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Asesoría a varios productores por presunto fraude

Productores yucatecos en su entrevista en el Palacio de Gobierno para pedir ayuda para defenderse de una demanda de la Sader

Solicitan ayuda al gobierno

Una docena de productores agrícolas de Sacalum pidió ayer la asesoría del gobierno del Estado para defenderse de la delegación local de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader, antes Sagarpa), que los acusa de recibir apoyos federales para modernizar sus sistemas de riego y no realizar las obras, lo que ellos rechazan.

Los productores, cada uno representa a otras tantas unidades de riego, con 20 o más socios, llegaron ayer al Palacio, donde una comisión se entrevistó con la subsecretaria de Gobierno, Carmen Guadalupe González Martín, a quien plantearon el problema.

A su salida, el presidente del Módulo de Riego de Sacalum, Marcos Interián Villacís, representante de los inconformes, explicó que el 31 de julio éstos firmaron un convenio para modernizar sus sistemas de riego con la Sader, con lo que el gobierno federal se comprometió a entregar a los representantes de la unidades de riego, entre 595,000 y 748,000 pesos, dependiendo del proyecto.

Los productores, por su lado, se comprometían a dar una cantidad similar.

Los funcionarios de la Sader les hicieron firmar a los campesinos una carta en la que autorizan a la empresa Construcciones y Especialistas en Urbanización, S. A. de C. V., a realizar las obras, dice Interián Villacís.

Esta compañía, agregan los denunciantes, cobró el dinero, pero no puso ni un solo tubo.

En enero, personal de la Secretaría realizó una inspección a las unidades y constató que las obras no se hicieron, por lo que los productores podrían ser demandados ante el Sistema de Administración Tributaria y éste embargarles sus bienes. Los productores reconocen que no hicieron su aportación, pero la empresa contratada supuestamente por ellos no hizo ni siquiera la mitad de las obras. “Simplemente cobró y desapareció”, afirman.— Hernán Casares Cámara

Propuesta

Según Marcos Interián Villacís, la subsecretaria de Gobierno les aconsejó interponer una denuncia penal contra quien resulte responsable y le ofreció asesoría jurídica para enfrentar la demanda de la Sader.

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