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''Nadie está encima de la ley''

Partidarios y opositores de la jueza nominada al Supremo

Jueza evita hablar sobre los poderes del presidente

WASHINGTON (EFE).— La jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett, nominada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cubrir una vacante en el Tribunal Supremo, evitó pronunciarse sobre los poderes del mandatario, aunque aseguró que “nadie está encima de la ley”.

Amy Coney Barrett, católica y de 48 años, comparece desde el lunes ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, donde está siendo interrogada por los legisladores sobre su visión legal respecto a temas tan controvertidos como el derecho al aborto y al voto, así como el futuro de la Ley de Cuidado Asequible (ACA), conocida como “Obamacare”, la reforma sanitaria impulsada por el expresidente Barack Obama (2009-2017).

En el que quizás fue el momento más polémico del día, la jurista conservadora aseguró que nadie está por encima de la ley, pero eludió aclarar si el presidente tiene derecho a autoindultarse, como ha alegado Trump en el pasado.

Fue el senador demócrata por Vermont Patrick Leahy quien le preguntó a Amy Coney Barrett sobre los poderes del mandatario y si ella pensaba que no hay ningún estadounidense por encima de la ley.

“Estoy de acuerdo, nadie está por encima de la ley”, respondió Amy Coney Barrett, ante lo que Leahy señaló a continuación: “¿Un presidente tiene un derecho absoluto a perdonarse a sí mismo por un delito? Es decir, oímos esta pregunta tras el juicio político al presidente (Richard) Nixon” (1969-1974).

La magistrada contestó: “Senador Leahy, hasta donde yo sé, esa cuestión nunca se ha litigado, esa pregunta nunca se ha hecho, esa cuestión puede que se presente o no, pero apela a un análisis legal sobre lo que es el alcance del poder de perdón. Como sería opinar sobre una cuestión abierta sobre la que no he estado en un proceso judicial para decidir sobre ella, no puedo ofrecer mi punto de vista”.

“Derecho absoluto”

En 2018 Trump afirmó que tenía el “derecho absoluto” a perdonarse a sí mismo, pero aclaró que no lo haría porque no había hecho “nada mal”, en relación con la investigación federal en marcha en ese entonces sobre la llamada trama rusa, que llevó al cabo pesquisas sobre la presunta injerencia de Moscú en los comicios de 2016.

En otro punto de vista controvertido, Amy Coney Barrett consideró, además, que el Tribunal Supremo no tiene recursos para garantizar que la gente cumpla sus decisiones, ni siquiera el presidente: “El Tribunal Supremo no puede controlar lo que el presidente obedece”.

La jueza mencionó que el presidente Abraham Lincoln (1861-1865) desobedeció en una ocasión la orden de una corte de menor instancia durante la Guerra Civil estadounidense.

“Las cortes no tienen ni fuerza ni voluntad, en otras palabras, no podemos hacer nada para hacer cumplir nuestras propias sentencias”, dijo Amy Coney Barrett.

“En cuestión del derecho, el Tribunal Supremo puede tener la última palabra -subrayó-. El Tribunal Supremo carece de control de lo que ocurre después de eso. Depende de las otras ramas (del poder) para reaccionar a sus decisiones de manera acorde”.

Trump ha insinuado en varias ocasiones que podría no aceptar el resultado de las elecciones del próximo 3 de noviembre, en las que se bate con el exvicepresidente demócrata Joe Biden, si no resulta ganador y, desde hace meses, lleva agitando las sospechas de que se produzca un hipotético fraude debido al voto por correo, que será fundamental debido a la pandemia de coronavirus, con lo que no es descartable que el escrutinio de las elecciones acabe en esa corte.

Por otro lado, la semana pasada, un tribunal de apelación dictaminó que la Fiscalía del sur de Nueva York podía exigir a Trump su declaración de impuestos, mientras que el abogado del presidente, Jay Sekulow, adelantó que recurrirá al Supremo con la esperanza de evitar el envío de esos documentos.

Leahy intentó poner a la jueza en apuros con otra pregunta sobre la cláusula de la Constitución sobre los emolumentos que puede recibir el presidente, que sirve para limitar cualquier influencia exterior prohibiendo al jefe de Estado recibir regalos del extranjero.

En ese sentido, el senador, que citó informaciones aparecidas en medios de comunicación, cuestionó a Amy Coney Barrett sobre si los negocios inmobiliarios de Trump, con sus hoteles y clubes, por valor de decenas de millones de dólares con entidades extranjeras entrarían en esa cláusula.

Y la jueza se mostró de nuevo esquiva: “Al ser algo que se está litigando, está muy claro que es algo sobre lo que no puedo expresar mi opinión, porque podría acabar ante mí”.

Más allá del asunto de los poderes del presidente la sesión de este miércoles ante el Comité Judicial transcurrió a grandes rasgos entre los intentos de los demócratas de desprestigiar a Amy Coney Barrett por sus visiones sobre el aborto y el “Obamacare”, frente a los republicanos que intentaron protegerla y la alabaron.

El presidente de dicho comité, el senador republicano Lindsey Graham, abrió la sesión de ayer proclamando la probable confirmación de Amy Coney Barrett en el pleno de la cámara, de mayoría conservadora, como “una victoria histórica” para una mujer abiertamente antiabortista.

“Esta es la primera vez en la historia estadounidense que hemos nominado a una mujer que sin sufrir vergüenza es provida y abraza su fe sin disculpas, y va a ir a la corte (suprema)”, auguró Graham.

Amy Coney Barrett no obstante ha evitado responder a las preguntas constantes por parte de los demócratas sobre cual será su opinión si se presenta un caso relacionado con el aborto, aunque ha dejado claro que se opone a este derecho.

Los republicanos quieren confirmar a Amy Coney Barrett en el pleno del Senado el 22 de octubre, por lo que podría vestir la toga del Tribunal Supremo antes de las elecciones del 3 de noviembre.

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