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Independentistas catalanes llaman a la unidad en espera de la resolución del TS

MADRID, España.- El soberanismo catalán amaga con avivar las tensiones políticas, incluso con la “autodeterminación“, si el Tribunal Supremo español (TS) condena a penas de cárcel a los doce dirigentes juzgados por el proceso independentista inconstitucional de 2017 en Cataluña, cuya sentencia se conocerá dentro de unos meses.

Seis hombres y una mujer a quienes se ha presentado como los últimos garantes del Estado de Derecho frente al desafío secesionista catalán. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: El presidente del Tribuna Supremo, Manuel Marchena, y los magistrados Antonio del Moral,Luciano Varela,Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta.- (EFE)
Foto de archivo del presidente catalán, Quim Torra, durante una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, en Barcelona, España.- (EFE/Andreu Dalmau)
52 sesiones del juicio más importante en la historia de España desde el 23-F, 18 semanas de vista oral en el Tribunal Supremo y 12 protagonistas. En la imagen, de izda. a dcha. y de arriba abajo, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; El presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena; el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cruixart; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; el fiscal Javier Zaragoza; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; El mayor de los Mossos D'Escuadra Josep Lluís Trapero; el jefe del dispositivo policial durante el 1-O, Diego Pérez de los Cobos; El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; el abogado de Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina, y el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde.- (EFE)

El centro de atención judicial -y también política- está ahora en los siete magistrados que resolverán si parte de los acusados cometieron un delito de rebelión, como aseguró la Fiscalía durante el juicio, el más importante que ha vivido España desde que fueron procesados los responsables del intento de golpe de Estado militar de 1981.

Sedición y no rebelión

La Abogacía del Estado acusa a los independentistas de sedición, que implica penas de prisión más bajas que la rebelión, y los abogados defensores piden la absolución convencidos de que fueron juzgados simplemente por su ideología secesionista.


En la última sesión del juicio, celebrada el miércoles, los líderes independentistas juzgados pidieron una sentencia que devuelva la cuestión catalana a la política y no agrave más la situación, porque de ello depende el futuro de muchas generaciones y la convivencia entre Cataluña y el resto de España.

Una “farsa”

Nada más terminar el juicio, que ha durado cuatro meses, y sin esperar a la sentencia, el presidente regional de Cataluña, el independentista Quim Torra, afirmó que el proceso judicial fue una “farsa” porque lo que se pretende “juzgar y sentenciar” es “el anhelo democrático de libertad de todo un pueblo (el catalán).”


Por eso, argumentó, es el momento de poner en marcha “una unidad estratégica” (del soberanismo) para la “autodeterminación” como derecho “irrenunciable” que pertenece a los catalanes.

Referéndum ilegal

Precisamente uno de los motivos por los que el TS juzgó a los doce independentistas fue la convocatoria, organización y celebración de un referéndum ilegal de “autodeterminación” el 1 de octubre de 2017, pues la Constitución española impide la separación de cualquier parte del territorio nacional.


Pero Torra apeló este jueves en el Parlamento catalán a la unidad del soberanismo para “mantener el rumbo” del 1 de octubre y dar una respuesta conjunta en caso de que los procesados sean condenados.

Gobierno de Cataluña

Torra, del partido JxCat (centroderecha), gobierna la región de Cataluña en coalición con los también independentistas de ERC (republicanos de izquierda).


El líder de ERC en el Parlamento catalán, Sergi Sabrià, dijo hoy que “la venganza lleva toga” en España, en alusión a los jueces y fiscales. Ahora es momento de “pasar a la etapa de construcción de la república e ir con paso firme a la independencia“, añadió.

Juicio modélico

Por el contrario, la ministra española de Justicia, Dolores Delgado, replicó que el juicio fue “modélico en cuanto a la transparencia, las garantías y al ejercicio del derecho de defensa.”


En este ambiente, el partido de Torra (JxCat) anunció hoy en el Congreso español que “no se dan las circunstancias para favorecer” la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno español.


JxCat dispone de siete diputados, pero tres de ellos -juzgados por el Tribunal Supremo- están en prisión preventiva, fueron suspendidos de sus funciones y no pueden asistir a las sesiones parlamentarias.

Nueva legislatura

Sánchez, con mayoría relativa en la cámara, necesita el voto o al menos la abstención de otras fuerzas parlamentarias -por ejemplo JxCat y ERC- para poder renovar como jefe del Ejecutivo después de las elecciones del 28 de abril pasado.


ERC, por su parte, no tiene intención de bloquear la legislatura, aunque exige “hablar” con el Gobierno español sobre la situación de Cataluña porque el problema, argumenta, se soluciona dialogando, no con jueces y policías.


El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no aclaró hoy si su grupo se abstendría o no en la votación sobre Sánchez, pero aseguró que el entendimiento será posible si los socialistas son valientes y apuestan por el diálogo para buscar una salida a la crisis catalana.

Motor de la rebelión

El principal juzgado por el proceso independentista es el líder de ERC y exvicepresidente del gobierno regional catalán Oriol Junqueras, que cumple prisión provisional y también está suspendido como diputado del Congreso.


La Fiscalía lo considera “motor principal de la rebelión” y reclama para él la pena máxima entre los doce soberanistas juzgados: 25 años de cárcel.

El conflicto catalán

A pesar de gobernar juntos, las estrategias de JxCat y ERC no siempre han coincidido, incluso a veces discrepan sobre cómo relacionarse con el Gobierno español y cómo resolver lo que ellos llaman el “conflicto político catalán.”


Condenatoria o absolutoria, la sentencia del juicio, que podría conocerse a partir de septiembre, no dejará indiferente a nadie y repercutirá, probablemente, tanto en la política catalana como en la española.

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