En la sesión plenaria de ayer en el Congreso del Estado, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Carmen González Martín presentó la iniciativa con proyecto de decreto para la reforma de fracciones de los artículos 6, 7, 22 y 28 de la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán para armonizar la legislación local con la federal para que todas las personas que estén en calidad de víctimas cuenten con un intérprete o traductor lingüístico.
Con ellos se busca salvaguardar los derechos de la comunidad que no hablan español, o que cuenten con alguna discapacidad auditiva, verbal o visual y evitar que queden en estado de indefensión, y hagan valer sus derechos.
También destacó que, según datos del Inegi, son más de 520 mil habitantes que hablan lengua maya en Yucatán, pero más del 65% se auto describe como indígena maya, por ello es indispensable la reforma que propone para que todos estén representados.
El diputado del PRI Gaspar Quintal Parra también presentó una iniciativa como una forma de gobernanza más inclusiva, sobre todo de aquellos que tienen alguna discapacidad.
Además, dijo que hay avances en el reconocimiento de desarrollo de vida de las personas con discapacidad, pero lamentablemente continúa con una visión paternalista, asistencialista y apegada al modelo médico de atención para personas con discapacidad, encerrándolas en estereotipos que limitan el ejercicio de sus derechos.
La propuesta consiste en que la Constitución local reconozca los derechos de las personas con discapacidad, en toda política y acción pública se tendrá el modelo social de derechos, respetando su autonomía, independencia y capacidad jurídica. En forma transversal se observarán los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables de todo tipo de discapacidad.
Comisiones
En otra sesión, los integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción aprobaron por unanimidad las convocatorias corregidas para la selección de los titulares de los órganos de control interno del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán.
Fue la continuación de la sesión que se inició el lunes 24 y se suspendió por la propuesta de los diputados José Crescencio Gutiérrez González, de Nueva Alianza, y Rafael Echazarreta Torres, de Morena.
Finalmente, las dos convocatorias incluyeron como uno de los requisitos insalvables el cumplimiento de los lineamientos de la Ley “3 de 3” como referente a los deudores y morosos familiares y la violencia de género en todas sus expresiones.
La mesa directiva del pleno convocó para la próxima sesión el jueves 3 de noviembre, a las 11 de la mañana.