Instancias judiciales resolvieron a favor del Congreso del Estado y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) quejas presentadas en su contra.

En el primer caso fue por las reformas al Poder Judicial del Estado, y en el segundo por el referéndum que le negaron a un ciudadano con motivo de la nueva Ley del Isstey.

En el caso del Congreso del Estado se trata del amparo que presentó Patricia Eugenia Solís Reyes, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Poder Judicial del Estado, contra actos del Poder Legislativo y otras autoridades estatales por reformas a la Constitución local, al Poder Judicial del Estado y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios.

En este amparo contra las reformas al Poder Judicial, el juez quinto de Distrito, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, resolvió anteayer declarar que se sobreseía, porque el sindicato no cuenta con legitimación para promover juicio de amparo.

Por cierto anteriormente, aunque no se ha confirmado, pero trascendió que además de que se resolvió a favor de la magistrada Leticia Cobá Magaña, también a su compañera Ingrid Priego Cárdenas y José Rubén Ruiz Ramírez les dieron la razón en los amparos que presentaron contra las reformas al Poder Judicial.

Pero en este caso solo en lo referente a que pueden continuar en sus cargos dentro del Tribunal Superior de Justicia, hasta terminar sus periodos (poco más de tres años más), y no tendrán que renunciar de manera anticipada como lo hicieron otros magistrados y magistradas, para poder gozar de su haber de retiro vitalicio al concluir su tiempo en las magistraturas.

 

Respecto al referéndum por el que se presentaron quejas contra el Iepac, el pasado jueves el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán notificó al instituto que desecharon la propuesta presentada por Juan Pablo Silva Medina, como representante de Morena, por carecer de interés jurídico, no se legitima su intervención jurídica, por tanto decidieron desecharlo de plano.

 

Lo que alegaba el partido Morena fue que el Instituto Electoral actuó de manera incorrecta e ilegal al negar a un grupo de ciudadanos el derecho de referéndum que solicitaban, para consultar a la ciudadanía si están de acuerdo con que se aplique la nueva Ley de Seguridad Social del Estado aprobada hace unos meses en el Congreso del Estado.

Cabe recordar que fueron dos las apelaciones presentadas contra esta decisión del Iepac, falta por resolverse otra más que fue la presentada por los ciudadanos que solicitaron el referéndum que se les negó, y se espera se resuelva en los próximos días en el TEEY.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

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