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Rodrigo Llanes Salazar: Pueblos indígenas y Covid

Editorial

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

El 12 de octubre ha sido resignificado: de celebración del “Día de la Raza”, una exaltación del “descubrimiento” de América por Cristóbal Colón, al “Día de la Resistencia Indígena”, una fecha en la que se conmemoran las luchas indígenas en contra del colonialismo.

Este año, el Día de la Resistencia Indígena está marcado por la creciente violencia y criminalización de los pueblos indígenas, así como por las devastadoras consecuencias de la pandemia de Covid-19.

En su último informe como relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, presentado en junio de este año, Victoria Tauli-Corpuz condenó “la violencia y la criminalización de que son objeto los pueblos indígenas, en particular cuando defienden sus derechos colectivos a las tierras, territorios y recursos naturales, [las cuales] han aumentado drásticamente en los últimos años”.

De acuerdo con un pronunciamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas y Todos’ publicado en mayo de este año, en el actual sexenio han sido asesinadas por lo menos 30 personas defensoras de derechos humanos, cuatro de ellas durante la pandemia. De estos cuatro asesinatos, tres son de personas defensoras de la tierra y el territorio, y dos fueron realizados en los domicilios de las víctimas.

En su informe, Tauli-Corpuz reconoce que “las organizaciones de la sociedad civil y algunos particulares, como los abogados, que apoyan los derechos de los pueblos indígenas, también han sido objeto de ataques”.

De nuevo, en México contamos con el lamentable caso de los intentos de la Presidencia de la República de deslegitimar a organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y fundaciones internacionales que se han dedicado a la defensa del territorio en la Península de Yucatán.

Con respecto a este tipo de actos de deslegitimación y estigmatización, que muchas veces constituyen la primera etapa de una espiral de violencia que culmina en actos más graves como desapariciones forzadas u homicidios, la ahora exrelatora especial llamó con urgencia a los Estados a que, en lugar de percibir a los pueblos indígenas “como meros grupos de interés cuyos objetivos son contrarios a un interés nacional supuestamente superior”, “reconozcan los intereses de los pueblos indígenas en lo que respecta a mantener sus tierras, culturas, autogobierno y sistemas de subsistencia económica como parte del interés nacional de toda sociedad democrática y multicultural”.

La exrelatora especial Tauli Corpuz concluyó en su último informe que “la ‘brecha de implementación’ [de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos legalmente] y la creciente violencia y criminalización contra los pueblos indígenas en muchos países del mundo justifican, más que nunca, la necesidad de un mandato sólido y eficaz para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos a este respecto”.

Es en este contexto de incumplimiento de sus derechos y de creciente violencia y criminalización que los pueblos indígenas se han enfrentado a la pandemia de Covid-19.

Sobre este tema, el nuevo relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, ha dedicado un informe específico, en el que reconoce que los pueblos indígenas “se encuentran entre los más afectados” por la pandemia.

El relator especial reconoce que “la memoria colectiva de los indígenas está marcada por las pandemias, ya que enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe fueron propagadas por los colonizadores, a veces deliberadamente, devastando y diezmando sus comunidades”. Ahora, las políticas de “modernidad” y “desarrollo”, entre ellas los proyectos de inversión a gran escala, han contribuido a la propagación del coronavirus en comunidades indígenas.

En el informe se documentan los problemas relacionados con el acceso limitado a la información y la comunicación, así como una serie de respuestas de los pueblos indígenas frente a la crisis de la Covid-19: desde el autoaislamiento, en el que comunidades han restringido los movimientos de entrada y salida, hasta las iniciativas de salud e higiene.

En palabras de Tzay Calí, “los pueblos indígenas están utilizando diversas técnicas y conocimientos tradicionales y no tradicionales, combinándolos en ocasiones, para responder a la pandemia actual”, como la limpieza de las casas con humo o la elaboración de productos de higiene a partir de plantas medicinales con propiedades desinfectantes.

Desde luego, algunos de los problemas documentados en el informe no son exclusivos de los pueblos indígenas. El relator especial registra la correlación entre el confinamiento y el aumento de la violencia doméstica que sufren mujeres y niñas indígenas, así como el aumento de la carga de trabajo de las mujeres. También se señalan los problemas a que se han enfrentado trabajadores indígenas en el mercado laboral informal, entre ellos trabajadores de la construcción, domésticos y jornaleros.

En una terrible consonancia con lo denunciado por organizaciones de derechos humanos en México, el nuevo relator especial denuncia que “el confinamiento ha hecho que los defensores de la tierra y el medio ambiente estén más expuestos a ataques y asesinatos. Se han notificado casos de asesinatos de líderes indígenas en América Latina al saber los perpetradores dónde vivían y que no podían salir de sus hogares”.

Y mientras que los pueblos indígenas ven vulnerados sus derechos humanos individuales y colectivos, los Estados, afirma Tzay Calí, “han priorizado en algunos casos los intereses del sector privado, favoreciendo la expansión del agronegocio y las industrias extractivas, la explotación forestal y los proyectos hidroeléctricos, o declarándolos operaciones ‘esenciales’”.

Tal es el caso del gobierno de México que, ignorando recomendaciones internacionales e internas, afirma que megaproyectos de infraestructura y turísticos como el Tren Maya “van porque van”, a pesar de los señalamientos sobre el incumplimiento de estándares internacionales en materia de consulta indígena y evaluación de impacto ambiental, así como de la exposición de trabajadores a la Covid-19.

En este escenario, el relator especial afirma que “los pueblos indígenas que disfrutan de su derecho colectivo a la autonomía como parte de su derecho a la libre determinación son los que están en mejores condiciones de controlar el virus y de soportar meses de aislamiento. Los que pueden confiar libremente en sus prácticas agrícolas sostenibles y la disponibilidad de alimentos en sus territorios y pueden adoptar decisiones a nivel comunitario, como la de restringir los movimientos de entrada y salida de sus comunidades, han demostrado en muchos aspectos tener resiliencia ante la crisis”.

A pesar de la pandemia, defensoras, defensores, organizaciones y comunidades indígenas y no indígenas se han movilizado en ámbitos legales y digitales —y, en menor medida, en las calles— para reivindicar los derechos de libre determinación y al territorio.

Así, por ejemplo, el 24 de septiembre se constituyó la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), que demanda un conjunto de reformas legales en México, desde la prometida reforma constitucional en materia de derechos indígenas, hasta la derogación de leyes —como las energéticas y la minera— que se usan para despojar las tierras, territorios y recursos naturales.

Según ALDEA, “las reformas prometidas por la 4T para avanzar en el cumplimiento efectivo de los derechos indígenas siguen congeladas mientras los megaproyectos avanzan aun en tiempos de pandemia”.

Como ha escrito el relator especial, “la pandemia debe ser una ocasión para un cambio transformador, que entre otras cosas ponga fin a la sobreexplotación de los recursos naturales y a las emisiones que contribuyen al calentamiento global, y corrija la creciente desigualdad socioeconómica existente en las naciones y entre ellas”.

No puede dejar de señalarse que estas acciones son necesarias no solo por la dignididad de las personas y pueblos indígenas, sino para una buena vida para todas las personas. Pues es precisamente el modelo sobreexplotador de las tierras, territorios y recursos naturales el que ha intensificado y hará cada vez más probable la emergencia de epidemias, huracanes y tormentas más devastadoras, entre tantos otros problemas que estamos sufriendo actualmente.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM

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