Fraude con apoyos oficiales y empresa “fantasma” afecta al campo yucateco

jueves, 20 de febrero de 2020 · 08:35

Cientos de pequeños productores citrícolas de Sacalum y otras poblaciones del sur del Estado están furiosos e inconformes con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) por su decisión de cobrarles varios millones de pesos de apoyos económicos aprobados en 2018 que, según ellos, nunca recibieron.

De acuerdo con datos recabados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, supuestos empresarios coludidos con servidores públicos de esa dependencia cobraron el dinero, al parecer mediante una estrategia que incluyó compañías “fantasmas”, proveedores de servicios hidroagrícolas y funcionarios de la delegación de la entonces Sagarpa, hoy Sader.

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[caption id="attachment_599984" align="alignright" width="231"]Pablo Castro Alcocer, delegado de la Sagarpa de octubre de 2015 a febrero de 2018 Pablo Castro Alcocer, delegado de la Sagarpa de octubre de 2015 a febrero de 2018[/caption]

En esta historia salen a relucir otra vez los nombres de Pablo Castro Alcocer, delegado de la Sagarpa de octubre de 2015 a febrero de 2018; de su sustituto, Luis Enrique Martínez Ordaz, y de Juan José Canul Pérez, secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Rolando Zapata Bello y a quien sucedió el propio Castro Alcocer.

Los responsables de este presunto fraude “hicieron todo muy bien y manipularon la papelería y los documentos a su conveniencia”, señala uno de los abogados de oficio que defiende a los afectados.

La semana pasada éstos recibieron una carta de la Sader donde se les pide la comprobación del gasto del subsidio federal que recibieron en 2018 para modernizar sus sistemas de riego.

En riesgo de sufrir un embargo

Si no lo hacen corren el riesgo de que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) les embargue sus bienes, afirma Marcos Interián Villacís, uno de los dirigentes de los citricultores afectados.

Sin embargo, no pueden comprobar esos gastos sencillamente porque no cobraron el dinero del subsidio, añade.

La campaña de la Sader para recuperar apoyos presuntamente desviados en el gobierno anterior no solo afecta a los citricultores de Sacalum, sino a cientos de campesinos y ganaderos de varias regiones del Estado, quienes también bajo engaños firmaron solicitudes se subsidios pero nunca los cobraron o los recibieron a medias.

“Eso es una cosa grande, creada por los gobiernos anteriores, que ahora está a punto de estallar”, advierte Interián Villacís.

El origen del problema

De acuerdo con algunos productores afectados entrevistados por Central 9, el problema de Sacalum se inició en julio de 2018, cuando, cuatro meses antes de que acabara el gobierno de Enrique Peña Nieto, empleados de la delegación de la Sagarpa se entrevistaron con 10 grupos de citricultores de la zona.

Los convencieron de participar en el Programa de Incentivos de Sistemas de Riego Tecnificado mediante el cual podrían modernizar sus sistemas de riego y recibir un subsidio de la Federación a fondo perdido.

El gobierno se comprometía a dar el 50 por ciento del costo de la obra y los productores el resto.

Modernización de sistemas de riego

Los 10 grupos de citricultores —cada uno integrado con 20 socios, que trabajan en la zona del Plan Chac, en la carretera Muna-Sacalum— aceptaron la oferta y acordaron, con las autoridades, financiar la modernización de sus sistemas de riego.

Esta consistía en la instalación de equipos de microaspersión sobre 385 hectáreas a un costo de $13.107,170 ($34,000 por hectárea), de los cuales $6.544,000 los pondrían los productores y el resto el gobierno.

Estos subsidios los autorizó Jesús Arroyo García, director general de Fibras Naturales y Biocombustibles, encargado del Programa de Sistemas de Riego Tecnificado, desde sus oficinas en Ciudad de México.

“Beneficiarios” y compromisos

Entre los beneficiarios figuraban los grupos representados por las siguientes personas:

Wílberth González Várguez, Luis Enrique Medina Manrique, Juan Santamaría Salazar, Armando Poot Mex, Víctor Daniel Tec Koyoc, Tarcilo Muñoz Ciau, Juan Manuel Anguas Chablé, Ildefonso Manzanilla González, Marcel Várguez Tello y Guadalupe Manzanilla Andrade.

Los productores firmaron el convenio el 31 de julio de 2018, con el cual el Gobierno Federal se comprometió a entregar a los representantes de las unidades de riego entre 595,000 y 748,000 pesos, dependiendo del proyecto. Los campesinos se comprometían a dar una cantidad similar.

Anomalías desde el principio

El problema se inició de inmediato, pues los productores nunca tuvieron la oportunidad de seleccionar una empresa para instalar los equipos a su conveniencia.

Por el contrario, personal de la Sagarpa llevó a los representantes de los grupos de citricultores a la delegación en Mérida, donde bajo engaños les hicieron firmar contratos con la compañía Construcciones y Especialistas en Urbanización, S. A. de C. V., que se encargaría de realizar los trabajos.

A ésta también le endosaron los cheques con la aportación federal al proyecto.

La presunta empresa desapareció

Sin embargo, según los campesinos, esta empresa no puso ni un solo tubo pese a que cobró el dinero de los productores y del gobierno. Luego desapareció, con la aparente anuencia de las autoridades.

De acuerdo con los afectados, esta empresa no solo firmó contratos con los citricultores de Sacalum sino con muchos otros, sobre todo del sur del Estado.

[caption id="attachment_599991" align="alignleft" width="164"]Juan José Canul Pérez, secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Rolando Zapata Bello, a quien sucedió Pablo Castro Alcocer Juan José Canul Pérez, secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Rolando Zapata Bello, a quien sucedió Pablo Castro Alcocer[/caption]

Construcciones y Especialistas en Urbanización logró la mayoría de estos contratos durante la breve gestión de Martínez Ordaz al frente de la delegación de la Sagarpa.

La gestión de Luis Enrique Martínez Ordaz

Éste llegó al puesto el 8 de febrero de 2018, en sustitución de Castro Alcocer, quien fue designado secretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado, en lugar de Canul Pérez.

[caption id="attachment_599988" align="alignright" width="172"]Luis Enrique Martínez Ordaz, quien sustituyó a Pablo Castro Alcocer como delegado de la Sagarpa Luis Enrique Martínez Ordaz, quien sustituyó a Pablo Castro Alcocer como delegado de la Sagarpa[/caption]

Éste, a su vez, renunció al cargo para ser candidato del PRI a la diputación federal del Distrito V.

Martínez Ordaz dejó la Sagarpa el 30 de noviembre de 2018. Hizo apenas nueve meses en el puesto y se fue abruptamente, sin cumplir con el proceso de entrega-recepción de la delegación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Antes de llegar a la delegación de la Sagarpa Martínez Ordaz se desempeñó como responsable de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, dependiente de la Sagarpa. Llegó a ese puesto en octubre de 2015, pocos días después del nombramiento de Castro Alcocer como delegado.
Ambos funcionarios trabajaron juntos más de dos años.

Cargos en la política y gobierno del PRI

Martínez Ordaz fue también diputado local por el PRI de 2012 a 2015, director de Protección Civil del gobierno estatal y luego subsecretario de Prevención y Seguridad Pública en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, una de sus principales impulsoras.

También ha figurado varias veces como aspirante a la alcaldía de Progreso.

Como publicamos en otras entregas de Central 9, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó graves irregularidades en la gestión de Castro Alcocer al frente de la Sagarpa, sobre todo en 2017, en contubernio con Canul Pérez, cuando éste era secretario de Desarrollo Rural.

Apoyos federales en empresas “fantasma”

Entre los señalamientos de la ASF destacan el uso de empresas “fantasma” como proveedoras de insumos agrícolas en los programas federales de apoyo al campo y la entrega de maquinaria y equipo subsidiado a productores inexistentes.

En este contexto se da el nombramiento de Martínez Ordaz como sucesor de Castro Alcocer en la delegación de la Sagarpa y en la selección de Construcciones y Especialistas en Urbanización, S. A. de C. V., como “proveedor” de equipo y maquinaria de riego agrícola, cuyo incumplimiento tiene hoy al borde del embargo a decenas de pequeños citricultores.

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Se trata, según muchos indicios, de otra empresa “fantasma” usada por funcionarios del gobierno anterior para desviar cuantiosas cantidades de dinero público en lo que Interián Villacís llama “un fraude con todas sus letras”.

“Lo peor es que ahora se busca que sean los campesinos quienes paguen los platos rotos”, añade.

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