Ley del Notariado en Yucatán

Ley del Notario en Yucatán: su objetivo, rescatar de la ''degradación'' su labor; dice María Fritz

Alcances de una iniciativa para reformar la ley
jueves, 12 de mayo de 2022 · 06:45

Una iniciativa enviada al Congreso de Yucatán para reformar la Ley del Notariado busca rescatar de la “degradación” el ejercicio de los fedatarios, con la aplicación de nuevos protocolos que den seguridad a los yucatecos, informa la secretaria de Gobierno, María Fritz Sierra.

La propuesta, que fue entregada al Congreso el lunes pasado, incluye, entre otras medidas, la desaparición del Consejo de Notarios y el regreso al gobierno del estado de la función de supervisión y regulación de la actividad notarial, precisa.

Los cambios propuestos se deben a que hay un grupo de notarios, alrededor de diez, que realizan reiteradamente conductas irregulares que atentan contra las propiedades de los yucatecos, indica la funcionaria en visita al Diario, acompañada de los abogados Yussif Heredia Fritz, consejero jurídico del gobierno del estado, y Heide Zetina Rodríguez, director del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán.

La abogada Fritz subraya que en Yucatán hay cien notarios y 90 de ellos son muy honestos, pero otros diez son los responsables de la mayoría de las irregularidades detectadas y ya conocidas.

Labor notarial, “degradada”

La iniciativa plantea la desaparición del Consejo y el regreso al gobierno del estado, a través de la Consejería Jurídica, de la funciones de supervisar el trabajo notarial y realizar el proceso de selección de aspirantes.

La Consejería también tendría a su cargo la recepción de las denuncias por el mal desempeño de algún notario, su investigación y la aplicación de la sanción correspondiente, expuso.

La iniciativa prevé también establecer claramente las sanciones por incurrir en fallas —ahora se hace pero en forma genérica— y considera la revocación de la patente de forma inmediata, si se comprueba la participación de un notario en un acto de corrupción.

La licenciada Fritz Sierra acudió al Diario, la tarde del martes 10 de mayo, con el propósito de explicar los alcances de esa iniciativa de reforma. Asistió en compañía del consejero jurídico del gobierno del estado, Yussif Heredia Fritz, que un día antes entregó el texto de la iniciativa al Congreso estatal, y del director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), Heide Zetina Rodríguez.

¿Qué cambia la Ley del Notario en Yucatán?

De acuerdo con los funcionarios, la propuesta prevé otros cambios, como el establecimiento de un tabulador para regular las tarifas de los servicios notariales, la digitalización de los protocolos, la recertificación de los notarios públicos y el respeto a las adscripciones geográficas.

En este caso, los fedatarios cuyas sedes estén en el interior del estado deberán tener allí una oficina permanente, trasladar sus herramientas de trabajo y asistir a todas las firmas, para evitar ser sancionados.

Igualmente se contemplan modificaciones a la norma para el traslado de los protocolos fuera de la notaría, la realización de exámenes psicométricos a los aspirantes a notario y avanzar en el uso de la firma electrónica, entre otras medidas.

En la entrevista, la secretaria de Gobierno explicó que el gobernador tomó la decisión de reformar la ley actual “porque hay algo que no podemos negar: la función notarial, hoy por hoy, esta degradada”, lo que es muy lamentable y lo sabe todo el mundo.

“Tal vez de los cien notarios, noventa sean personas notables, correctas, decentes, pero tal vez los otros diez no estén ejerciendo bien su función” y en estos casos, “se estén cometiendo muchos ilícitos”, dice.

Basta con escuchar a las víctimas de algunos de estos notarios —repito—, no son la mayoría, pero sí son un número que, en conjunto, cometen la mayoría de los actos ilícitos que se conocen en la función notarial”.

Notarios con honradez

Por esto, señala la Licda. Fritz Sierra, “lo que nos queda hacer es proponer una ley distinta a la que tenemos hoy y asegurar que quienes ejerzan la función notarial en el estado sean “personas investidas de reconocimiento, de probidad y honradez”, porque precisamente la esencia de su función es garantizar la certeza jurídica de los actos relacionados con la fe pública.

“Esta es la función específica que el Estado tiene que cuidar: garantizar a quienes acuden con un notario que éste actúe con legalidad, honradez y probidad”. Par mí, dice la funcionaria, “la probidad es lo más importante, si entendemos que la probidad es la rectitud en el obrar”.

La funcionara añade que el principal objetivo de la iniciativa es tener un instrumento para combatir los actos de corrupción de algunos notarios que falsifican las firmas de las personas y sus identidades para quitarles sus propiedades, entre otras anomalías.

“A esto hay que ponerle candados, sanciones, para dignificar nuevamente la función notarial y acabar con la impunidad”, dice la funcionaria.

“La ley actual, hoy por hoy, no es suficiente para detener esos actos incorrectos, que dañan el patrimonio de los yucatecos”.

Esta ley, afirma la funcionaria, prevé la autoregulación de los notarios, a través del Consejo de Notarios, es decir, “que ellos mismos se revisan, se autocalifican, lo que hoy no está dando resultados positivos”.

La funcionaria explica que la Constitución y la propia ley del Notariado facultan al gobierno del estado a ejercer el control y supervisión de la función notarial para dar certeza jurídica de los actos en donde participan los fedatarios.

“¿Qué hizo el gobierno del estado?, trasladar esa función a los propios notarios”, señala la Licda. Fritz Sierra, pero según Zetina Rodríguez, “si los notarios son los que se revisan a sí mismos, están realizando una función de particulares entre particulares, cuando la función de supervisión se origina en el Poder Ejecutivo. Por tanto, éste es el responsable de que se cumpla correctamente la ley. ¿Y quién revisa al Ejecutivo?”, pregunta, “el Poder Legislativo y en último caso, mediante una denuncia, el Poder Judicial”.

La funcionaria agrega que con la actual ley, los notarios se autorevisan “pero no hay una manera clara de vigilar al vigilante”.

Por esto, dice, la iniciativa “transfiere las funciones del Consejo de Notarios a una autoridad administrativa: la Consejería Jurídica del gobierno del estado”, que sí puede ser vigilada. (Continuará).

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