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Difícil que se cumpla la promesa de rescatar un hospital

El rescate del hospital de Ticul, anunciado varias veces por el  presidente Andrés Manuel López Obrador, y hasta por el gobernador Mauricio Vila Dosal, está, sin embargo, muy lejos de concretarse, pues aún persiste un enconado litigio entre la empresa constructora y el gobierno del estado.

Infraestructura Hospitalaria de la Península (IHP), la compañía subsidiaria de Grupo Marhnos, a cargo de la edificación del hospital y de su eventual operación, reclama el pago de 746 millones de pesos como compensación por la cancelación del contrato de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), hecho por Servicios de Salud de Yucatán (SSY) en el gobierno de Rolando Zapata Bello.

Esta dependencia ofrece, cuando mucho, 125 millones de pesos.

El litigio ha llegado a la Suprema Corte de Justicia y a un tribunal internacional, pero ni así se ha podido resolver, a cuatro años de su inicio. Ahora su resolución está en manos de un tribunal colegiado en Campeche.

Mientras éste no decida, es prácticamente imposible terminar la construcción del hospital, otro de los "elefantes blancos" heredados de Ivonne Ortega Pacheco, que han significado el derroche de cientos de millones de pesos del erario.

Cinco anuncios sobre el tema

No obstante la maraña legal que envuelve al hospital de Ticul, el sábado 6 de marzo, en el segundo día de su gira por Yucatán, López Obrador anunció en Maxcanú que su gobierno había llegado a un acuerdo con Grupo Marhnos para reanudar los trabajos en ese hospital, pero no dijo cuándo, ni dio los detalles de ese acuerdo.

Ésta fue la quinta vez, por lo menos, que el presidente se refiere a un posible acuerdo para reactivar el hospital de Ticul.  Antes lo hizo el 12 de abril, el 20 de septiembre y el 5 de noviembre de 2019 y el 3 de marzo de 2020.

El 4 de marzo de ese año, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que luego de largas negociaciones, los gobiernos federal y estatal habían alcanzado un acuerdo con Grupo Marhnos.

Como consecuencia de eso, la empresa retiraría su demanda legal en contra del gobierno estatal y aceptaría recibir como indemnización el monto depositado en el fideicomiso abierto para financiar esa obra, aunque no se habló de cantidades.

Pese a estos anuncios, la apertura del hospital se ve aún lejana, dice José Carlos Soto Aja, del despacho Jiménez y Carranza Abogados, de Ciudad de México, especialista en derecho internacional público y arbitraje, quien conoce de cerca el litigio por el hospital de Ticul.

Con su ayuda  Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia logró reconstruir la ruta seguida por este conflicto legal, cuyos orígenes se remontan al 12 de septiembre de 2012.

¿En qué consistía el proyecto?

En esa fecha, pocos días antes de que finalice la gestión de la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco —la principal impulsora de la obra— el gobierno del Estado, por medio de los Servicios de Salud de Yucatán y con la autorización del Congreso, adjudicó un contrato de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) a Infraestructura Hospitalaria de la Península (IHP) para construir un hospital de segundo nivel con 90 camas y encargarse de su operación por un período de 25 años.

La construcción del hospital de Ticul, otro "elefante blanco" de Ivonne Ortega, está paralizada por un embrollo jurídico (Archivo)

El precio de la construcción y del equipamiento del hospital sería de 1,150 millones de pesos. Esta cantidad estaba incluida en la cifra total del contrato, que vencía en 2037 y ascendía a un total de cinco mil 571 millones 578 mil pesos, más IVA.

Así, el gobierno contraía la obligación de pagar una compensación mensual a la empresa de 18.5 millones de pesos; es decir,  619,064 pesos diarios y 222.8 millones de pesos al año, más IVA.

De acuerdo con el contrato, la empresa debía entregar al gobierno un edificio totalmente equipado en marzo de 2014, pero no cumplió con ese plazo.

Rolando Zapata gestiona ajustes al plan

El gobernador Rolando Zapata Bello, sucesor de Ortega Pacheco, consideró excesivo el tamaño de ese centro hospitalario —y desventajosas sus condiciones financieras—, y aprovechó ese retraso para pedir a la empresa la reducción del tamaño del proyecto, primero a 60 camas y luego a solo 30.

Por este motivo, el 17 de enero de 2014 el gobierno del Estado firmó un convenio modificatorio con IHP, en el cual se acordó darle una prórroga de 300 días naturales —venció el 15 de octubre de 2014— para terminar la obra e iniciar operaciones.

En caso de incumplimiento, el convenio prevía darle a la empresa y al gobierno estatal un período de tres meses para decidir si continuaban con el contrato o lo rescindían. Ese plazo se cumplió el 15 de enero de 2015.

Al llegar ese día las obras del hospital tenían apenas un avance de 34%.

El contrato establecía que ante la demora en la entrega, el gobierno podría aplicar una multa de 25,000 pesos por cada día de atraso y rescindir unilateralmente el contrato, si luego de tres meses de la fecha de entrega (abril de 2015), la empresa seguía sin cumplir la terminación del edificio, como en efecto ocurrió.

El 25 de marzo el gobierno exigió a Infraestructura Hospitalaria de la Península el pago de la multa o en su lugar rescindiría el contrato de PPS.

Sin respuesta

El 10 de abril de 2015, Servicios de Salud de Yucatán (SSY) solicitó legalmente ese pago en el Juzgado Primero de lo Civil de Yucatán, pero la empresa no respondió.

Alegó que una de las causas del atraso de la obra fue la petición del gobierno para cambiar el proyecto original e interpuso en ese juzgado un recurso de “excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción”.

Ante esta situación, el 6 de mayo de 2015, SSY notificó a la empresa el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato de PPS, que se resolvió el 6 de julio de ese año.

Poco después, SSY comenzó un “incidente de cuantificación” mediante el cual se presentaron dictámenes periciales en materia de contabilidad, ingeniería y valuación de inmuebles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia, nuevamente, un acuerdo para reanudar la construcción de un hospital en Ticul
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a un posible acuerdo del gobierno con Grupo Marhnos, constructor del hospital de Ticul, por lo menos en cinco ocasiones en menos de dos años (Archivo)

El 25 de abril de 2017, SSY dictó resolución en el referido incidente, el cual determinó el monto que a su parecer correspondía como pago por terminación: 125 millones 51 mil 765 pesos.

En contra de esa resolución, Infraestructura Hospitalaria interpuso un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, pero este organismo declaró la validez de la resolución impugnada y confirmó el monto del adeudo. Ante esto, IHP decidió dirimir el conflicto en un tribunal arbitral, como lo establecía la cláusula 23.2 del contrato de PPS.

Según ésta, cualquier controversia se resolvería a elección del actor, en este caso IHP, “ya fuese a través de los tribunales competentes  de Yucatán o por medio de un procedimiento arbitral regido por el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional”.

Controversia aceptada

La Corte Internacional de Arbitraje de esa cámara admitió la controversia a trámite en mayo de 2016 y así se le notificó a SSY. Ante esa Corte Internacional, Infraestructura Hospitalaria de la Península demandó el pago de los siguientes conceptos:

a) 520.2 millones de pesos por concepto de pago por terminación de contrato, más la actualización respectiva conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, además de la actualización por tipo de cambio del monto en dólares contenido en la cantidad reclamada.

b) Pago de gastos financieros generados por no haber realizado SSY el pago por terminación.

c) El pago de daños y perjuicios causados por la falta de recepción oportuna de la obra y el equipo.

d) El pago de costos de arbitraje incluyendo los costos de representación legal y demás costos relacionados con el procedimiento arbitral.

Rechazan la demanda

El 11 de agosto de 2016, SSY rechazó la demanda, alegando la incompetencia de esa instancia en el caso, pero la Cámara de Comercio Internacional determinó que de acuerdo con el contrato PPS sí era competente para resolver el conflicto planteado por IHP.

Respecto a la incompetencia argumentada por SSY, los abogados de IHP consideraron que el tribunal arbitral era competente para pronunciarse sobre los efectos jurídicos de la terminación del contrato con SSY.

La competencia de ese tribunal coincide con “nuestro Código de Comercio y con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en la materia y está en consonancia con los tratados internacionales de los que México es parte”, explican los abogados en uno de los alegatos presentados en el juicio.

Medidas contra la SSY

El 24 de febrero de 2017 la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI notificó a las partes el nombramiento del Tribunal Arbitral que llevaría el caso.

En ese momento, IHP solicitó ante ese tribunal la adopción de una medida cautelar consistente en ordenar a SSY que se abstuviera de emitir cualquier resolución en su denominado “incidente de cuantificación” o cualquier acto que pudiese ser contrario con la materia del arbitraje o pudiera obstaculizar el mismo.

En ese sentido, el día 27 de marzo de 2017 el Tribunal Arbitral concedió en definitiva la medida cautelar solicitada y ordenó a SSY a suspender todo acto que fuera contrario a la jurisdicción del Tribunal Arbitral.

El 24 de octubre de 2017 Infraestructura Hospitalaria presentó la demanda arbitral y el 30 de noviembre de 2017 SSY entregó su contestación, alegando la excepción de incompetencia.

El inconcluso hospital de Ticul, otro "elefante blanco" de la administración de Ivonne Ortega Pacheco
En 2015 el gobierno de Rolando Zapata Bello rescindió el contrato para la construcción del hospital de Ticul, por el notorio atraso en las obras

Asimismo, con fecha 15 de diciembre de 2017, la empresa presentó un escrito de réplica y SSY, por su parte, con fecha 29 de ese mismo mes, presentó escrito de dúplica. Finalmente, las partes acordaron la celebración de la audiencia arbitral en Mérida los días 14, 15 y 16 de febrero de 2018.

Los alegatos finales se presentaron en abril y un mes después el Tribunal Arbitral dictó el laudo que puso fin al procedimiento, en el que condenó a SSY al pago de 746 millones de pesos y a recibir de inmediato el edificio del hospital.

Según ese laudo, a esta cantidad se le agregarán cinco millones, 500 mil pesos cada mes, hasta que ocurra el pago total previsto en el contrato, que vence en 2037.

El 1 de agosto de 2018, IHP promovió una demanda de Reconocimiento y Ejecución de Laudo Arbitral en el Juzgado Cuarto de Distrito, en Mérida, que lo admitió como “un procedimiento especial”.

“Cláusula inválida”

De acuerdo con los abogados de la empresa, los únicos requisitos exigidos por el Código de Comercio para que los tribunales mexicanos reconozcan y ejecuten un laudo arbitral son presentar el propio laudo y, en este caso, el contrato con la cláusula 23.2,  donde se pacta que las controversias puedan resolverse a través del arbitraje.

En la contestación a la demanda, SSY opuso excepciones y defensas y “sorprendentemente”, dicen los abogados de IHP, en un informe sobre el tema, esta dependencia  alegó “que la cláusula arbitral que ella misma redactó (en el gobierno de Ivonne Ortega) y que hizo incluir en el modelo de contrato de la licitación pública a su cargo, es inválida ya que no cumple con la legislación civil estatal, no obstante que estamos en presencia de un contrato de naturaleza mercantil”.

El Juzgado Cuarto aceptó los argumentos de SSY y se declaró incompetente para atender el asunto.

Reacciona la empresa

La empresa interpuso entonces un recurso de revisión ante el Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito, que resolvió que ese juzgado es incompetente y ordenó la remisión del expediente al Juzgado Civil en turno del Estado de Yucatán.

En contra de esa determinación, IHP tramitó otro recurso de revisión en el Tribunal Colegiado de Campeche, pero sin obtener resolución.

Ante esta situación, Infraestructura Hospitalaria solicitó la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 30 de octubre de 2019 la Primera Sala de la Corte ordenó al Tribunal Colegiado de Campeche la remisión de las actuaciones del caso, con la finalidad de determinar la procedencia de la solicitud para que la Corte conozca del asunto.

De vuelta al Tribunal Colegiado

El 13 de enero de 2021 se sometió a votación el proyecto en el que se negó la procedencia de la reasunción de competencia, el cual se aprobó por mayoría de votos

Consecuentemente, el expediente y todos los documentos serán  remitidos nuevamente al Tribunal Colegiado en Campeche, a efecto de que sea éste el que resuelva el amparo promovido por IHP contra la resolución del Tribunal Unitario de Yucatán.

“Todo esto demuestra que el reinicio de las obras en el hospital de Ticul está muy lejos de concretarse y que todavía falta tiempo para resolver el aspecto jurídico”, dice el abogado Soto Aja.

“Por eso extraña que el Presidente y el gobernador estén hablando de un acuerdo con Marhnos”, concluye.

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