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Analizan el actuar del gobernador en el caso del exfiscal

El conflicto interno entre el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda y el entonces fiscal general Wílberth Cetina Arjona (ambos en la foto) fue tema de reciente foro de Megamedia

“En el mejor momento”

El conflicto interno entre el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, y el fiscal general del Estado, Wílbert Cetina Arjona, orilló al gobernador Mauricio Vila Dosal a pedirle a éste su renuncia, afirma el investigador universitario y analista político Luis Ramírez Carrillo.

“Las diferencias entre Cetina y el jefe de la Policía, que es quien finalmente, para bien, para mal o para regular, tiene la mayor aprobación de muchos de los sectores de la sociedad meridana y yucateca”, obligaron al gobernador “a tomar partido por un bando y haciendo caso al comandante Saidén aceptó la renuncia, entre comillas, del fiscal”, añade.

Vila Dosal tuvo que decidir entre quien mantiene la seguridad pública y Cetina Arjona, que en su trabajo “estaba atendiendo intereses personales” y por eso “creo, lo obligó a renunciar”, indica Ramírez Carrillo en el foro virtual “Crisis en la Fiscalía de Yucatán”, realizado por el Diario la semana pasada y del que ayer publicamos una primera parte.

Según el doctor en Sociología Ramírez Carrillo, además de los conflictos con el jefe de la Policía, Cetina Arjona participaba en el tráfico de tierras, “uno de los delitos más graves que se cometen en Yucatán, y que precisamente por sus vínculos con esta actividad Cetina acabó renunciando”.

En torno al tráfico de tierras hay dos caras de la moneda, de acuerdo con el investigador de la Uady. Una de ellas muestra la operación de una “mafia inmobiliaria” de cuello blanco, que trafica con bienes de cuatro tipos: tierras ejidales, baldíos urbanos, casas deshabitadas y tierras privadas que forman parte de la zona metropolitana de Mérida.

Muchos de estos bienes, añade Ramírez Carrillo, se los apropian defraudadores que operan en grupo y que están en contacto con abogados, corredores de bienes inmuebles y notarios.

En esta “mafia inmobiliaria” participan también funcionarios de varios niveles del Registro Público de la Propiedad, ministerios públicos, jueces y juzgados, “que dan cobertura a todos aquellos que demandan este tipo de ilícitos”.

Lavado de dinero

La otra cara de la moneda, explica el investigador, es que este tráfico de tierras sirve para el lavado de dinero, que puede ser dinero ilegal, procedente de actividades delictivas, pero también puede ser dinero que sencillamente se sustrae del erario o que no se reporta a Hacienda como ganancia.

Esta actividad ha estado moviendo “muchos cientos, quizá miles de millones de pesos en la última década y sigue siendo una de las actividades empresariales, entre comillas, más redituables porque ofrece la renta más alta a la inversión y obviamente tiene un efecto devastador, tanto en términos de la propiedad y de la seguridad jurídica como del crecimiento urbano de Mérida”.

Esto explica la aparición, de pronto, de construcciones inútiles, tremendos baldíos, manchas urbanas y grandes inversiones y fortunas en un contexto de ganancias urbanas y, hay que decirlo, también en un contexto de inseguridad jurídica, expone el doctor Ramírez.

“Ni ministerios públicos ni juzgados ni jueces ni el Consejo de Notarios han tenido la suficiente fuerza, la suficiente enjundia y visión como para intentar solucionar o detener este problema”, y este es el delito precisamente por el cual Cetina Arjona “acabó renunciando o lo acabaron renunciando”.

Dudas

¿Vila Dosal sabía de las irregularidades que cometía su fiscal? (participar en el tráfico de tierras ejidales, mantener abierto su despacho particular de abogado, aprovechar su puesto para beneficiar a sus clientes y presionar a sus contrarios, pedir dinero a cambio de favores, etcétera)?, se le preguntó al doctor Ramírez en el foro.

Usando la lógica, no me parece que el gobernador estuviese enterado de eso a la hora de nombrarlo fiscal, tampoco me parece que hubiera permitido esa situación, al menos por mucho tiempo, responde el investigador. “Aunque, por supuesto, habría que estar dentro del aparato de gobierno para saber a ciencia cierta si esto era verdad o no”.

Empero, pienso que no estaba en el interés de Vila Dosal tener un fiscal implicado en uno de los delitos más comunes en Yucatán (el tráfico de tierras) que, además, tiene un impacto mediático bastante alto, dice. Creo que no estaba enterado de las ligas de Cetina con esos traficantes de tierras, “porque si lo hubiera estado no lo nombraría en la Fiscalía y lo hubiese removido antes”.

Más bien, añade Ramírez Carrillo, creo que Vila Dosal se fue enterando de las irregularidades que cometía su fiscal con el paso del tiempo y esperó el momento políticamente más pertinente para actuar y eliminarlo.

“La reflexión sobre el costo político de quitarlo fue algo que estuvo haciendo durante bastante tiempo; es decir, no creo que lo haya removido de inmediato, apenas se enteró de las irregularidades de Cetina, sino que evaluó los impactos políticos para su gobierno y para su imagen antes de removerlo”.

Las acusaciones contra Cetina Arjona bajo ninguna circunstancia ayudaban a la imagen del gobernador, “pero éste ya estaba metido en el berenjenal y creo que esperó el mejor momento para sacarlo y finalmente lo sacó”. (Continuará). — Megamedia

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