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Truculenta reforma

El caso de Baja California

Eduardo R. Huchim (*)

El 1 de junio de 2019, el presidente del Congreso de Baja California, Benjamín Gómez Macías, denunció en Ensenada que dos funcionarios federales le ofrecieron un millón de dólares por organizar a un grupo de legisladores estatales que aprobaran una reforma a la Constitución local que permitiera ampliar el período del próximo gobernador.

El legislador dijo entonces a “Proceso” que había rechazado la ilegal oferta, extensible a cada diputado que aceptara, y mencionó los nombres de dos funcionarios: Ricardo Peralta Saucedo, exdirector de Aduanas y actualmente subsecretario de Gobernación, y Alejandro Miramontes Armenta, director de la Aduana en Mexicali (https://bit.ly/2JHXfAs).

¿Dijo la verdad el diputado? ¡Chi lo sa! El hecho es que poco más de un mes después, el 8 de julio, el Congreso bajacaliforniano aprobó una reforma constitucional que extendió de dos a cinco años el período del hoy gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla, en una acción que, con justeza, ha merecido repulsa generalizada.

La truculenta reforma, intentada varias veces antes de la elección y realizada cuando ésta ya se había efectuado, fue votada por el mismo denunciante, Gómez Macías, y por otros 20 diputados. En la sesión respectiva, solo uno de los presentes no sufragó a favor y anuló su voto: Miguel Osuna Millán. Otros tres legisladores, del total de 25, no asistieron.

La reforma, que implica una norma privativa prohibida por la Constitución y que difícilmente podrá materializarse, vulnera la Constitución estatal, inaplica principios constitucionales y electorales, desacata sentencias del Tribunal Electoral Federal, atropella escandalosamente a la democracia y al Estado de Derecho…

Fue el resultado de una operación dirigida por el presunto secretario general del próximo gobierno, Amador Rodríguez Lozano, expriista a quien se le atribuye experiencia en maniobras reñidas con la ley, particularmente de tipo comicial.

El semanario “Zeta”, dirigido por Adela Navarro Bello, publicó en su número del 12 de julio un detallado reportaje en el cual sostiene que la seguridad de tener un auditor superior que le cubra la espalda al gobernador y a los diputados de la XXII Legislatura, además de una promesa de impunidad, es lo que se puso sobre la mesa para aprobar la reforma constitucional. A cambio de su voto —añade—, “algunos diputados solicitaron dinero, otros, impunidad” (https://bit.ly/2Y3FnsR).

En Baja California se tiene la certeza de que a la violación masiva de normas y principios no fue ajeno el actual gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, habida cuenta de que su partido, el PAN, tiene mayoría en el Congreso local. Sin embargo, Vega ha dicho que no publicará la reforma, pero aparte de inoperante porque el Congreso puede ordenar la publicación, la negativa del gobernador puede ser una maniobra para obstaculizar la presentación de acciones de inconstitucionalidad y de impugnaciones de ciudadanos ante tribunales electorales. Si esto es así y las cosas se llevaran al extremo, podría actualizarse el por ahora inviable escenario de desaparición de poderes planteado por el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.

El surrealista caso bajacaliforniano es indicativo de que Morena, o al menos un sector, está aplicando una de las peores prácticas del viejo PRI, que a costa de envilecer a la política y a los políticos, compraba con dinero o prebendas las voluntades legislativas necesarias para materializar sus fines. Si así fuera, habría que deplorar la conducta de un nuevo y exitoso partido que para millones de mexicanos es la esperanza de cambio y que demasiado pronto ofrece signos de antidemocracia.

Desde otro ángulo, por más que se trata de un asunto estatal, sus efectos nocivos alcanzan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha manifestado su desaprobación, pero de una manera no proporcional a la gravedad del hecho.

En tanto, es extraño el silencio de la Secretaría de Gobernación, entre cuyas funciones están la conducción de la política interior y el fortalecimiento de las instituciones y la gobernabilidad democráticas. Podrá decirse que Segob no quiere pronunciarse por respeto al federalismo, pero parece clara la influencia en tal silencio del subsecretario señalado por el presidente del Congreso de Baja California..— Ciudad de México.

@EduardoRHuchim

omnia08@gmail.com

Periodista

 

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