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¿Utopía de la 4T?

La gratuidad de la educación superior

FREDDY ESPADAS SOSA (*)

Es un hecho evidente que durante los últimos veinte años ha habido un escaso o nulo incremento de los presupuestos que se destinan al financiamiento de las instituciones públicas de educación superior (IPES).

De acuerdo con un reciente estudio de la ANUIES, de 2000 a 2017 los recursos asignados a las IPES —medidos en porcentajes del Producto Interno Bruto— prácticamente se han mantenido estancados, pasando de su índice más bajo del 0.47 por ciento en 2000 a su punto más alto de 0.68 por ciento en 2014, para caer en 0.57 por ciento en 2014.

Recientemente, mediante un comunicado del Consejo Nacional de dicho organismo, los rectores reclamaron que “desde 2015 a 2020 el presupuesto se mantiene por debajo del aumento de la inflación y sin considerar el crecimiento de la matrícula ni las contrataciones de profesores y trabajadores” (El Universal, 12 de noviembre de 2020).

Esta política neoliberal condujo en los hechos a la creciente privatización de la educación superior, ya que la falta de espacios en las IPES significó una situación paradójica: a la par que se negaba el derecho de miles de jóvenes a cursar una carrera profesional, el capital privado se expandió con creces en el mercado al crearse innumerables establecimientos educativos, muchos de los cuales adolecen de bajos niveles de calidad en la enseñanza que imparten.

El rechazo masivo de jóvenes que se produce año tras año en las IPES es un fenómeno derivado del abandono de la responsabilidad social del Estado en esta materia. Esta enorme cantidad de rechazados —que no necesariamente reprobados— se convirtió en un jugoso filón para alimentar la sed de ganancias en las escuelas privadas que surgieron durante la época neoliberal, en una suerte de “boom” incontenible y escasamente regulado por el propio Estado.

La negación de los derechos de los y las jóvenes a la educación superior se convirtió así en un auténtico calvario para los padres y madres de familia pertenecientes a los estratos sociales populares, pues éstos sufren una sangría económica a sus precarios bolsillos, toda vez que ellos desean invariablemente que sus hijos e hijas se formen en una carrera profesional para luego insertarse de mejor manera en un mundo laboral altamente competitivo.

Sin ánimo de hacer apología sobre el gobierno de la 4T, es un hecho innegable que esta situación de clara injusticia y exclusión social comenzó a cambiar de manera sustancial desde el primero de diciembre de 2018, ya que una de las principales medidas que adoptó dicho gobierno fue la derogación de la mal llamada reforma educativa peñanietista y la realización de cambios trascendentales a la Constitución, especialmente la reforma del Artículo Tercero, en el que se prescribe que “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado —Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios— impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”.

Es de destacarse que en la Fracción X del reformado Artículo Tercero constitucional se prescribe lo siguiente: “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad…y proporcionará los medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas”. Es justamente en este precepto donde está el giro radical en cuanto a garantizar el ejercicio del derecho de los y las jóvenes a la educación superior.

Por otro aspecto, la nueva Ley General de Educación Superior (LGES) —publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2021— es el instrumento de política pública mediante el cual se garantizará el derecho de todo joven a cursar este nivel de enseñanza. Pero este nuevo ordenamiento —en fiel interpretación de lo preceptuado en el artículo Tercero constitucional— deja en claro que el Estado no sólo se obliga a impartir la educación superior, sino que se compromete a tomar las medidas graduales para que ésta se imparta de manera gratuita.

De conformidad con la fracción VIII del artículo Sexto de la LGES, la gratuidad de la educación superior significa que el Estado promoverá las acciones “para eliminar progresivamente los cobros de las instituciones públicas de educación superior a estudiantes por conceptos de inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias, en los programas educativos de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, así como para fortalecer la situación financiera de las mismas, ante la disminución de ingresos que se observe derivado de la implementación de la gratuidad”.

Finalmente, la LGES establece claramente (Artículo Tercero Transitorio) que para dar cumplimiento progresivo a la obligatoriedad y gratuidad en el acceso a la educación superior a toda persona que cuente con el certificado de bachillerato o equivalente, se implementarán acciones presupuestarias concretas a partir del ciclo 2022-2023.

¿Es una quimera o una utopía del gobierno de la 4T expandir la cobertura de la educación superior y ofrecerla de manera gratuita a toda persona que lo demande? ¿Habrá recursos públicos suficientes para hacer efectivo el derecho a este nivel educativo para todos los y las jóvenes que año con año eran injustamente rechazados por falta de cupo en las IPES? Esperemos que, en aras de la justicia social tan postergada por decenios, estas preguntas tengan una respuesta positiva en los años por venir.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán

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