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Exfuncionario del gobierno de Yucatán, ligado a red fantasma

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) propinó duro golpe a la red acusada de desvíos de recursos durante el gobierno anterior de Yucatán al clasificar como fantasma a una empresa vinculada a un exfuncionario de alto nivel.

El negocio que se suma a la lista negra del fisco es A Moot Point, S.A. de C.V. Según denuncias públicas, facturó más de cien millones de pesos al gobierno del Estado entre 2015 y la primera mitad de 2018.

De acuerdo con documentos obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, su director general fue Christian Alejandro Morales Pino, quien trabajó en la Dirección General de Tecnologías de la Información durante el gobierno de Rolando Zapata Bello.

Conexión con el Palacio de Gobierno

En algunos fallos de licitaciones aparece como representante de la empresa Carlos Amaro Quiroz, cuñado de Sergio Martín Vadillo Lora, quien fue jefe del Despacho del Gobernador y coordinador de la campaña electoral del PRI en Mérida en 2015.

Amaro Quiroz figuraba en la nómina de la compañía con rango de jefe, subordinado a Morales Pino.

Vadillo Lora ya tiene oficialmente una empresa, inscrita en el Registro Público de Comercio el 21 de enero de 2021. Es una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable.

Acta de la empresa a nombre de Sergio Vadillo Lora, exjefe del Despacho del Gobernador

Conflicto de intereses

A Moot Point fue parte medular de la red fantasma del sexenio anterior, por la injerencia directa de Vadillo Lora mediante su cuñado y empleados del Ejecutivo que estaban al servicio de la compañía. Además de los indicios de desvíos, era claro el conflicto de intereses.

En agosto de 2019, un organismo internacional relacionó a este negocio con un presunto esquema de fraude con fondos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obras que ejecutaría la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay). Más adelante abundamos en este tema.

En la mira del SAT desde 2019

A Moot Point estaba en la mira del SAT desde 2019, según consta en actas en poder de Central 9.

El 11 de julio de ese año, la Secretaría de Hacienda le notificó mediante buzón tributario sobre el “oficio de presunción” de irregularidades fiscales, en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

El 26 de agosto se publicó la notificación en el Diario Oficial de la Federación, para que surtiera efectos al día siguiente.

Los presuntos y los definitivos

El concepto de presunción significa que las autoridades detectaron que la empresa aludida emitió comprobantes fiscales “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

A Moot Point tuvo un plazo para presentar argumentos y pruebas a su favor. Exhibió alegatos, pero no consiguió desvirtuar los señalamientos y finalmente el SAT la incluyó en la lista de “definitivos” por la simulación de sus actividades, según resolución del 13 de noviembre de 2019.

Ni tuvieron ni tienen efecto fiscal

La notificación se publicó en el Diario Oficial el 21 de noviembre del mismo año  y cinco meses después, el 17 de abril de 2020, se difundió por la misma vía “el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación”, con base en un oficio de la Secretaría de Hacienda fechado el 23 de marzo.

El  cuarto párrafo del artículo 69-B establece que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por los contribuyentes sancionados no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

Con esa condición ya oficial de simuladora de actividades, A Moot Point fue beneficiada en poco más de tres años con cientos de contratos directos y por lo menos cinco licitaciones bajo la operación del gobierno del Estado.

Los contratos de adjudicación directa fueron de bajo monto, de 20 mil a 250 mil pesos, pero las licitaciones implicaron montos de siete a 37 millones de pesos.

Antecedentes de denuncias

Esta empresa estuvo en el ojo del huracán desde los últimos meses de la administración anterior, cuando salieron a la luz acusaciones de favoritismo y tráfico de influencias.

En rueda de prensa que ofrecieron a principios de junio de 2018, tres representantes de Movimiento Ciudadano dieron a conocer los vínculos de un “alto funcionario” del Ejecutivo estatal con esa firma.

No mencionaron nombres, pero sí lo hizo después, en otra conferencia de prensa, el exgobernador Patricio Patrón Laviada. Dijo que en fallos de licitaciones del gobierno del Estado aparecía como representante del negocio Carlos Amaro, a quien identificó como cuñado de Vadillo Lora.

Sala de espera del Hospital General de Tekax, donde en teoría A Moot Point instaló sistemas de tecnología, voz y datos por los cuales se pagaron 37 millones de pesos

Documentos reveladores

En efecto, los documentos obtenidos por Central 9 prueban que Amaro Quiroz estuvo en licitaciones como representante de A Moot Point, que en su traducción del inglés al español es “punto polémico” o “cuestión discutible”.

El 13 de octubre de 2016, en carta firmada por Carlos Hernando Sobrino Argáez, entonces director de la Japay y después presidente estatal del PRI, se invitó a A Moot Point con atención “a Ing. Carlos Amaro Quiroz” a presentar una propuesta para servicios de consultoría.

Finalmente, según acta del 29 de noviembre de ese año, se adjudicó a esa empresa el contrato, de más de siete millones de pesos. Firmó Amaro Quiroz como representante en la lectura del fallo.

Más vínculos en el papel

En sesión del 19 de junio de 2017, para la apertura de propuestas técnicas y económicas sobre una adquisición de bienes para Servicios de Salud, firmó de nuevo Amaro Quiroz como representante.

En otro documento, del 8 de mayo de 2017, sobre la adquisición de bienes y equipo para el Hospital Materno-Infantil, una vez más aparecen el nombre y la firma de Amaro Quiroz como representante de A Moot Point.

Este último acto representó la adjudicación a esta empresa de un contrato de más de 37 millones de pesos para un “lote de equipos de sistemas y tecnologías de la información, voz y datos”.

Otros lazos con el gobierno

Carlos Amaro no es el único vínculo de Sergio Vadillo con la empresa. El director general de ésta, como ya señalamos, era Christian Morales Pino, quien también estuvo en el organigrama de la Dirección General de Tecnologías de la Información.

En recibos de nómina en poder de Central 9 se ve también el nombre de la contadora Rubí Jesús Sosa Tzec, con rango de gerente. En una factura dirigida al negocio se cita su correo institucional, con la extensión que corresponde a las cuentas del gobierno del Estado.

Socio de otra empresa

Morales Pino figura también como accionista y administrador único de Enernet, S.A. de C.V., empresa creada a fines de 2016 que aparecía en la lista de proveedores de A Moot Point.

Otro socio de Enernet es Carlos Arturo Pino Sosa, quien también está en un documento de nómina como parte del personal de A Moot Point.

El objeto social principal de Enernet es “mantenimiento de piscinas, electricidad, plomería, mantenimiento de casas y oficinas en general”, así como “elaboración de químicos de limpieza y otros”.

En su acta constitutiva está el nombre de Rubí Sosa como “comisario” de la sociedad anónima.

Acta constitutiva de Enernet, empresa en la cual figura como accionista mayoritario un extrabajador del gobierno del Estado que en teoría fue director general de A Moot Point

Subcontrataciones con buena ganancia

La lista de proveedores de A Moot Point pone al descubierto un sistema de subcontrataciones que arrojaba jugosas ganancias.

Por ejemplo, en noviembre de 2017 el gobierno contrató la supuesta reparación de un corte de fibra óptica a A Moot Point, que facturó por ese trabajo 177 mil 166 pesos.

En realidad la empresa subcontrató a la compañía Sitra, que a su vez le cobró 118 mil 109 pesos. Así, A Moot Point cobró un sobreprecio de 33 por ciento.

La Secretaría de Desarrollo Rural contrató a A Moot Point para servicios de “hardware” por un monto de 127 mil 409 pesos. Aquélla subcontrató a Ingram, que le cobró 79 mil 441 pesos. El sobreprecio fue de 38 por ciento.

Acusaciones en otro ámbito

Los contratos con la Japay que citamos líneas arriba estuvieron bajo la sombra de la opacidad y fueron también motivo de señalamientos públicos.

El 29 de agosto de 2019, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), una organización civil que promueve la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, publicó que parte de un préstamo de 200 millones de dólares aprobado por el BID para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a fines de 2015 terminó involucrado en un esquema de presuntos desvíos.

Ese esquema, indicó el organismo internacional, fue operado por A Moot Point con funcionarios de la Japay mediante dos contratos del 28 y 29 de noviembre de 2016 para la actualización del padrón de usuarios y la adquisición de equipos de cómputo y “escáners”.

Según el BID, cita Poder, el objetivo era “mejorar la calidad del servicio de agua y saneamiento en poblaciones, preferentemente entre 50 mil y 900 mil habitantes, mediante la ejecución de proyectos integrales de corto y mediano plazo por parte de los Organismos Operadores”.

El organismo señala que en el caso de Yucatán el dinero fue usado sin determinar cuáles poblaciones cumplían con el tamaño objetivo del BID.

Contratos y extrañas propuestas

Central 9 obtuvo copias de los fallos de las licitaciones y de los contratos asignados a A Moot Point.

El acta correspondiente a la “Actualización del padrón de usuarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán”, fechada el 29 de noviembre de 2019, llama la atención por los montos tan dispares que presentaron los dos únicos participantes en la licitación.

A Moot Point ofreció un presupuesto de 6 millones 346 mil 100 pesos. El otro licitante, Mextypsa, S.A. de C.V., presentó una oferta que triplicaba la de su competidor: 25 millones 229 mil 780 pesos.

Como aparentemente era el objetivo, la propuesta de Mextypsa fue desechada  y se le otorgó a A Moot Point el contrato por un monto total de 7 millones 361 mil 476 pesos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Millonaria instalación de voz y datos

En la revisión de Central 9 se encontró que el contrato de mayor monto otorgado a la empresa ligada a funcionarios del gobierno es de 2017, para la obtención de “un lote de equipos y sistemas de tecnologías de la información, voz y datos” en el Hospital de Tekax.

La ganadora de la licitación extendió una factura de 37 millones 296 mil 51 pesos, incluyendo el IVA.

Orígenes y cambios en la compañía

En el Registro Público de Comercio consta que el acta constitutiva de A Moot Point fue inscrita el 22 de diciembre de 2014, días antes de la Navidad.

Sus accionistas originales fueron Mercedes Aguilar Cinco y Reyes Alfredo Can Pool, ambos del municipio de Motul, según manifestaron ante el notario Carlos Goff Rodríguez.

En la relación de su objeto social se mencionó “la creación, administración, distribución y explotación de aplicaciones móviles, computarizadas y tecnológicas”, lo mismo que “el desarrollo, los estudios, la implementación, la operación y la comercialización de sistemas electrónicos automatizados, sus componentes y partes”.

Documentos de la inscripción de A Moot Point en el Registro Público de Comercio y los movimientos posteriores dentro de la empresa:

Renuncias postelectorales

El 23 de julio de 2018, cuando el PRI había sido derrotado en la elección de gobernador, se inscribió en el Registro Público de Comercio la renuncia de Mercedes Aguilar como administradora única y su relevo por José Luis Tamayo Chalé, quien en junio de 2016 había sido nombrado apoderado legal.

Mercedes Aguilar también renunció a la sociedad, igual que Reyes Alfredo Can. Sus acciones fueron adquiridas, en ese orden, por María Dolores Olague Anaya y Octavio Martínez Zapata.

Las únicas referencias que Central 9 halló de María Dolores Olague son de Coahuila. En septiembre de 2012 obtuvo del Ayuntamiento de Torreón la concesión número 514 para la prestación del servicio de transporte en taxi.

Denunció difamación con tinte político

José Luis Tamayo tuvo apariciones públicas a mediados de 2008, al interponer dos denuncias –una por la vía penal y otra por la vía civil– contra las militantes de Movimiento Ciudadano que acusaron a la empresa de desviar recursos públicos.

En síntesis, Tamayo Chalé indicó que las militantes de MC, quienes hoy ya están en otro partido, difamaron a la compañía por motivos electorales, sin corroborar la veracidad de la información que dieron a conocer.

A Moot Point, dijo entonces el representante, es una empresa que ha obtenido sus contratos de manera legal, por medio de licitaciones públicas.

La resolución del SAT apunta a otro sentido.

Llegó a reportar tres domicilios

Esta empresa figuraba en actas y facturas con tres domicilios. El oficial estaba en la calle 15 número 221 entre 28-A Diagonal y 32 de la colonia San Damián.

Reporteros de Central 9 estuvieron en ese lugar y no hallaron rastros de la compañía. Se trata de un conjunto de oficinas de dos niveles, que hoy solo tiene como inquilina a una empresa del ramo de limpieza.

Así luce ahora el complejo de oficinas de dos niveles donde estuvo A Moot Point durante el gobierno anterior, en la colonia San Damián

Otro domicilio reportado es el número 840 interior 8 de la calle 17 “por 60 y 0” (sic) de Jardines de Mérida. Es también un conjunto de oficinas, sobre la avenida Yucatán, y tampoco hay huellas del negocio.

En facturas dirigidas a A Moot Point se menciona un tercer domicilio: calle 27 número 76 interior 2 entre 10 y 12 de la colonia México. Es un predio cercano al edificio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y, al igual que en los otros casos, no hay indicios de la presencia de esa firma.

Se estrenó como empresario

Sergio Vadillo, señalado como operador del esquema de empresas fantasmas,  se estrenó como empresario en diciembre de 2019, aunque un mes después formalizó su nueva faceta.

El 21 de enero, como indicamos líneas arriba, se inscribió en el Registro Público de Comercio la compañía Vetro Templados Vaper, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable.

Todo lo relacionado con el vidrio, pero…

Su objeto social principal es “la compra, venta, fabricación, instalación, importación y exportación de toda clase de vidrios templados, templado curvo, vidrio laminado, vidrio insulado, vidrio serigrafiado, vidrio impreso con rodillo, etcétera”.

También se dedica a “la compra, venta, fabricación, instalación, importación y exportación de toda clase de artículos de vidrio o cristal, de manera enunciativa más no limitativa, toda clase de vidrios y cristales, planos, espejos, lozas vitrificadas, tabiques de vidrio, vidrios emplomados, marcos, artículos de plástico, molduras, herrajes, entre otros”.

Sin embargo, más adelante se enlistan los siguientes conceptos: “Adquirir, enajenar, tomar u otorgar el uso y goce, por cualquier título permitido por la ley, de bienes muebles e inmuebles”.

También “el otorgamiento y obtención de créditos, con o sin garantía, sin limitación alguna en cuanto a montos; suscribir, girar, aceptar, endosar, otorgar y emitir pagarés, giros o letras de cambio, cartas de crédito y comprobantes de adeudo, ya sean ejecutivos o no, garantizando su pago, así como el pago de los intereses que causen, por medio de garantía, hipoteca, prenda, fideicomiso, de todo o parte de los activos de la sociedad, o cualquier otro título legal”.

Fianzas y deducción de impuestos

Y finalmente “garantizar y avalar las obligaciones de terceros, ya sean personas físicas o morales, mediante fianza, hipoteca, prenda o cualquier otro título legal, así como otorgar toda clase de contratos accesorios a favor de terceros…”, “deducir impuestos por la compra y venta de terrenos” y “cualquier otro acto lícito de carácter mercantil que acuerde la asamblea general de socios”, entre otras cosas.

El accionista principal es Vadillo Lora, quien aparece como presidente del consejo de administración.

Sus socios son Alberto Manuel y Jorge Ariel Peraza Cuevas.

“Es la etapa de especulaciones”

Conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador