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Aparente impunidad con 31 denuncias por los desvíos

Se cumple un año de las querellas de la Contraloría

Hace un año, específicamente el14 de enero de 2019, la Secretaría de la Contraloría General del Estado presentó varias denuncias por presuntos desvíos del erario durante la administración estatal del entonces gobernador saliente Rolando Zapata Bello y en todo ese tiempo no se ha turnado ningún caso a algún juez de control del Poder Judicial del Estado.

En fuentes del gobierno actual se averiguó que todas las 31 denuncias contra la administración anterior están en la fase de investigación inicial.

Se explicó, que de acuerdo con el artículo 211, fracción I, inciso A del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia o querella y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control. Es decir, la investigación inicial es una fase donde el Ministerio Público reúne los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos y fincar responsabilidades. Sin embargo, ni la Fiscalía General, ni la hoy Fiscalía de Combate a la Corrupción, ni la Contraloría General del Estado ni la Auditoría Superior del Congreso del Estado han informado sobre la integración de las carpetas de investigación de las denuncias de hace un año y menos que hayan turnado algún caso a los tribunales judiciales.

En fuentes del gobierno del Estado se informó que la Secretaría de la Contraloría General solo interpuso directamente siete denuncias del total de 31, las demás las presentaron las diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal. La Contraloría denunció presuntos desvíos en la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud estatales. Otras dependencias involucradas en las denuncias presentadas son las secretarías de Administración y Finanzas, de Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Fomento Turístico; los institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), del Deporte (IDEY), de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy), Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey), Colegio de Bachilleres (Cobay), Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP) y el Hospital Comunitario de Peto.

El faltante no acreditado durante las actas de entrega-recepción equivale a $533 millones.

Cuando presentó las denuncias hace un año, la contralora general Lizbeth Beatriz Basto Avilés afirmó que desde ese momento le correspondía a la Fiscalía integrar la carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades.

El 8 de enero del año pasado el gobierno de Mauricio Vila Dosal anunció las primeras acciones penales y administrativas por desfalcos y otras irregularidades en la estructura que dejó la administración de Zapata Bello.—Joaquín Chan Caamal

Días después, la Contraloría General del Estado emitió un comunicado oficial donde informa que en total se presentaron 31 denuncias ante organismos fiscalizadores encargados de hacer cumplir la ley, por irregularidades financieras de la administración anterior halladas en el proceso entrega-recepción.

“El Poder Ejecutivo, a través de la investigación y análisis realizados de manera responsable y profesional de los procesos de entrega-recepción, cumple con la presentación de las denuncias con la obligación que le marca la Ley, así como el compromiso que marcó el gobernador Mauricio Vila Dosal

de combatir de manera frontal la corrupción”, señaló ese comunicado del año pasado.

Reiteró que, como es evidente, “esto no es un asunto político, sino un tema estrictamente juriìdico resultado de los procesos de entrega-recepción”. Ese mismo día, el 14 de enero de 2019, el exgobernador Rolando Zapata difundió un vídeo de 3 minutos que grabó en su domicilio de la colonia Santa María Chuburná donde dijo que “no permitiremos que nos calumnien ni nos difamen”.

Dijo que se siente orgulloso de haber contribuido, junto con un gran equipo de servidores públicos y la sociedad yucateca, a que el Estado tuviera un nuevo rumbo de éxito del que todos deben sentir orgullosos y deben de cuidar.

“Ustedes me conocen, lo saben, he sido responsable de principio a fin y lo seguiré siendo”, dijo en su mensaje exprofeso al tema de las denuncias.

“Siempre trabajamos sobre las bases de un gobierno que actuara con orden, transparencia, que rinda cuentas y que diera resultados, que es lo que la gente exige a un gobierno”.

“A los miles de servidores públicos que me acompañaron institucionalmente y con quienes compartimos un mismo proyecto político, les digo que debemos sentirnos orgullosos de nuestro trabajo y de nuestro prestigio personal y profesional”, señaló en el vídeo. “Le cumplimos a Yucatán”.

Se dirigió al gobierno en turno (el de Vila Dosal) para decirle que ahora es su tiempo y su momento de actuar para que Yucatán siga en la ruta del desarrollo que entre todos trazamos. Háganlo responsablemente, los logros y el éxito de un gobierno se obtienen con trabajo y dando resultados, no

acusando para generar un ambiente político ni obtener una imagen a costa de la denostación de quienes les antecedieron.

Ofreció que siempre está y estará en Yucatán, que es su hogar, para responder y aclarar, junto con los que conformaron mi gobierno, cualquier cuestionamiento que exista hacia la administración que encabezó.

El 30 de mayo de 2019, es decir, cuatro meses después de las denuncias, el Diario entrevistó al hoy fiscal anticorrupción, José Enrique Goff Ailloud, quien reveló que se había topado con una serie de problemas en la investigación, entre ellas que el SAT se negó a proporcionar información,

por lo que recurrió a un juez para que le facilitaran la información que solicitara.

A un año de las denuncias por corrupción y desvío de recursos en el gobierno anterior, aún prevalece la impunidad.

 

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