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Aprietos en el Isstey

Este instituto, luego de su desastre financiero, inició en 2014 la privatización silenciosa de sus créditos que, según muchos indicios, solo beneficia a cuatro empresas

Ante la carencia de recursos financieros en el Isstey, consecuencias del saqueo realizado a sus arcas por Ivonne Ortega Pacheco, su sucesor, Rolando Zapata Bello, inició un proceso silencioso de “privatización” de los créditos que ese organismo destina a sus derechohabientes.

La medida, puesta en marcha en 2014, ha propiciado el paulatino retiro de ese instituto de su obligación de dar créditos y el traspaso de esa responsabilidad a empresas particulares del ramo financiero e inmobiliario, cuyos socios estarían obteniendo grandes rendimientos con esta disposición.

Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, averiguó que esta operación beneficiaría a cuatro compañías, tres de ellas muy ligadas a Yucatán, que otorgan préstamos de 12 a 48 meses a los burócratas locales, con tasas de interés de 1.67% a 3% al mes.

Para estas empresas, estos préstamos, llamados “Plus”, significan un negocio redondo, ya que pueden acceder a una clientela cautiva, de miles de trabajadores necesitados de crédito, por el virtual retiro de ese instituto de sus de obligaciones crediticias con sus afiliados, previstas en la ley.

Gran negocio

Además, el cobro de los préstamos está garantizado por el propio Isstey, que descuenta los pagos vencidos y los intereses, automáticamente del sueldo de los trabajadores.

El riesgo de morosidad, según las investigaciones, es muy pequeño y el margen de ganancia, muy alto.

El negocio es tan bueno que en su primer año de operación el crédito “Plus” colocó, en una sola compañía financiera, $420 millones en créditos de nómina a corto plazo.

De 2014 a 2018, la cartera de crédito en esta modalidad creció de 420 millones 222 mil 934 pesos a 773 millones 672 mil 625 pesos, un aumento de 84.10% en cuatro años.

Jubilan al Isstey

Por el contrario, los créditos institucionales del Isstey, considerados una prestación obligatoria de los trabajadores, disminuyeron 28.82% en el mismo período.

De 2014 a 2018 ese organismo prácticamente abandonó su compromiso de dar créditos. Los préstamos hipotecarios se estancaron, los especiales casi desaparecen —de una cartera de 92 millones en 2013, ésta pasó a nueve millones en 2018—, y los de corto plazo disminuyeron primero 55.11% y luego 30.37%.

Los términos de los convenios mediante los cuales el Isstey habría autorizado la participación de compañías privadas en la entrega de créditos de nómina a los burócratas no se conocen públicamente, ni las razones por las éstas que fueron seleccionadas. Tampoco se saben los argumentos del gobierno de Mauricio Vila para continuar con este negocio.

Dos de esas empresas, Proveedora de Sistemas de Información S.A. de .CV. y Posiciones Estratégicas en Carteras, S.A.P.I, son filiales de la compañía Servicios Inmobiliarios de Posturas, S.A.P.I. de C.V., perteneciente a Grupo Escorfin, presidido por Roberto Guzmán García, vinculado a su vez con la casa de bolsa Bursamétrica.

Servicios Inmobiliarios de Posturas (SIP), fuertemente endeudada y con problemas de flujo de efectivo, fue la empresa que adquirió 21.8 hectáreas en 2013, de la reserva territorial de Mérida, que Ortega Pacheco vendió a escondidas, tres días antes de finalizar su mandato, a Pedro Espadas Cervantes, esposo de la exalcaldesa priista Angélica Araujo Lara y a Fernando Vega Espinosa, a precio de ganga.

Antecedentes

Ellos adquirieron ese terreno en 10 millones 561 mil 690 pesos, cuando valía 57 millones 461 mil 29 pesos, y se lo vendieron a SIP en 17 millones 479 mil 440.

Espadas Cervantes y Vega Espinosa, hijo de Fernando Vega López de Llergo, socio en varios desarrollos habitacionales, construyeron el fraccionamiento San Marcos en ese lote y en otro vecino, por medio de distintas compañías, con financiamiento de SIP y mediante un fideicomiso abierto en Banamex.

Ese fideicomiso se disolvió apenas en mayo de este año y SIP recuperó la propiedad plena del predio, en una escritura notarial en la que compareció como representante legal de esa compañía José Felipe Rojas Cruz, exdelegado del Infonavit en Yucatán.

Dinerito audaz

La tercera empresa beneficiada es Grupo Kelq, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple no regulada, dedicada a dar crédito automotriz y de nómina, con el nombre comercial de “Si confiamos” y que es propiedad de Roberto Kelleher Vales y Emilio Díaz Castellanos.

La otra compañía invitada por el Isstey es Dinerito Audaz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R, de Ciudad de México, que inició operaciones en el instituto en 2017.

En este año, la Condusef elaboró un informe sobre la calidad de los servicios de 26 compañías dedicadas al crédito de nómina en el país, incluyendo a Dinerito Audaz.

En ese informe, esta empresa obtuvo una calificación de 4.6, en una escala de uno a diez. En un informe similar de 2016, su calificación fue de apenas 1.5, en la misma escala.

El proceso silencioso de privatización de los créditos del Isstey es consecuencia directa del deplorable estado financiero de ese organismo, registrado al final del gobierno de Ortega Pacheco, quien usó los recursos de ese organismo como su “caja chica”, con fines hasta ahora desconocidos.

Cobros

Durante los cinco años de su mandato, la exgobernadora —que hoy busca la presidencia nacional del PRI, prometiendo combatir la corrupción—, dejó de pagar las aportaciones del gobierno del estado al Isstey y tampoco entregó las cuotas que pagaban los empleados, aunque sí se las cobraba, ni los abonos e intereses por concepto de préstamos otorgados a los derechohabientes.

Al 30 de septiembre de 2012, último día de la gestión de Ortega Pacheco, el gobierno del Estado, según cifras oficiales, debía $2,078 millones al Isstey, un aumento del ¡16,000%! respecto a la deuda heredada por la administración de Patricio Patrón Laviada a ese organismo, que ascendía a 13 millones de pesos.

Esta situación provocó en 2013 la aguda disminución de las reservas líquidas de esa institución, que para ese año ascendían a $1,164 millones, una cantidad mínima comparada al patrimonio del instituto, que en el papel sumaban $4,604 millones.

Pocos meses después del inicio de su gobierno, Zapata Bello dio la voz de alarma y aceptó que la difícil situación financiera del instituto ponía en riesgo el pago de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio de estado, pero no habló de los problemas para cubrir varias de las prestaciones sociales que el Isstey, por ley, debe dar, entre ellas los préstamos a sus afiliados. La solución fue la más fácil: privatizar los créditos. (Continuará).— HERNÁN JAVIER CASARES CÁMARA

El negocio es tan bueno que en su primer año de operación el crédito de “Plus” de nómina colocó, en una sola compañía financiera, $420 millones

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