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Acusan “motivos políticos” en el tema de Progreso

Aspecto de la sesión de anteayer de la Comisión de Presupuesto donde se discutió el caso de Progreso

Las únicas reformas hacendarias municipales que no se aprobaron en el Congreso del Estado en esta ocasión fueron las de Progreso, y más que nada por motivos políticos, afirmó Víctor Merari Sánchez Roca, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Poder Legislativo.

Quien se manifestó durante la discusión de esta iniciativa en la comisión fue Lila Frías Castillo, diputada del PRI y oriunda de Progreso, quien expuso su desacuerdo, primero porque ni siquiera el gobierno del Estado consideraba nuevos impuestos o aumentos a éstos, por la difícil situación que hoy se vive y además porque no hay certidumbre en su pago, al no ser directamente el municipio quien cobraría los nuevos derechos que pretendía la Comuna para 2021.

La falta de certidumbre en el cobro de este nuevo derecho, la diputada la sustenta en el hecho de que ni siquiera es el Ayuntamiento el que lo cobraría, sino la Administración Portuaria Integral (API), institución federal ajena al municipio.

Por segunda vez, Julián Zacarías Curi, alcalde panista de Progreso, intentó en el Congreso que le aprueben reformas a su Ley de Hacienda a fin de hacerse de recursos que le ayuden a cubrir los gastos para la reparación de las calles de ese puerto, que se encuentran en mal estado y constantemente son dañadas por el intenso tránsito de vehículos de carga pesada.

La primera vez fue hace unos meses, cuando envió reformas a su Ley de Hacienda y de Ingresos, para cobrar derechos por diversos conceptos que se aplicarían a los comerciantes de ese puerto, y permisos que otorgaría la Policía Municipal en forma indiscriminada, siempre a fin de obtener recursos para atender el problema de reparación de calles.

La segunda vez fue en esta ocasión cuando el Ayuntamiento envío su proyecto de paquete fiscal para 2021, donde de nuevo incluyo estos derechos, pero ya modificados y limitando el cobro solo a los camiones de carga de más de 10 toneladas.

En su justificación, el municipio expuso lo siguiente:

“Derivado de la pandemia por Covid 19, padecemos de una crisis económica en el país y se resiente en el municipio, aunado a ello el gobierno federal recortó en el PEF 2021, afectando a los Ayuntamientos de manera significativa, aunado a esto la recaudación local tuvo una disminución de hasta 40%; por ello que los ingresos propios de los municipios es de vital importancia para hacer frente a las necesidades de servicios públicos que se demandan, ya que los ingresos disminuyeron y los gastos operativos aumentaron con la pandemia y las tres tormentas”.

Por lo ya expuesto, añade, desde el año pasado se trabajó con los transportistas, agencias aduanales y el API para sacar adelante este cobro de derechos sobre la carga de importación, exportación, granel y combustibles, aclarando que dicho recurso se usaría para la repavimentación de calles 82 y 86 dañadas a lo largo de varios años por estos usuarios y que nunca han aportado al municipio.

El cobro era de .58 UMAS que equivale a 50 pesos que se cobraría por vuelta completa, para eso se trabajó en consenso de las dependencias antes mencionadas para también establecer procesos y no entorpecer la logística de accesos diario, y se firmó un convenio con la API para utilizar una plataforma digital que efectúe el cobro (como señaló la diputada priista) y eficientar el acceso sin perjudicar el trabajo de nadie.

Se precisa que este derecho no lo pagarían los comerciantes locales ni transportistas de materiales como volqueteros, el proyecto estaba dividido en dos etapas, la primera incluía importadores y exportadores y se esperaba una recaudación entre 200 mil y 250 mil pesos mensuales, y en la segunda etapa se incluía a graneleros y combustibles con ello se esperaba llegar a una recaudación mensual entre 450 y 500 mil pesos mensuales.

Se aclaró también que, todos estos usuarios el día de hoy pagan un ticket de 50 pesos de seguridad al API y también otro de báscula de 60 pesos o más por cada vuelta.

Ayer, el diputado panista opinó que esta reforma hacendaria para aplicar el cobro de este derecho, se fundamentó en forma debida, incluso el Ayuntamiento mandó un oficio del adendum con modificaciones, especificando el cobro y proporcionando la información solicitada que incluye el padrón de empresas exportadoras e importadoras a las que se le aplicaría, entre otros datos. Por eso considera que no se aprobó por fines políticos.

A pesar de todo eso —continuó—, los diputados del PRI se opusieron e hicieron valer su mayoría en la comisión de Presupuesto, para no aprobar estas reformas hacendarias al municipio de Progreso.— DDM

De los nueve integrantes de esta comisión de Presupuesto, solo tres votaron a favor de las reformas hacendarias de Progreso, el mismo presidente Sánchez Roca, Rosa Adriana Díaz Lizama, también del PAN y Milagros Romero Bastarrachea, legisladora independiente.

Los otros seis que votaron en contra fueron los priistas: Lila Frías Castillo, Janice Escobedo Salazar, Mirthea Arjona Martín, Warnel May Escobar y Marco Rodríguez Ruz, así como Leticia Euán Mis, diputada de Morena.

Proyecto Justificación

Más de la justificación del proyecto de reformas a la Ley de Hacienda de Progreso.

Cobro

El cobro era de .58 UMAS que equivale a $50 por vuelta completa. Para eso se trabajó en consenso de las dependencias mencionadas... y se firmó un convenio con la API para utilizar una plataforma digital que efectúe el cobro.

Contribuyentes

Se precisa que este derecho no lo pagarían los comerciantes locales ni transportistas de materiales como volqueteros. El proyecto estaba dividido en dos etapas: la primera incluía importadores y exportadores, y se esperaba recaudar $200,000 o $250,000 al mes, y en la segunda se incluía a graneleros y combustibles. Se esperaba recaudar $450,000 o $500,000 al mes.

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