Se pagarán al año unos $5 millones a exgobernadores
A partir de 2018, el gobierno del Estado tendrá que erogar más de cinco millones de pesos cada año por el pago de la jubilación de cinco de los seis exgobernadores de Yucatán que cumplen con los requisitos para reclamar ese derecho.
Además de Patricio Patrón Laviada, quien empezó a cobrar este marzo una pensión mensual de $106,228, como ya informamos, el gobierno paga la pensión de los exmandatarios Francisco Luna Kan, Víctor Manzanilla Schaffer, Federico Granja Ricalde y Dulce María Sauri Riancho, aunque la de éstos asciende a $80,959 al mes, por lo menos a diciembre de 2017, según la Secretaría de Administración y Finanzas.
Al año, Patrón Laviada recibirá $1.274,736 y los demás exgobernadores $971,508 por persona.
En total, por concepto de pensiones a los exgobernadores, los causantes pagarán este año $5.160,768.
En su debido momento, cuando lleguen a los 60 años de edad y cumplan con otros requisitos, la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco (45 años) y el actual mandatario, Rolando Zapata Bello (49) podrán exigir el pago de su pensión, pero éstos serían los últimos en hacerlo.
Como se sabe, el propio Zapata Bello abrogó en mayo de 2017 la Ley de Pensiones para los Exgobernadores del Estado de Yucatán, que estaba vigente desde 1994, de modo que los gobernadores electos a partir de este año ya no podrán reclamar el pago de su jubilación.
Zapata Bello e Ivonne Ortega sí lo podrán hacer porque, de acuerdo con el consejero jurídico del Ejecutivo estatal, Carlos Pavón Flores, ellos ocuparon la titularidad del gobierno del Estado antes de la derogación de esa ley y el artículo 14 de la Constitución señala que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
Consideraciones
El Decreto 489/2017 por el que se abroga la Ley de Pensiones, firmado por Zapata Bello y publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2017, establece que “quedan a salvo y subsistentes los derechos adquiridos al amparo de la ley que se abroga”.
Esta ley prevía que las personas que hayan ocupado la titularidad del Ejecutivo del Estado podrían solicitar al gobernador una pensión vitalicia, siempre que cumplan con estos requisitos:
Tener más de 60 años de edad, no estar desempeñando un cargo público remunerado en cualquiera de las tres instancias de gobierno, no tener ingresos económicos fijos o tenerlos por un monto inferior al monto de la pensión establecida en esta Ley y no haber sido privado del cargo mediante juicio político.
En el caso de que el solicitante acredite un ingreso inferior al monto de la pensión establecida, decía la ley, “se le podrá otorgar por la diferencia, de manera que su ingreso alcance la cantidad que merece por los servicios prestados al Estado”.
También preveía que “la viuda del exgobernador pensionado continuará disfrutando vitaliciamente de la pensión concedida en los términos de esta Ley, siempre y cuando haya prestado algún servicio al Estado”.
De acuerdo con esa ley de 1994, “el monto de la pensión mensual será la cantidad en numerario equivalente a $15,000 mensuales, que será actualizada anualmente conforme a los índices inflacionarios señalados por el Banco de México”.
El decreto en el que gobernador Zapata Bello autoriza la pensión a Patrón Laviada establece que éste cumple con todos los requisitos, por lo que se le fija una cantidad mensual de $106,228, de acuerdo con los parámetros actualizados del Banco de México.
La ley de 1994 consideraba el pago de pensión a todos los exgobernadores, independientemente del tiempo que hayan servido en el cargo.
De los cinco exgobernadores pensionados, sólo dos cumplieron el período de seis años (es decir, 72 meses): Luna Kan y Patrón Laviada.
Gestión incompleta
Por distintos motivos, Granja Ricalde gobernó sólo 18 meses; Dulce María Sauri, 33 meses, y Manzanilla Schaffer, 36, aunque los tres cobran pensión vitalicia completa.
Luna Kan cumplió 60 años en 1985, pero obtuvo su pensión en 1995, con un monto de $19,112 al mes, que fue aumentando hasta la cantidad que recibe hoy de $80,959, lo mismo que reciben los demás exgobernadores, menos Patrón Laviada.
En el caso de Granja Ricalde, éste cobra los mismos $80,959, aunque inicialmente el gobierno calculó un monto menor.
De acuerdo con datos recabados, cuando el exgobernador obtuvo su pensión en septiembre de 2007, a los 65 años, la actualización de los $15,000, de acuerdo con el índice inflacionario del Banco de México, arrojaba que podría cobrar $64,360.
Pero como el exgobernador declaró que recibía una percepción mensual otorgada por el Issste de $15,161, el gobierno del Estado le autorizó una pensión menor, $49,198.58, mismos que resultan de la diferencia entre sus ingresos fijos y la actualización indicada en la ley. Pese a esto, Granja Ricalde cobra lo mismo que sus demás compañeros.
Aunque los montos de las pensiones de los exgobernadores son altas, hay otros exservidores públicos que cobran cantidades mayores.
En enero, Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, publicó que por encima de los exmandatarios la pensión más alta en el gobierno del Estado asciende a $118,135 y corresponde a Vicente Tun Velázquez, quien se jubiló como presidente del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa en febrero de 2012, gracias a un decreto de Ivonne Ortega.
De acuerdo con este decreto, Tun Velázquez debe gozar de un monto de jubilación igual al último sueldo devengado, que se actualiza en proporción a la variación que registre la de los otros exmagistrados del Tribunal del Poder Judicial.
Éstos reciben $117,646 al mes, un poco menos que Tun Velázquez, y son: José Alfonso López Manzano, Mercedes Eugenia Pérez Fernández, Ángel Prieto Méndez, María del Carmen Martínez Flores, Emilio Alberto Delgado Flores, Gonzalo Humberto de Jesús Gutiérrez García y Amira Hernández Guerra (viuda de Víctor Cervera Pacheco).
Por cierto, un magistrado en activo, Ricardo Ávila Heredia, fue quien firmó el decreto que promulgó la ley de 1994, una idea original de Dulce María Sauri.
Ella fue gobernadora del 14 de febrero de 1991 al 1 de diciembre de 1993, como mandataria interina, para terminar el período de Víctor Manzanilla Schaffer, pero dos meses antes renunció y Ávila Heredia, que era el secretario de Gobierno, terminó su período como encargado del despacho.
Ávila Heredia se convirtió después en magistrado del Tribunal Superior y en ese puesto, además de su sueldo, cobra una pensión del gobierno del Estado por $50,512, desde 2001.— HERNÁN CASARES CÁMARA