Ecuador y Brasil —los países que tienen los mayores brotes de muertes por la pandemia— o la construcción del Tren Maya en México.

Esto ha sucedido a pesar de que la CIDH ha recomendado a los Estados “abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances en la implementación de proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia” (CIDH, “Resolución 1/2020. Pandemia y derechos humanos en las Américas”).

Regresando al tema de las medidas cautelares, éstas destacan el peligro que sufre el agua de la península de Yucatán si se construye el proyecto Tren Maya, el cual, recordemos, consiste no solo en un medio de transporte, sino en un conjunto de polos de desarrollo urbanos y turísticos alrededor de las estaciones del tren sobre los cuales no contamos con información pública ni evaluaciones de impacto social y ambiental realizados por entidades expertas independientes.

Las medidas cautelares son entonces un llamado de atención a reconocer la vulnerabilidad del territorio de la península de Yucatán, un territorio kárstico altamente susceptible a la contaminación del subsuelo.

Vale la pena reiterarlo: el territorio de la Península es un territorio vulnerable. Y eso lo sabemos gracias a los estudios científicos que se han hecho sobre el suelo y el sistema de cenotes de la región, pero también al trabajo de comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos, las cuales han mostrado —porque lo han sufrido—, el impacto que monocultivos como la soya y el uso intensivo de agroquímicos tienen en la deforestación, muerte de abejas, contaminación del ambiente y en la salud, o el impacto que las granjas bovinas y porcícolas tienen en la contaminación de los cenotes.

Las medidas cautelares solicitadas por Múuch' Xíinbal y el Consejo Civil nos recuerdan que el impacto del proyecto Tren Maya se va sumar a todos los impactos anteriores que ya está sufriendo la Península.

Según el gobierno federal, el proyecto Tren Maya implicaría la llegada de 3 a 4 millones de turistas a la región por año. La infraestructura de la Península no está lista para soportar el arribo de ese número de turistas y, sobre todo, el territorio no puede soportar dicha carga.

De acuerdo con un documento del propio gobierno del estado de Yucatán, la entidad ya sufre un grave problema de “contaminación de las aguas subterráneas por actividades humanas que se realizan de forma inadecuada y la falta de un manejo en la disposición de los residuos sólidos y líquidos” (POETY, decreto 793 del Gobierno del Estado de Yucatán, citado en la solicitud de medidas cautelares).

Por eso la campaña de las medidas cautelares plantea “#Tren a la CIDH”, “#Prefiero los cenotes”, “#No al Tren Maya”; advierten que habrá cargas y descargas de agua para hotelería, nuevas ciudades, agroindustria y estaciones de tren; exponen que del 50 al 70 por ciento de los cenotes de la Península están interconectados y que “el Tren Maya no cuenta con estudios de impacto ambiental, se prevé un daño inminente al agua y al sistema de cenotes” y que “la península de Yucatán tiene una de las reservas hidrológicas más importantes a nivel mundial”, por lo que “los usos y actividades que promueve el proyecto Tren Maya pondrían en peligro la principal fuente de abasto de agua de la población”.

Si el Estado Mexicano decide incumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales de continuar con la construcción del Tren Maya a pesar de la pandemia de Covid-19, sin contar con evaluaciones de impacto social y ambiental realizadas por entidades expertas independientes y sin garantizar el acceso a la información a la población, el gobierno deLópez Obrador abrirá aún más frentes de oposición: más protestas de organizaciones y más acciones y presión a nivel internacional.

Rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM

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