Mérida

Mañana serán las votaciones para elegir a una magistrada

Avalan los perfiles de las aspirantes
martes, 17 de mayo de 2022 · 02:17

Por unanimidad, con la ausencia de los diputados de Morena, los legisladores del PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano emitieron ayer el dictamen favorable que confirma la idoneidad de las candidatas de la terna que envió el Ejecutivo del Estado al Congreso para elegir a la nueva magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pues cumplen con los requisitos para ocupar ese cargo.

Carmen González Martín, diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, dispuso se turne a la siguiente sesión plenaria que será mañana miércoles para que, mediante el voto secreto, los diputados elijan a quien consideren deba ser la nueva magistrada, y se decidiría por mayoría simple (con el voto de 13 de los 25 legisladores).

Como se ha informado, las integrantes de esta terna son Teresita Anguas Zapata, Adiver González Alpuche y Lizette Mimenza Herrera.

Anteayer comparecieron ante los integrantes de las comisiones conjuntas de Puntos Constitucionales y la de Justicia y Seguridad Pública para exponer los motivos por los cuales quieren ser magistradas y aclarar dudas de los diputados.

Como parte del dictamen, se precisó que luego de una revisión exhaustiva se encontró, por ejemplo, a pesar de que las tres son funcionarias públicas del gobierno estatal, ninguna ocupa un cargo de titular de las dependencias por las que estarían impedidas para aspirar al cargo.

Perredista

Antes de someter a votación el dictamen, Eduardo Sobrino Sierra, diputado del PRD, precisó que votó en contra de las reformas al Poder Judicial, y en parte es el motivo por el que ahora estén por nombrar a una magistrada para sustituir a Adda Cámara Vallejo.

“Pero ese momento ya pasó, y este es otro en el cual revisé y escuché lo expuesto tanto dentro como fuera del Congreso, y no encontré motivo alguno para oponerme, no encontré argumentos para votar en contra, todas cumplen los requisitos, y como un acto de justicia votaré a favor porque cubren los requisitos y punto”, afirmó el legislador.

También aclaró que esta aprobación es independiente de lo que decida hacer mañana miércoles, “en el pleno de diputados cada quien tomará su decisión sobre por quién votar o no, incluso anular su voto, pero hoy (por ayer lunes) no encontré elementos para descalificar a las compañeras propuestas”, puntualizó.

Crescencio Gutiérrez González, diputado de Nueva Alianza, dijo que para la revisión y análisis de cada una de las candidatas, además de los diputados, contó con el apoyo de un equipo de asesores, la Secretaría General del Congreso tuvo la oportunidad de revisar los documentos, y de acuerdo con la normatividad de las leyes del Estado, las tres cumplen con la idoneidad.

Sobre la ausencia de las diputadas y su colega de Morena, pues desde el día anterior abandonaron la reunión en la que comparecieron las candidatas y advirtieron que no serían parte de este proceso porque no están de acuerdo, pero ayer no justificaron su ausencia.

El artículo 168 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo en estos casos dice: “La dieta de los diputados será disminuida cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos; fracción IV.— Falten injustificadamente a una sesión de Comisión”.

Hasta ayer solo la diputada panista Karla Salazar justificó su ausencia, por eso el dictamen salió por unanimidad, con nueve votos a favor, de los 13 que integran estas comisiones conjuntas, faltaron tres de Morena y una del PAN.

Pasado el mediodía en sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación continuaron con el estudio de diversas iniciativas que tienen pendientes, entre las que destacan las de reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas y de otros pueblos originarios que tengan asentamiento en Yucatán, otra de desarrollo integral de la juventud, una más relacionada con notarios y otra sobre la despenalización del aborto.

De esta última se propuso y aprobó solicitar la opinión de la Secretaría de la Salud, así como de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

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