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Errores, anomalías y exorbitantes honorarios en asesorías para el Tren Maya

Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, platica con el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de las visitas para supervisar los avances del Tren Maya (Foto oficial)

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) autorizó el pago de honorarios exorbitantes a las empresas de consultoría contratadas para realizar estudios de preinversión en la construcción del Tren Maya.

Estos honorarios superan hasta diez veces el sueldo mensual del presidente de la República o de los secretarios del Estado.

Por ejemplo, el director responsable del servicio de asesoría legal en la estructuración del Tren Maya, con veinte años de experiencia, cobró por sus servicios, durante nueve meses, $5,800 la hora, $46,400 al día y $1.113,600  al mes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, como se sabe, tiene un sueldo mensual de $143,054,  con todo y prestaciones.

Fonatur actuó también con manga ancha al momento de fijar los honorarios del personal sin experiencia de esas consultoras.

Los que presentaron un nivel universitario de "pasante" les pagaron mil pesos diarios la hora de servicio y $192,000 al mes, cuando el salario mensual de un secretario de estado asciende a $135,500.

Reporte de la Auditoría Superior

Estos datos aparecen en la Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas 2019-3-21W3N-22-0379-2020 379-DE, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y publicada en febrero.

En ese mismo documento este organismo denuncia que Fonatur, con toda negligencia, pagó a esas empresas consultoras, cientos de horas de asesoría -con altísimas tarifas- aunque Fonatur no había solicitado ese servicio.

La ASF detectó también un pago por más de $14 millones a la Secretaría de Marina por imágenes satelitales que, al parecer, nunca se hicieron.

Según la Auditoría Superior, el 19 de marzo de 2019 Fonatur firmó un contrato con la empresa Woodhouse Lorente Ludlow, S.C. por un "servicio de asesoría legal para la estructuración jurídica del Tren Maya", luego de "solicitar diversas cotizaciones a empresas con la experiencia especializada necesaria para la ejecución de los servicios".

Ese contrato incluía la asesoría profesional durante 2,115 horas en el periodo comprendido del 19 de marzo al 31 de diciembre de 2019, por un monto de 44 millones de pesos.

Honorarios para seis socios

Woodhouse Lorente Ludlow comisionó a seis de sus socios para realizar este trabajo. Estos cobraron, por concepto de honorarios, las siguientes cantidades, tomando en cuenta jornadas diarias de 8 horas y 24 días hábiles por mes:

El socio con experiencia profesional de más de 20 años cobró a Fonatur $5,800 por hora de servicio, $46,400 al día y $1,113,600 al mes.

Al final del contrato recibió un total de $12,269,230.

El socio con diez años de experiencia recibió $5,000 por hora, $40,000 al día y $960,000 al mes. Los honorarios ascendían a $4,000 la hora, $32,000 al día y $768,000 al mes, con seis años de experiencia.

Con tres años, la hora se fijaba en 3,000, el día en $24,000 y el mes en $576,000. Con un año, $2,000 la hora, $16,000  el día y $384,000 al mes.

Finalmente, el "pasante", sin experiencia, como ya se dijo, se embolsaba $192,000 mensuales.

Contrato por 32 millones de pesos

Maquinaria para la construcción del Tren Maya en el Tramo IV
Maquinaria pesada que se usa para la construcción del trazado del Tren Maya en el Tramo IV Golfo, de Izamal a Cancún (Foto oficial)

Otra empresa de consultoría, PriceWaterhouseCoopers, obtuvo un contrato por 32 millones de pesos para "asesoría económico-financiera para la estructuración del Tren Maya", en el periodo del 19 de marzo al 31 de diciembre de 2019, con la siguiente tarifa de honorarios por hora:

Director de Proyecto, con más de 10 años de experiencia, $4,500; experto en esquemas de inversión mixta, con 15 años de experiencia, $4,500; especialista internacional en vías férreas y material rodante, 10 años de experiencia, $6,800 y especialista financiero, 5 años de experiencia, $3,000 la hora.

Asimismo, especialista en rentabilidad social, con 5 años de experiencia, $3,000; especialista en modelos operativos, con 10 años de experiencia, $2,300 y analista económico-financiero, 3 años de experiencia, $1,600 por hora.

Según la ASF, si Fonatur hubiese encargado estos mismos trabajos a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o a otros especialistas, ajustando sus honorarios a los límites de honorarios previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las cantidades pagadas por ese tipo de servicios se hubieran reducido drásticamente, en el primer caso de $44 millones a $4,912,525 y en el segundo de $32 millones a $3,500,894.

Asesorías que no dio

La Auditoría Superior no solo detectó estas anomalías. También descubrió que en el caso de Woodhouse Lorente Ludlow esta compañía firmó un contrato con Fonatur por 2,155 horas efectivas de consultoría, cuando en el periodo del 19 de marzo al 31 de diciembre de 2019 solo era posible ofrecer 1,984  horas, es decir, la empresa cobró en honorarios más horas de asesoría -que no dio- y por eso obtuvo $2.732,800  adicionales.

Algo parecido, aunque más grave, se detectó en la revisión del contrato C-TM-008/2019/L.P.N., adjudicado por Fonatur a las empresas Key Capital S.A.P.I. de C.V., Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V., Daniferrotools, S.A. de C.V. y Geotecnia y Supervisión Técnica, S.A. de C.V.

Este contrato se dio por $298.987,700 para elaborar el plano de la ingeniería básica para el Tren Maya en el periodo del 23 de agosto de 2019 al 23 de abril de 2020.

La ASF presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de $50.269,961 en este contrato, toda vez que la empresas adjudicadas consideraron tiempos y personal superiores a los indicados en sus mismos programas del personal encargado de la ejecución de los servicios, lo que generó un costo mayor en la propuesta.

Esto ocurrió porque Fonatur omitió analizar la propuesta económica de las empresas ganadoras de la licitación, en específico su apartado de integración de precios unitarios.

Doble negligencia

Pero de  acuerdo con la ASF, aquí hubo doble negligencia, ya que para la realización y supervisión de todo el proceso de licitación de los estudios de preinversión del Tren Maya, Fonatur contrató a una empresa especializada, aunque ésta fue la primera en cometer errores.

Se trata de Mextypsa, S.A. de C.V., que firmó un contrato con Fonatur el dos de mayo de 2019 por un año para proporcionarle asesoría técnica del Tren Maya "para la estructuración del proyecto integral, la contratación de la ingeniería básica y la supervisión técnica de dicha ingeniería básica", por un monto de $59,552,700.

Esta empresa debía de darle asesoría y acompañamiento técnico a Fonatur en el proceso de licitación pública para la contratación de la ingeniería básica, pero la empresa no cumplió.

Si bien realizó un análisis a las propuestas técnicas de los participantes en esa licitación, no llevó a cabo la revisión de las propuestas económicas, de modo que no detectó que en la propuesta del licitante ganador del contrato C-TM-008/2019, existían duplicidades, en específico respecto al personal considerado tanto en las matrices de precios unitarios como al personal de oficinas de campo contemplados en sus costos indirectos.

Por todo lo anterior, la ASF concluye que Mextypsa no cumplió con los alcances establecidos en el objeto del contrato que se firmó con ella y por lo que ya se la habían pagado $33,074,200  en 2019, de un total de $59,552,700 contratados.

Más irregularidades

La ASF detectó otras irregularidades en el proceso de contratación de estudios para el Tren Maya, como la relacionada con el pago de $14.953,274 de Fonatur a  la Secretaría de Marina por el servicio de telemetría.

El objetivo de este pago era contar con los servicios de telemetría del satélite GeoEye-1, durante un período de 43.6 minutos, para obtener imágenes satelitales de muy alta resolución de la ruta del Tren Maya.

No obstante, no se cuenta con evidencia documental de la existencia de esas imágenes, dice el informe de la ASF, ni justificación del pago de $14.953,274 por 43.6 minutos de uso del satélite -a razón de 343 mil pesos por minuto-, lo que se considera una cifra muy alta.

Adicionalmente, fue un proveedor privado el encargado de la operación y no la Secretaría de Marina, por lo que no se entiende el  pago a esta dependencia.

Con la revisión del contrato C-TM-007/2019, cuyo objeto fue hacer “trabajos técnico jurídicos para la identificación y liberación de áreas de afectación para la constitución del derecho de vía del Tren Maya”, adjudicado a la empresa BYA Barrientos y Asociados S.A. de C.V., por  $62.408,000, se determinó que la empresa calculó realizar un trabajo sobre 21,520,000 metros cuadrados, correspondientes a los 538 km. por 40 metros de ancho de derecho de vía.

Empero, señala la ASF, únicamente existía afectación en 11,520,000 metros cuadrados, es decir, que 10,000,000 de metros no presentaban afectación en el derecho de vía, pero la empresa cobró como si hubiese hecho el trabajo en esa superficie a un precio de $13,190,100, cantidad que, de acuerdo con la ASF, la empresa deberá regresar a las arcas públicas.

Incongruencias en indemnizaciones

La Auditoría Superior también detectó inconsistencias en esta área, como la no acreditación de la posesión de los predios e incongruencias en los nombres de las personas que son consideradas como representantes de los mismos.

Por último, no existe constancia ni evidencia documental del avalúo e importe total a pagar para cada predio afectado, aun y cuando en el contrato con BYA Barrientos y Asociados se establecía que esta empresa debía de solicitar el avalúo respectivo al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Otra anomalía se detectó en el contrato TMYUC-PL/19-S01.01, para hacer el “Estudio de disponibilidad de suelo para crecimiento urbano del polo de desarrollo en la ciudad de Mérida", por $3.749,096 y adjudicado a Enrique Norten Arquitectos, S.C.

En este caso Fonatur no administró con eficiencia los recursos "toda vez que durante el procedimiento de contratación", explica la ASF, "si bien se realizó la invitación a cuando menos tres personas, y se seleccionó la propuesta más económica, el organismo no verificó que las propuestas excedan el plazo pactado en el contrato".

Incumplimiento en plazos

La ASF detectó que en sus análisis de precios unitarios, Enrique Norten Arquitectos estableció para el personal encargado de los trabajos, tiempos superiores a los solicitados en el contrato.

Por ejemplo, aun y cuando los servicios tenían como plazo contractual del 18 de septiembre al 16 de diciembre de 2019, es decir, 90 días naturales, que corresponden a 3 meses sin descansos, la propuesta de Norten contenía asignaciones financieras para pagar personal hasta para 23 meses, "situación que debió ser verificada y observada por parte de los servidores públicos del Fonatur, porque incide en los costos de los materiales y los equipos".

Por este "error", dice la ASF, la empresa cobró sus servicios con un sobreprecio de $2.643,300.

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