Bajo el argumento de un préstamo inexistente, se consumó el despojo de un terreno en Cholul a una persona de la tercera edad, quien hoy emprende una lucha para recuperar su propiedad.
En la trama está involucrado un supuesto prestamista, identificado como José María Barrera Canelo, nacido en España.
En teoría, la víctima del despojo, el ingeniero R.O.R., contrajo una deuda con Barrera Canelo y para ello hipotecó el predio, que terminó pasando a ser propiedad de otras tres personas, las tres con domicilio en Mérida.
Ayer publicamos que R.O.R, de 74 años de edad, es víctima de un fraude orquestado al estilo de la mafia inmobiliaria: suplantaron su identidad para concretar la compraventa de un lote cuyo valor real es de 5 a 6 millones de pesos.
La operación se realizó en la Notaría Pública No. 7. El terreno fue adquirido por el denunciante en diciembre de 1978, como un patrimonio que le pudiera ayudar al llegar a la jubilación.
De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el 15 de diciembre de 2020 se inscribió un aviso definitivo de hipoteca del predio rústico 0101333 de Cholul.
Detalles del contrato
La hipoteca consta en la escritura pública 316 fechada el 8 de diciembre del mismo año, otorgada ante la fe del notario Jorge H. Aguilar y Aguilar.
En esa inscripción aparecen como “propietario deudor” R.O.R. y como “acreedor” el señor Barrero Canela, representado por Diego Barrero Canela, también de origen español.
Tres meses después, el 18 de marzo de 2021, se inscribió un “aviso definitivo de cancelación de hipoteca con compraventa”, relacionado con la escritura pública 97, fechada el 16 de marzo y otorgada ante la fe del mismo notario.
En este último registro R.O.R. está como “vendedor” y José María Barrero como “cancelante”. Asoman los nombres de tres compradores: J.A.D.M., M.J.M.S. y J.A.D.O.
Una deuda por su esposa
El 12 de diciembre de 2020, como publicamos ayer, el ingeniero R.O.R. entregó al administrador de un hospital del poniente de la ciudad la escritura original de su predio como garantía de pago de servicios médicos otorgados a su esposa, ya que se había agotado el dinero que dejó como depósito.
Poco después la víctima pagó la deuda, en los plazos acordados, y le devolvieron la escritura y un pagaré en blanco que había firmado.
Al tratar de vender el predio, para reponerse de unos gastos, se enteró con sorpresa que la propiedad ya estaba a nombre de otras personas.
Aunque un abogado de la notaría le dijo que al parecer fueron “engañados”, lo cierto es que el falso vendedor exhibió una identificación del Instituto Nacional Electoral (INE) en la cual se podía apreciar que su edad no coincidía con la del auténtico dueño.
En la escritura original, de 1978, se lee que R.O.R. tenía entonces 41 años de edad. Al momento de la compraventa fraudulenta tenía 73, y la credencial del falso vendedor —con domicilio en Campeche— indica 83. Diez años de diferencia.
El dato de la edad consta también en las inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad. La venta fue registrada en dos millones de pesos.
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