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Reportan fraude

Parte de los integrantes de nuevo sindicato de la Uady

Atribuyen actos ilegales a la Junta de Conciliación

En un episodio que recuerda el “párrafo achocado” en la Constitución del Estado en el interinato 1984-1988, un sindicato en formación acusa a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de “sembrar” una falsa notificación en un expediente para negarle el registro y, de paso, favorecer a terceros.

Así como en los años 80 se exhibió al Congreso local por modificar la Constitución sin que lo aprobara el pleno, el sindicato muestra documentos que arrojan contradicciones en la posición de la autoridad laboral.

La parte acusadora es el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán (Sipauady), integrado por un grupo de profesionales que renunció a la Asociación de Personal Académico de la Uady (Apauady), involucrada en malos manejos económicos que este periódico dio a conocer en 2018.

Precisamente la Apauady y la propia casa de estudios asoman como terceros interesados en este caso, pues la aprobación del registro del Sipauady llevaría a este gremio a la próxima revisión del contrato colectivo de trabajo y otras negociaciones.

El secretario general del sindicato en proceso de registro es Luis Artemio Aldana Burgos, quien atribuye a la Junta “actos deshonestos y fraudulentos” para frenar al nuevo gremio y alterar el expediente al introducir un supuesto acuerdo.

Acompañado de otros socios, Aldana Burgos expone lo siguiente:

—El 7 de junio pasado 30 académicos presentaron sus renuncias a la Apauady. Los estatutos de esta agrupación establecen que basta con presentar la dimisión para desligarse del sindicato, sin necesidad de que se apruebe.

—El día 26 del mismo mes se celebró la asamblea constitutiva del Sipauady. Se aprobó su constitución, su estatuto interno y su primer comité ejecutivo, con Luis Aldana al frente. El 1 de julio se presentó la solicitud de registro ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, manifestándose el domicilio para recibir todo tipo de notificaciones.

—Transcurridos los 20 días que la nueva Ley Federal de Trabajo —vigente desde el 2 de mayo— concede como plazo para acordar o no el registro sindical, y vencidos también todos los plazos legales para notificar de algún requisito incumplido, el 8 de agosto el sindicato solicitó a la Junta que le otorgara la inscripción.

—El 9 de agosto, la dependencia notificó por estrados —en la solicitud inicial se incluyó el domicilio para recibir notificaciones, pero no fue tomado en cuenta— que estaba aún a tiempo para responder a la solicitud, con el argumento de que la Junta se rige por la ley vigente antes del 2 de mayo y ésta le otorga 60 días para hacerlo, en lugar de los 20 días de la ley reformada.

—El 19 de agosto el sindicato interpuso una solicitud de amparo contra ese acuerdo. Diez días después, el Juzgado Primero de Distrito le notificó de la admisión del recurso.

—De manera misteriosa, el 6 de septiembre apareció en los estrados de la Junta una supuesta notificación fechada el 5 de agosto. Se avisó de la negativa al registro con el argumento de que 28 integrantes del nuevo sindicato siguen siendo parte de la Apauady. Se basó el acuerdo en los documentos de renuncia, que, según el criterio oficial, son prueba plena de que esas personas pertenecen a esa asociación.

—Esa “notificación” no existía en el expediente y prueba de ello es que el 8 de agosto la Junta dijo, en una de sus resoluciones, que todavía estaba a tiempo de responder a la petición de registro. Los denunciantes se preguntan cómo pudo responder en esos términos si se supone que dos días antes ya había declarado la improcedencia.

—La dependencia ignora flagrantemente la Ley de Trabajo vigente.

—En los supuestos acuerdos se observa complicidad de los representantes de la parte patronal y de los trabajadores de la Uady ante la Junta. Los suscriben Policarpo Echánove Fernández, por la rectoría, y Daniel Enrique Zapata López, avalado por la Apauady. Es obvio, dice Luis Aldana, que responden a intereses particulares.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Observaciones de un sindicato Acuerdos

El nuevo sindicato acusa a la Junta de Conciliación de ignorar la Ley del Trabajo.

Actuación legaloide

Esta dependencia, subraya el gremio de académicos, de forma legaloide argumenta que su actuación se rige por la Ley Federal del Trabajo anterior, a pesar de que todo el proceso de constitución de nuestro sindicato se hizo al estar ya vigente la reforma laboral.

Complicidades

En los actos de la Junta, añade el gremio denunciante, se puede observar la complicidad de los representantes del patrón y de los trabajadores de la Uady ante ese órgano de gobierno. Éstos se prestaron a la firma y publicación de un “acuerdo” fechado el 5 de agosto, que fue sacado de la manga en un intento por evitar el registro del sindicato y responder a intereses particulares, subraya.

El diálogo, decisivo