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Campesinos de varios municipios acusan despojo de tierras

Ejidatarios en la rueda de prensa. También pidieron que los campesinos tengan acceso real a los recursos oficiales para el campo yucateco

Acusación contra empresarios y especuladores

“Hemos sido conciliadores, pero no nos han dado resultados concretos, nos han fallado el gobierno federal y las instituciones públicas”, acusaron campesinos de varios municipios por el despojo de tierras que sufren en sus comunidades a manos de empresarios inmobiliarios e industriales.

“La Procuraduría Agraria es un nido de víboras, el Registro Agrario Nacional sigue con la misma situación y el Tribunal Unitario Agrario se ha unido a esto”, denunciaron.

Reunidos en el Centro de Estudios Sociales “Efraín Calderón Lara”, ejidatarios de Ixil, Yaxkukul, Baca, Samahil, Motul y Seyé, agrupados en el Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida, relataron sus casos, en muchos de los cuales surgió el nombre de Rafael Acosta Solís como el “empresario beneficiado”.

Indicaron que el desempleo y la pobreza extrema tienden a agravarse.

Denunciaron que a vista y paciencia de las autoridades agrarias federales y estatales actúan compradores y especuladores empresariales que se dedican a despojar los territorios de las familias de los pueblos y ejidos.

Aseguraron que hay asambleas ficticias en los ejidos, en las cuales los comisarios actúan en contubernio con las presidencias municipales y cada vez son más seguidas y graves porque las dependencias, sabiendo el origen viciado del proceso, las validan “olímpicamente”.

“Exfuncionarios y exgobernadores están implicados descaradamente. El arrebato legaloide de tierras ejidales es un negocio lucrativo en este momento ¿cómo lo será al rato, cuando se asienten negocios de capital internacional devastando flora, fauna y vestigios mayas?”, se preguntaron.— Luis Alpuche

Asistentes

Estuvieron presentes en la rueda de prensa Cecilio Cisneros Rivero, del Consejo de Vigilancia de Ixil; Gilberto Chan Aké, presidente del comisariado de Yaxkukul; Isidro Pech Canché, ejidatario de Baca; Lorenzo Balam Canul, de Samahil; Luis Tzá Sánchez, de Motul, y Matilde May Chan, de Seyé. Pidieron que los poderosos despachos de los compradores de tierras sean objeto de auditorías para saber el origen de sus recursos.

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