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Ahorro, no dinero extra

Las secretarias María Fritz y Olga Rosas durante una entrevista en el edificio central del Diario en 2019

Señalan alcances del acuerdo sobre el Museo Maya

Los $1,500 millones que se dejarían de pagar por el Gran Museo del Mundo Maya en los próximos doce años no son un beneficio para la presente administración estatal, sino para las generaciones futuras, porque aligera la carga económica del Estado, afirman María Fritz Sierra y Olga Rosas Moya, secretarias general de Gobierno y de Administración y Finanzas, respectivamente.

Hay que dejar muy claro, subraya Olga Rosas, que no estamos recibiendo 1,500 millones de pesos. Tenemos una obligación de pago por el museo que permanecerá en los próximos doce años, pero será menor que ahora.

En síntesis, señalan las secretarias, la modificación de las cláusulas del contrato que llevó a la construcción del edificio permitirá un ahorro a la actual y las próximas dos administraciones estatales, no significa una disposición de dinero adicional.

Como publicamos, el gobernador Mauricio Vila Dosal dio a conocer la renegociación del contrato de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) del museo con Banorte y Promotora Cultural Yaxché.

Con esa renegociación, indicó el titular del Ejecutivo, se dejarán de pagar alrededor de $1,500 millones en los doce años que le restan al contrato, suscrito durante el quinquenio de Ivonne Ortega Pacheco.

El compromiso de pago aumenta cada año, por los altos intereses y los movimientos inflacionarios. De acuerdo con información oficial, si nada se hacía para renegociar el contrato se calcula que al llegar 2032 —año del finiquito del PPS— se habrían pagado hasta $6,415 millones. Con la modificación de las cláusulas serán $1,500 millones menos.

Durante una entrevista, las secretarias general de Gobierno y de Administración y Finanzas recordaron que anteayer se entregó al Congreso del Estado una iniciativa de decreto para modificar el contrato del PPS del Gran Museo, cuyas cláusulas actuales califican de leoninas y lesivas para el pueblo yucateco.

“Es muy importante que el Congreso lo apruebe con la mayor prontitud posible, porque hasta que eso no ocurra, el contrato (original) sigue vigente”, indica la maestra Rosas Moya.

La abogada Fritz Sierra detalla que las negociaciones comenzaron hace mucho tiempo, porque desde que Mauricio Vila ganó la gubernatura en 2018 tenía en mente reducir esa carga, y dice que concretar un acuerdo ahora en medio de la pandemia del Covid-19 no se toma con triunfalismo sino como una acción más para apoyar la recuperación económica del Estado y reducir las presiones financieras de las próximas dos administraciones.

Olga Rosas explica que los pagos del contrato varían por diferentes factores, como las actualizaciones del Índice de Precios al Consumidor y la consiguiente aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por ejemplo, enfatiza, se empezó pagando un monto anual de 123 millones de pesos (ese pago le correspondió a la administración anterior), pero esa cantidad fue creciendo como una bola de nieve. En 2019 fueron unos $264 millones y la estimación de este año era de 280 millones de pesos.

“Si lo dejáramos así (el contrato), tal vez en 2031 estaríamos pagando $430 millones”, señala.

A una pregunta, la secretaria de Administración y Finanzas recalca que, aunque se considera deuda esa cantidad, en sentido estricto no es un financiamiento sino un contrato de prestación de servicios.

“Es una obligación de pago”, subraya. “El Estado está comprometido, está obligado a realizar el pago por este contrato que se firmó para un largo plazo de 20 años”.

María Fritz indica que la renegociación reviste doble importancia: por un lado, enfatiza, se piensa en las generaciones futuras del Estado, porque a fin de cuentas es dinero de los yucatecos el que se comprometió con ese contrato, y, por el otro, se abona a la suma de esfuerzos que está haciendo el gobierno del Estado en estos momentos de crisis por la pandemia.

“Se revierten condiciones desfavorables pactadas en otros gobiernos para tener otras que beneficien no solo al presente de Yucatán sino a las futuras generaciones”, insiste.

Después de recordar que ahora está en manos del Congreso la iniciativa para modificar el contrato y evitar que se sigan generando altos intereses, las funcionarias del gobierno del Estado también formulan, entre otros, los siguientes conceptos:

— Prácticamente desde que estaba recién electo, el gobernador Mauricio Vila comenzó las negociaciones con el grupo Yaxché en busca de mejores condiciones de pago y eso es justamente lo que se logró.

—Eso no es fácil. Cuando tú, como empresa o como grupo, tienes un contrato de este tipo, que está aprobado por el Congreso y está “amarrado” para una penalización muy grande si te sales o quieres terminar de manera anticipada, cualquier negociación se complica y no te conviene salir.

—Es un enorme logro haber cambiado las condiciones del contrato. ¿En qué consiste? Negociamos: en vez de que la penalización sea de tal cantidad, déjanos (el acreedor) pagarte en los siguientes 12 años una suma que represente al Estado un ahorro de $1,500 millones. Eso fue lo que anunciamos.

—Obviamente, ellos (la otra parte) defendían su contrato. Decían que esos contratos son lo máximo y han generado íconos en las ciudades y estados donde han realizado proyectos de este tipo, que se le había regalado una joya a la ciudad y al Estado a través de este contrato... Después fueron las facultades de negociación del gobernador, de sentarse a hablar con los socios, los dueños, los accionistas de estos grupos. Logró abrir una puerta, se revisaron números hasta que llegamos a un acuerdo.

—¿Qué va a permitir esto? Que cuando elaboremos los presupuestos —esta administración y las siguientes hasta 2032— en vez de tener un compromiso de pago grande ahora será más pequeño. El dinero que quede libre estará disponible para atender prioridades en el Estado en los años restantes del contrato.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Datos

El acuerdo del Ejecutivo se concretó con Banorte y Promotora de Cultura Yaxché.

Cartas de intención

La iniciativa turnada al Congreso está acompañada de las cartas de intención de las partes. Si se aprueba pronto la modificación del contrato, el menor pago se verá reflejado a partir de julio.

La constructora

El Gran Museo del Mundo Maya se construyó bajo la figura de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS). Promotora Yaxché es de la familia Hank Rhon.

Van 2 y siguen 2

Los pagos comprometen a dos administraciones más, hasta 2032.

Otras condiciones

María Fritz, secretaria de Gobierno, dice que con la modificación del contrato se revierten condiciones desfavorables para el Estado. “Este gobierno se ha distinguido por la transparencia y la eficiencia administrativa. Lo ha impulsado el gobernador y lo hizo también cuando estuvo en el Ayuntamiento”, apuntó la funcionaria estatal.

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