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Deslocalización de servicios de grandes empresas

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La globalización es uno de los fenómenos más destacados de la era en la que vivimos. Aunque los traslados, los intercambios y, en definitiva, las interrelaciones entre personas y comunidades de diferentes regiones del globo sean algo que se produce desde tiempos inmemoriales, lo cierto es que la velocidad, la cantidad y la frecuencia de interconexiones que se producen hoy en día no es si quiera comparable a los de tan solo unas pocas décadas atrás. Vivimos, cada vez más, en un mundo global, conectado y único.  

Uno de los principales sectores en los que esta globalización se hace más patente es el comercial. Cuestiones como la deslocalización de servicios de empresas ponen de manifiesto cómo la actividad comercial y los procesos de producción no se llevan a cabo en un solo país —como solía ser la tónica habitual antaño—, sino que, algo muy extendido hoy en día (especialmente entre grandes empresas) es que las diferentes etapas de la actividad se lleven a cabo en distintas regiones.

Las principales razones por las que las empresas hacen esto son bien sabidas. La estrategia empresarial de trasladar un centro de trabajo o determinados servicios a terceros países tiene que ver, en general, con los menores costes salariales que tienen estos terceros países y con las legislaciones laborales y medioambientales más flexibles que les rigen, y que amplían la capacidad de actuación de las empresas, reduciendo sus costes y aumentando su producción.

Por supuesto, esto, en gran parte de las ocasiones, supone un riesgo en el sentido de que las empresas tienen la capacidad de explotar a los trabajadores de esas regiones y contaminar más que en sus países de origen, ya que pueden imponer condiciones desequilibradas que no serían admisibles, legales o legítimas en sus lugares de procedencia.

Está claro que no siempre es así, existen organizaciones o empresas que deslocalizan sus servicios o procesos respetando y honrando las condiciones de sus trabajadores extranjeros y respetando el entorno en el que se sitúan. Sin embargo, estos casos no son actualmente ni mucho menos tan numerosos como los otros.

Uno de los principales problemas relacionados con este fenómeno derivado de la deslocalización empresarial es que los consumidores no suelen estar al tanto de las circunstancias que rodean a los productos o servicios que consumen —ya sea porque hacen oídos sordos o porque las empresas que deslocalizan los servicios no son transparentes a la hora de comunicar sus procesos, ni el trato que dan a sus trabajadores en regiones extranjeras, ni sus niveles de contaminación o impacto medioambiental en esas regiones—.

De alguna manera, podríamos decir que esto supone una estafa por parte de la empresa, que no da visibilidad sobre la procedencia ni sobre las formas y las condiciones bajo las cuales se producen sus productos o se ofrecen sus servicios.

Las deslocalizaciones de servicios suelen darse en países con índices de desarrollo o riqueza inferiores al país de origen de la empresa. Los ejemplos son variados, desde las grandes empresas norteamericanas deslocalizando toda clase de servicios en México hasta empresas europeas trasladando servicios de gestión a países del sudeste asiático, pasando por empresas españolas como Inditex deslocalizando la producción textil en diferentes destinos sudamericanos. Los ejemplos son muchos.

La capacidad que proporcionan las telecomunicaciones para deslocalizar servicios o incluso para deslocalizar a los propios trabajadores mediante el uso de redes privadas virtuales hace que grandes empresas desplacen centros de trabajo a lugares con mayor oferta de mano de obra cualificada y menores costes laborales.

La reducción de costes y la intención de aumentar la competitividad lleva a muchas empresas a dar el paso en esta dirección, obviando la posición de vulnerabilidad en la que ponen a los trabajadores de los centros de destino y los efectos negativos que sus traslados provocan en el medioambiente y también en sus economías domésticas (en este último caso, no sólo en relación a la creación o destrucción de empleo, sino también en su impacto directo a la riqueza nacional y la capacidad de cada país de mantener un estado de bienestar y unos servicios públicos de calidad).

Por suerte, las prioridades del consumidor van poco a poco cambiando, y cada vez más personas tienen en cuenta cuestiones como las condiciones de trabajo, el impacto medioambiental o la responsabilidad corporativa de las empresas a la hora de tomar sus decisiones de consumo —por encima únicamente del precio o la comodidad—.

Es previsible que, en el futuro, comportamientos explotadores e irrespetuosos, que contraríen o ignoren condiciones laborales y medioambientales dignas, se conviertan en inadmisibles, no solo a nivel legal, sino, incluso antes, a nivel comercial, porque los consumidores hayan dado la espalda a las empresas que tengan en su seno este tipo de comportamientos. (I.S.)

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