Ven mano negra en la remoción de una magistrada del Tribunal Unitario Agrario

Ven mano negra en la remoción de una magistrada
miércoles, 12 de enero de 2022 · 05:00

Con “gran pecado”

El gran “pecado” de la magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz, que no le perdonaron, es haber impartido justicia y apegarse siempre al Derecho en sus resoluciones, afirman vecinos de los fraccionamientos Vista Alegre y Del Arco, quienes han sido víctimas de la llamada mafia agraria.

En una entrevista, reiteran su confianza en que el relevo de la funcionaria en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en Mérida, mantenga esos principios y resuelva con los mismos criterios los juicios que están pendientes.

En su opinión, la justicia agraria en Yucatán sale perdiendo con este cambio y habría que preguntarse para quiénes estaba siendo incómoda la abogada Ochoa.

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El domingo pasado publicamos que Russell Santos Morales, Antonio Pacheco Gasca, Diego Molina Rojas y Víctor Sabido Córdoba —representantes de los colonos— calificaron de histórica la sentencia de la magistrada Ochoa sobre las demandas que interpusieron ejidatarios de Chuburná, pues es primera vez en México que se otorga la razón a los vecinos sin ninguna contraprestación para el ejido.

También indicaron que esa resolución contra la mafia agraria aplica a un primer paquete de 56 casos, de un total de 170 demandas que interpuso el ejido de Chuburná por conducto de su asesora Rebeca Buenfil Méndez, exfuncionaria de la Procuraduría Agraria.

Quedan pendientes de resolver más de cien juicios, en los cuales los vecinos esperan que se aplique el mismo criterio.

La parte demandante interpuso el recurso de revisión contra esa sentencia, pero aún no se conoce la decisión final.

Al ampliar sus comentarios, los representantes de los colonos subrayan que la sentencia a su favor tiene un claro fundamento: la parte actora (el ejido) no pudo demostrar la propiedad de las tierras que reclama.

Recuerdan que los ejidatarios presentan como documento clave en sus demandas el acta de una asamblea del 30 de junio de 1996.

Entonces, añaden, como parte de los requerimientos del caso la magistrada solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) alguna imagen del sobrevuelo más cercano.

El ejido aseguraba que en 1996 no estaba habitada la zona en disputa.

Y resulta, enfatizan los informantes, que se proporcionó la imagen de un sobrevuelo de noviembre de 1995 en la que se ve esa parte de la ciudad totalmente poblada y urbanizada.

“Entonces, ellos sí estaban enterados de que existía esa infraestructura, que sí estaba habitada esa zona”, señala el ingeniero Santos Morales. “Lo que debieron hacer, asumiendo que sí realizaron su asamblea el 30 de junio de 1996, era regularizar las tierras de las personas que están allá sin pelear ninguna contraprestación, porque sabían que todo eso ya existía”.

“Por supuesto, no iban a sembrar en los patios, en los jardines, en las banquetas o en los andadores”, ironiza al hablar de las demandas de restitución de tierras.

“Con el sobrevuelo se comprobó que esa parte estaba urbanizada y esto contradice el plano que anexan a su demanda, que dice que los asentamientos humanos y la infraestructura eran cero”, interviene el ingeniero Pacheco Gasca. “Con eso se les vino abajo (su versión)”.

Russell Santos hace notar una medida de la abogada Ochoa que resultó muy reveladora: cotejó en un cuadro la cantidad de hectáreas asignadas al ejido de Chuburná por decisión presidencial con la que le expropiaron y desincorporaron con el paso de los años.

“En números globales, les deben (el ejido) tierras a Yucatán. Les pagaron de más”, apunta. “Entonces, ¿de dónde sacan esa acta de asamblea?.

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Conflicto

Colonos de Vista Alegre y Del Arco recalcan que fueron compradores de buena fe.

Despojo que no existió

Según indican, en su relatoría de hechos el ejido debió demostrar cómo les quitaron los vecinos las tierras que ahora reclama, para sustentar un supuesto despojo.

Buena y mala fe

Para empezar, nosotros fuimos compradores de buena fe. Los que ejercen la mala fe son los ejidatarios, señalan Russell Santos Morales y Antonio Peniche Gasca.

Petición improcedente

La parte actora no pudo demostrar un supuesto despojo y tampoco la propiedad de las tierras que reclama. Por eso su demanda fue declarada improcedente, subrayan.