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Juez de Puerto Rico ordena registrar teléfonos por chat obsceno

Ricardo Roselló
Manifestantes se reúnen para pedir la renuncia del gobernador Ricardo Roselló


SAN JUAN. — La crisis política en Puerto Rico dio un nuevo giro el martes. Un juez emitió órdenes de registro para los teléfonos celulares de funcionarios del gobierno vinculados con un chat en línea que desencadenó la crisis política más reciente en el territorio de Estados Unidos.


El portavoz del Departamento de Justicia Territorial, Kelvin Carrasco, dijo el martes que las órdenes fueron aprobadas anoche y que eran válidas para los que aún no han entregado sus teléfonos. No identificó a los funcionarios y se negó a hacer más comentarios debido a que la investigación está en curso.

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La decisión de emitir las órdenes se da después de protestas masivas que exigen la expulsión del gobernador Ricardo Rosselló, quien participó en una charla en línea ofensiva y obscena entre él y sus asesores.

Esa conversación se filtró y desencadenó la crisis actual. El grupo también insultó a las mujeres y se burló de los electores, incluyendo a las víctimas del huracán María.


La crisis política ha alcanzado tal punto que muchos se preguntan cómo es que Rosselló podrá seguir gobernando la isla ante las exigencias por su renuncia.


“Si el pueblo quiere que él renuncie, pues el deber de él como gobernador es renunciar, porque el pueblo es el que elige”, declaró Alexander Ortiz, un estudiante universitario de 18 años de edad originario de Gurabo.


Rosselló se aferró al cargo el lunes en la noche luego de la que parece haber sido la mayor protesta en casi dos décadas en la isla. En declaraciones a la televisora Fox News, el dirigente afirmó que ya se había disculpado por la filtración del chat, pero los puertorriqueños siguen insatisfechos y aseguran que continuarán manifestándose hasta que abandone el cargo, sin importar el tiempo que tome.


El martes, Rosselló emitió un comunicado ofreciendo un tono más conciliador.


“Cuando una parte habla con legitimidad, la otra es responsable de escuchar atentamente. El pueblo está hablando y me toca escuchar. Han sido momentos de total reflexión y de tomar decisiones que se van ejecutando según las preocupaciones del pueblo de Puerto Rico y sus mejores intereses”, dijo el gobernador.


Los manifestantes siguen insatisfechos.


“Somos capaces de aguantar lo que sea”, dijo Francisco Javier Díaz, un ingeniero químico de 30 años de Corozal, una localidad del centro del país. “Tenemos el poder y la resiliencia. La verdad es que estamos cansados”.


El martes se cumple la 11ma jornada consecutiva de protestas, mientras los allegados al gobierno de Rosselló siguen renunciando. Incluso su propio padre, el ex gobernador Pedro Rosselló, dejó sus cargos en el Partido Nuevo Progresista y canceló su membresía, en un serio revés para los miembros de la facción política.


Por su parte, Ricardo Rosselló dijo que no dimitirá y recordó que ya anunció que no se presentará a la reelección en 2020 y que dejó la presidencia de su partido.


El mandatario justificó su decisión alegando que así puede centrarse en sus deberes, refiriéndose en parte a la lucha contra la corrupción y a la supervisión de las labores de reconstrucción del paso del huracán María.
La isla también ha visto recientemente cómo varias autoridades han sido detenidas por cargos federales de corrupción, entre ellas la ex secretaria de Educación Julia Keleher.


Preguntado quién le está recomendando a Rosselló que permanezca en el puesto, su secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, dijo que el mandatario estaba hablando con su familia y que “eso tiene un gran peso”. El padre de Rosselló fue gobernador de 1993 a 2001.

Juicio político para Roselló


Algunos puertorriqueños han aceptado que el gobernador no renunciará, y afirmaron que entonces presionarán a los legisladores para que inicien un juicio político.


“Tienen el poder en sus manos”, señaló Normarie Matos, una gestora financiera de 43 años de San Juan. “Ya a la gente se le quitó el miedo”.
La multitudinaria protesta del lunes se produjo 10 días después de la filtración de 889 páginas de chats en la aplicación Telegram.

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