Desvío millonario en el Cobay; pagan salarios a personal no acreditado

La ASF reprueba el control interno de la institución
domingo, 7 de noviembre de 2021 · 06:50

La ASF reprueba el control interno de la institución

En materia de control interno, el Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) alcanza una calificación de once sobre cien, pues es una institución que no tiene plan estratégico, reglamento interno, manual de organización y programas informáticos actualizados, advierte un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Asimismo, según esta dependencia, el Cobay habría desviado más de 17 millones de pesos en 2020 para el pago de horas extras no autorizadas y en salarios a docentes y administrativos sin contrato; sin el grado académico requerido o que ya no trabajaban pero seguían cobrando su sueldo.

Quién es Marco Pasos Tec, director del Cobay

El director del Cobay, Marco Pasos Tec, nombrado por el gobierno de Mauricio Vila Dosal en octubre de 2018, es un funcionario sin experiencia en el ramo educativo.

Es licenciado en Derecho por la Uady, con un posgrado por la Universidad Anáhuac Mayab en Alta Dirección de Empresas. Antes de ser director del Colegio de Bachilleres, fungió como director jurídico del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Conagua y subdirector de programas de la Unidad de Gestión Estratégica del Ayuntamiento de Mérida.

Además, desde hace casi 15 años ha desempeñado distintos cargos directivos en el PAN, entre otros, secretario de Fortalecimiento Interno, secretario General Adjunto, secretario General y consejero estatal y nacional de ese partido.

Auditoria de la ASF al Cobay

La ASF realizó al Cobay la auditoría de cumplimiento 2020E-31003-19-1477-2021 1477-DS-GF —que se dio a conocer la semana pasada—, a fin de verificar el ejercicio del subsidio por $336.397,000 que recibió de la Secretaría de Educación Pública federal en 2020.

La auditoría analizó también el control interno instrumentado por el Colegio de Bachilleres para verificar de qué modo contribuyen los sistemas implementados a la mejoría de las instituciones. En este aspecto la ASF le otorgó una calificación promedio de once, en una escala de cien.

Falta de plan en el Colegio de Bachilleres

Según la dependencia, el Colegio de Bachilleres local no tiene un plan o programa estratégico en el que se establezcan sus objetivos y metas. Tampoco tiene parámetros de cumplimiento ni un comité de administración de riesgos formalmente establecido.

En este sentido, el Cobay no solo no identificó los riesgos de la institución, sino que tampoco implantó acciones para mitigar y administrar los riesgos. Asimismo, no implantó un reglamento interno ni un manual general de organización, en los que se establezcan las atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades administrativas.

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Igualmente se comprobó la inexistencia de sistemas informáticos, que debían apoyar el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y administrativas.

El Cobay tampoco implementó formalmente un plan o programa de sistemas de información que apoye los procesos que dan cumplimiento a los objetivos de la institución, ni designó a los responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de trasparencia y acceso a la información pública.

Tampoco elaboró un documento para informar periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al órgano de gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno institucional.

Pagos irregulares, ¿qué hizo el Cobay con el dinero?

De acuerdo con la auditoría de la ASF, el Cobay habría desviado la cantidad de $17.513, 277 en el pago de conceptos no autorizados por la ley.

Por ejemplo, los responsables del Colegio autorizaron la erogación de $11.490, 900 para pagar los sueldos de 80 plazas del personal directivo y docente de las zonas económicas 2 y 3, superiores a lo autorizadas en la normativa, además de que los beneficiarios carecían de los contratos que sustentaran esos pagos.

El Cobay pagó igualmente $2.738, 177 a un docente que careció del contrato formalizado y a 22 administrativos y docentes de los cuales no se acreditó la autorización de las horas efectivas a la semana ni el horario extraordinario que les fue autorizado.

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También se habrían destinado $106,867 para realizar los pagos por 88 horas quincenales a un administrativo con la categoría EH8613, de las cuales no se acreditó su autorización.

Asimismo, con la revisión de la nómina ordinaria pagada con los subsidios federales en 2020, se verificó que se efectuaron pagos a seis trabajadores después de la fecha de su baja, por la cantidad de $744,000 y se efectuaron pagos por $210,253 a dos administrativos de los cuales no se acreditó contar con sus contratos formalizados.

La ASF detectó también el pago por un monto de $2.,223, 079 de los sueldos de 10 administrativos y docentes que no cumplieron con el grado académico descrito en los perfiles de puestos autorizados.

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Versión del Cobay

En un comunicado el director del organismo, Marco Pasos Tec, realiza los siguientes señalamientos por la información publicada:

“El Dictamen de la Auditoría de Cumplimiento 1477-DS-GF de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no señala un desvío de recursos, sino observaciones que se han promovido ante la instancia de control correspondiente”, subraya el funcionario.

Pasos Tec informó que el primer objetivo de la institución, desde que recibió la administración en octubre de 2018, ha sido respetar las condiciones laborales de los trabajadores y que todos los sueldos pagados en el colegio corresponden a los autorizados por la Coordinación Sectorial de Planeación y Administración de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El funcionario agregó que los salarios de los trabajadores docentes y administrativos están regulados por tabuladores oficiales federales y estatales.

Desde el inicio de la presente administración estatal los sueldos del personal del colegio solo han recibido los incrementos de política salarial que, año tras año, han sido autorizados por la autoridad federal y estos son menores, en todos los casos, al 3.5% anual, refirió.

“No existe registro de pagos a servidores públicos que no cumplan con los perfiles de sus puestos o que ya no laboren y que hayan permanecido en la nómina, lo que sí existe son casos laborales que ya se desahogan en la Junta de Conciliación y Arbitraje en los que el Colegio será respetuoso del dictamen de las autoridades competentes”.

Análisis

Respecto a las observaciones hechas por el organismo en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, el director del Cobay señaló que, como cualquier institución pública, está sujeta a observancias por parte de los órganos fiscalizadores.

En el desarrollo de la auditoría que esta instancia federal lleva al cabo se han ido subsanando dichas observaciones, específicamente todas aquellas relacionadas con las implementaciones del comité de riesgos y todos aquellos que señalan los órganos internos de control, dijo.

Sueldos

En este sentido, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, prevé mecanismos para que los organismos auditados puedan contar con plazos específicos para presentar información y pruebas en su descargo. De tal forma que:

1.— En relación con la erogación de $11.490, 900 para pagar sueldos de 80 plazas del personal directivo y docente de las zonas económicas 2 y 3, superiores a las autorizadas en la normativa, además que los beneficiarios carecían de los contratos que sustentaran los pagos, el Cobay aclara que no se ha incrementado el número de plazas o modificado.
Asimismo, se ha pagado hasta la fecha a la misma plantilla docente que se recibió al inicio de la administración en 2018; sin que éstos pagos hayan sido objetados por la ASF.

2.— Sobre el pago de $2.738,177 a un docente que careció del contrato formalizado y a 22 administrativos y docentes de los cuales no se acreditó la autorización de las horas efectivas a la semana ni el horario extraordinario que les fue autorizado, y también, sobre el pago de $106,867 para realizar los pagos por 88 horas quincenales a un administrativo con la categoría EH8613, el directivo aclaró que toda la documentación soporte que acredita el grado académico del personal administrativo y docente ya se ha remitido a la ASF para dar cumplimiento ante la instancia de control.

3.— Sobre los pagos efectuados a los trabajadores después de la fecha de su baja por la cantidad de $744,000 y los pagos por $210,253 a dos administrativos de los cuales no se acreditó contar con sus contratos, esa observación ya ha sido solventada conforme a la normatividad señalada por la ASF.

Administrativos

4.— Sobre los pagos por un monto de $2.223, 079 de los sueldos de 10 administrativos y docentes que no cumplieron con el grado académico descrito en los perfiles de puestos autorizados, el directivo aclaró que dicha documentación ya ha sido remitido a la ASF, con todos los documentos que acreditan los grados académicos correspondientes.

5.— Sobre la inexistencia de un plan estratégico la institución participó en la elaboración de dos de los documentos más importantes en materia de planeación tales como lo concerniente al Plan Estatal de Desarrolllo, el Programa a Mediano Plazo Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social donde se establecen las metas a seguir en materia de Educación Media Superior.

Reglamento

6.— Sobre la carencia de un reglamento interno la institución si cuenta con éste y además con ocho reglamentos auxiliares.

En cuanto al Manual de Organización, se publicó en el Estatuto Orgánico del Colegio y sobre la carencia de programas informáticos actualizados se aclara que desde el inicio de la administración se identificó este riesgo. Por ello se han introducido diversos programas contables y financieros conforme a las normas de los órganos de control interno.
Pasos Tec indicó que en la institución se ha establecido un plan de austeridad en todas sus áreas y al presupuesto destinado a esta institución se le han aplicado recortes para ajustarlo a los techos presupuestales establecidos.