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Protesta por Pablo Hásel

Habitantes de Barcelona protestan por arresto y condena de Hasél

Disturbios dejan 14 detenidos y 33 heridos en España

MADRID (AP).— Catorce personas fueron detenidas en protestas violentas en varias ciudades españolas tras la detención del rapero Pablo Hasél, según la policía.

El artista se atrincheró anteayer en una universidad con decenas de seguidores para evitar ir a prisión y llamar la atención sobre su campaña en defensa de la libertad de expresión.

Los servicios de emergencias informaron ayer miércoles que 33 personas fueron atendidas por lesiones en los disturbios.

Miles de personas participaron en una protesta en la ciudad nororiental de Barcelona, donde se prendió fuego a varios contenedores de basura y algunas personas lanzaron piedras a la policía. Varias tiendas y un banco sufrieron daños en escenas caóticas en una de las calles principales de la ciudad. Las autoridades municipales estimaron unos daños de unos 70,000 euros, según dijeron a la Televisión Española.

También se produjeron manifestaciones más pequeñas en otras ciudades españolas. Había nuevas protestas convocadas ayer.

El asedio de la policía a Hasél terminó anteayer por la mañana cuando oficiales antimotines lo detuvieron en la Universidad de Lleida, en el nordeste de España. Fue trasladado a prisión para cumplir su condena de nueve meses de prisión por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo en una canción sobre el rey emérito Juan Carlos I y 64 tuits.

Su caso llamó la atención y muchos artistas, famosos y políticos expresaron su apoyo y reclamaron un cambio en la conocida como “Ley mordaza” española.

El gobierno del país, una coalición de izquierdas, anunció la semana pasada que tenía planes para cambiar el código penal y eliminar las condenas a prisión por delitos relacionados con la libertad de expresión.

Hasél, cuyo nombre real es Pablo Rivadulla Duró, ya había afrontado antes cargos de agresión, allanamiento de un espacio privado, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.

Amnistía Internacional señaló que el caso era el último en una serie de juicios en España artistas y usuarios de medios sociales amparadas por la Ley de seguridad pública de 2015, aprobada por un gobierno conservador.

 

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