Policías de Mérida denunciarán a la Fiscalía de Yucatán por el caso Ravelo

Abogado anticipa denuncia civil por daños a policías
viernes, 29 de octubre de 2021 · 20:50

David Dorantes Cabrera, defensor de los policías municipales de Mérida, informó que hoy viernes solicitó el no ejercicio de acción persecutoria a la Fiscalía General de la República (FGR) con base en la investigación que realizó por el fallecimiento del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría.

Con ese trámite y la resolución que dé la fiscalía federal quedará archivado el proceso de investigación y judicial contra sus defendidos, pero el expediente continuará abierto contra los funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el personal del hospital O’Horán.

Dorantes Cabrera anticipó que sus defendidos y él mismo reúnen documentos oficiales y peritajes, a fin de preparar una denuncia civil contra el gobierno del Estado y la FGE por el daño moral y económico que ocasionaron a los policías municipales al exhibirlos públicamente como los responsables del fallecimiento, tortura y violación.

Según expuso, esas acusaciones causaron graves perjuicios psicológicos, morales y económicos a los policías, además del gasto en asesoría legal, pago de peritajes y defensa, así como la suspensión de sus actividades habituales como policías operativos, entre otros gastos que generó la investigación en su etapa estatal y que al final la investigación federal los exoneró de todo.

Policías piden sanción para el fiscal de Yucatán

A su juicio, el responsable directo de las irregularidades que sirvieron para culpar falsamente a los policías municipales es el fiscal general Juan León León, pues él dio las conferencias de prensa donde señalaron a los policías municipales, que hubo violación porque al joven le introdujeron un objeto duro, y en todo momento se condujo con falsedad ante los medios de comunicación.

“Sabía que no era así los hechos y realizó una serie de señalamientos que no correspondía a la realidad del caso, él es uno de los que deben sancionar y debe renunciar”, señaló el litigante.

“Otros responsables son los directores del servicio médico forense y periciales porque hicieron una necropsia y no pudieron determinar la causa de la muerte, y eso es una falta de responsabilidad”.

“Los ministerios públicos y policías que tuvieron a sus cargos las investigaciones reciben órdenes, pero ya corresponderá a la autoridad investigadora determinar el nivel de participación que tuvieron”, refirió.

¿El anuncio de la FGR exonera a los policías municipales?, se le preguntó.

“No de forma definitiva, hasta que se decrete la no acción penal contra ellos”, dijo. “Esa investigación fue amplia y abarcó todas las líneas posibles. Finalmente los peritos de la FGR determinaron la verdadera causa de muerte de José Eduardo, fue neumonía, no traumática”.

“Conversé con los policías que defiendo, están contentos y tranquilos. Sabían que no participaron en estos hechos, pero sí están sorprendidos de que la FGR reconozca que la Fiscalía estatal falseó la investigación y presionó a los testigos”, indicó. “El resultado de la investigación de la FGR reforzó lo que yo venía exponiendo en el procedimiento”.

Es grave lo que hizo la Fiscalía estatal, además de los delitos que cometió, porque no es un caso aislado eso de falsificar investigaciones y peritajes. Hoy lo sabemos porque es un caso muy sonado y lo dice una autoridad federal, pero son constantes las irregularidades que cometen en las investigaciones de delitos”.

“Esperemos que después de esto, la Fiscalía General (de Yucatán) cambie su forma de trabajar. Soy defensor y me encuentro con acciones de este tipo en forma recurrente”.

¿Hasta qué punto afectó este caso a los policías acusados?

“Ellos fueron señalados como unos violadores, asesinos, torturadores; ellos tienen familias, hijos, un trabajo y sin duda tienen una afectación psicológica, económica y un desgaste por las diligencias que llevamos los abogados, los peritos”, reiteró. “Claramente hay un daño moral y el gobierno del Estado y la Fiscalía estatal deberán resarcir esos daños”.

“Los exhibieron mediáticamente por las autoridades. Vamos a litigar por la vía civil. Todavía no sabemos el monto de la reclamación que pedirán, estamos reuniendo el sustento de la denuncia y en 15 días tendremos las constancias y la cuantía del monto de la indemnización”.

Independientemente de la persecución de los delitos que determine la FGR, la denuncia desde la vía civil por la reparación del daño moral dice que alguna autoridad debe aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a los que resulten responsables de las acusaciones falsas.

¿Cree que este caso afecta el trabajo coordinado entre las autoridades federales, estatales y de Mérida en materia de combate a los delitos?, se le preguntó.

“Es un hecho aislado lo que aconteció. En primera instancia debe estar la seguridad de la ciudadanía y anteponer esto ante cualquier diferencia. Creo que no se debe afectar esa coordinación”.

¿Los policías volverán a sus antiguas funciones?

“No creo que puedan tener una vida normal después de todo esto”, señaló.

“Ellos tienen trabajos de oficina como medida cautelar de protección desde que los acusaron, pero su labor es estar en contacto con la ciudadanía, tres de los cuatro son agentes que manejaban una unidad, realizaban patrullajes de vigilancia, mantenían la seguridad, atendían denuncias ciudadanas y realizaban detenciones apegados a los protocolos cuando se requería”.

¿Cómo queda la Fiscalía estatal con estas revelaciones de la FGR?

“Creo que queda mal parada. Tuvo que venir la Fiscalía federal a decirles lo que sucedió, demostraron su incompetencia para determinar la causa del fallecimiento, teniendo todos los recursos técnicos y científicos no es creíble que no hayan podido determinar la causa de la muerte de ese joven”.

¿Hubo dolo para incriminar a los policías municipales?

“No se puede explicar de otra manera. La única intención era responsabilizar a los policías de Mérida, sí creo que lo hicieron en forma intencional”, respondió.

¿Ve algún matiz político en este caso?

“Pudiera ser, pero más bien creo que actuaron por presión social y por dar un responsable, consideraron una teoría del caso y se aferraron a ello”, indicó.

¿Cómo vio el respaldo que dio el alcalde Barrera Concha a los policías?

“La verdad de mucho valor porque en un caso mediático, cualquier postura que pudiera tomar podía afectarle. Se apegó a los protocolos, a las circunstancias y a decir la realidad”, afirmó.

“Contradecir la verdad oficial no es fácil, analizaron los vídeos, los proporcionó y en congruencia con la verdad hizo planteamientos conforme a los hechos. Desconozco de dónde sacó la Fiscalía General del Estado que los policías municipales sí participaron en los hechos que le atribuían”.

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“La administración municipal fue congruente con la verdad, incluso cuando hubo el debate que no daba los vídeos, el Municipio los entregó en tiempo y forma, pero la Fiscalía estatal no me los dio. El Ayuntamiento apoyó en todo a la Fiscalía estatal aun cuando sabía que le estaba dando otra línea a la investigación que no correspondía a lo que mostraban los vídeos de la detención del muchacho”.

Gobierno del Estado: No habrá impunidad en caso José Eduardo Ravelo

“En el gobierno del Estado no hay lugar para la impunidad, todos los funcionarios deben respetar la ley y servir con integridad a la sociedad. Quien no lo haga deberá responder a las consecuencias”, afirmaron ayer en el Ejecutivo estatal, sin responder si el fiscal general del Estado sigue firme o no en su puesto, por el nuevo giro que dio el caso de la muerte de José Eduardo.

Ayer se informó que la investigación de la FGR generó otro punto de conflicto en este caso entre autoridades, al eximir de responsabilidades a los cuatro policías municipales y acusar a la Fiscalía yucateca de manipular evidencias, por lo que también se anunció que se separaría de sus cargos a funcionarios de esta dependencia estatal.

Gobierno del Estado no responde preguntas sobre el fiscal

Al insistir en el gobierno del Estado por este caso y la suspensión de funcionarios acusados de falsear pruebas y presionar testigos, se les enviaron las siguientes preguntas:

¿Está firme en su puesto el fiscal estatal? ¿Pondrían poner a un interino, por qué? ¿Se investigará si hay más casos de falsificación de pruebas en la FGE, por qué? ¿Queda en entredicho la probidad de la Fiscalía estatal? ¿Pueden repercutir las acusaciones en otros casos de investigación, por qué?

Sus respuestas fueron, en el caso de la primera, que: “De acuerdo con los resultados de la investigación sobre la muerte del joven José E.R.E. difundidos por la Fiscalía General de la República (FGR), hasta el momento la indagatoria de la dependencia federal indica a tres funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y estaremos atentos, dándole seguimiento al caso”.

No respondió si el fiscal esta firme en su puesto o no, que fue la pregunta concreta que se hizo.

A la segunda pregunta respondieron: “Con base a la información proporcionada por la FGR, la investigación continúa en proceso y, en su informe más reciente, se refiere a un caso específico y, cuando no sea así, no habrá impunidad y la ley se aplicará con firmeza”.

“Como ya se ha expresado con anterioridad, el gobierno del Estado tiene un compromiso con la verdad de los hechos y la aplicación de la ley con toda la firmeza y en todo momento. El gobierno estatal, a través de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) seguirá atendiendo a la familia del joven José E.R.E.”.

“En el gobierno del Estado no hay lugar para la impunidad y todos los funcionarios deben respetar la ley y servir con integridad a la sociedad, quien no lo haga deberá responder a las consecuencias”.

“El gobierno estatal reitera su disposición de seguir trabajando como lo ha hecho hasta el momento con las autoridades federales, mantener una absoluta cooperación y transparencia para llegar a la verdad y al fondo en este caso, pero en estricto apego al estado de derecho”.— Joaquín Chan Caamal / David Domínguez Massa

Muerte José Eduardo Ravelo

“Estamos bastante tranquilos, pero también preocupados”, expresó el abogado de los policías municipales acusados.

Recuento

La FGR, como informamos, desechó los delitos graves que inicialmente se atribuyó a los agentes de la Policía de Mérida y señaló que, acorde a sus estudios, no hubo homicidio ni tortura.

Funcionarios

La instancia encontró diversas irregularidades que se atribuyen a funcionarios que tuvieron relación directa con la integración de la carpeta de investigación que se envió a un juzgado de Control con sede en esta ciudad.

Sin materia

El juez Antonio Bonilla Castañeda no vinculó a proceso a los agentes, por inconsistencias en el expediente. La Fiscalía del Estado insistió en su versión y apeló esa resolución. Cuando una sala del Tribunal Superior de Justicia estaba a punto de resolver la queja de la parte acusadora, la FGR informó que atrajo el caso y, por tanto, la apelación quedó sin materia.

AMLO

De gira por el estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso del joven José Eduardo, en el sentido de que no habría impunidad. Horas más tarde la FGR informó a los medios del hallazgo: no hubo homicidio, sino falsedades de autoridades locales.

Delitos de la FGE

“Muy tranquilos con lo comunicado por la Fiscalía (General de la República), los policías (municipales) están más tranquilos también”, señaló Dorantes Cabrera en una plática. “Pero estamos preocupados porque autoridades locales presuntamente cometieron delitos como cambiar los hechos, alterar circunstancias y presionar a testigos. Eso es preocupante para cualquier litigante”, agregó.

Posibles móviles

¿Por qué acusar a policías municipales?, se le preguntó. “Puede haber dos razones. La primera es encontrar a culpables a corto plazo, a fin de conservar el primer lugar de seguridad que disfruta el Estado, y la segunda quizá sea afectar políticamente a alguien”, respondió.

Sospecha

La ley define a las fiscalías y ministerio públicos como instituciones de buena fe, comentó el reportero. “Esa buena fe tiene su origen en los artículos 128 y 129 de la Constitución, pero en este caso no se dio”, respondió. “Lo peor es que no sabemos cuántas veces se han cambiado hechos y circunstancias para beneficiar a alguna de las partes”.

Especialistas

“Lo lamentable es que expertos en determinadas materias estén de acuerdo con cambiar los resultados de sus investigaciones. Que las autoridades presionen a testigos para llegar al punto que desea la autoridad en vez de buscar la verdad histórica de los hechos”, expuso.

Forma de actuar

“A diario, los litigantes nos topamos con hechos de ese tipo, como si fuera algo común, el ‘modus operandi’ de peritos o ministerios públicos. Titulares de la ahora Fiscalía estatal han caído por hechos menores. Lo de ahora es muy grave”, continuó Dorantes Cabrera.

“Sorpresas”

El entrevistado señaló que sabía que las investigaciones de la autoridad federal arrojarían “sorpresas”, pero no hasta ese punto. “Teníamos confianza en que las investigaciones estarían de acuerdo con la decisión del juez de no vincular a los policías. Ese punto se discutió mucho en la audiencia y la Fiscalía (estatal) en vez de ampliar sus investigaciones, insistió en su versión original”.

Resultados

“La Fiscalía General de la República abarcó más líneas de investigación, detectó irregularidades y sus resultados ya los conocemos”, señaló. ¿Habrá más casos de alteraciones? “Es muy probable”, concluyó.

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