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Igualdad de género y elecciones en Yucatán: ¿maquillaje y simulación?

A lo largo de su historia, Yucatán ha tenido solo dos gobernadoras, una de ellas interina y la otra electa por el voto directo de la población.

En Mérida únicamente tres mujeres han estado al frente del Ayuntamiento, en cuatro administraciones municipales: Ana Rosa Payán Cervera –en dos períodos diferentes–, Angélica Araujo Lara y María Fritz Sierra, está última en forma interina.

Otros 36 municipios, la tercera parte de todo el Estado, nunca han tenido alcaldesas.

Estas cifras muestran el escaso papel que se ha concedido a la  participación de la mujer en los espacios públicos.

Vacíos legales, interpretación discrecional de las leyes, intereses políticos y cotos de poder amenazados se combinan para levantar un muro que obstaculiza la paridad de género en materia electoral.

Garantizado, al menos en el papel…

Paradójicamente, la igualdad de género está garantizada constitucionalmente, no solo en la esfera electoral sino en la administración de los tres poderes de gobierno, en los tres niveles de la administración pública, a partir de junio de 2019.

“Las mexicanas van avanzando, pero aún se requieren cambios estructurales para que las mujeres tengan una participación paritaria real y efectiva, es decir, no solo implica que las mujeres sean el 50% de quienes toman las decisiones, sino que lo hagan sin ningún tipo de discriminación, ni violencia”, manifestó en su momento el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Mucho aplauso, poca efectividad

María Eugenia Núñez Zapata (derecha), coordinadora de Amisy
Imagen de una rueda de prensa sobre la paridad de género que se ofreció la semana pasada. A la derecha, María Eugenia Núñez Zapata, coordinadora de Amisy

En Yucatán esa meta está aún muy lejana, a juzgar por las estadísticas. Peor aún, la simulación está presente en todos los procedimientos relacionados con la aplicación de los mandatos legales, de acuerdo con Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy).

Aplausos y discursos hay muchos, pero nada de acciones. Hay mucha simulación y poca efectividad”, afirma María Eugenia Núñez Zapata, coordinadora de esa asociación, que ha llevado como bandera la igualdad en la asignación de candidaturas no solo en número de postulaciones sino en municipios que tengan elevada representación poblacional. Es la igualdad sustantiva.

El activismo de Amisy, principalmente, y de otras asociaciones y ciudadanos en lo particular ha llevado a desencuentros con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) y ha dejado al descubierto incumplimientos del Congreso local en la difusión de leyes que aprueba, aparente falta de interés del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) y resistencias en municipios del interior del Estado donde ciertos grupos ven amenazados sus intereses.

Cadena de complicidades

“Hay una cadena de complicidades”, subraya la maestra Núñez Zapata al relatar una serie de sucesos en torno a la lucha por la igualdad de género.

También hace notar que una de las expresiones más  grotescas del bloqueo a la participación de la mujer es la violencia política. Un ejemplo reciente se palpó en Kantunil, donde falleció la alcaldesa Raymunda Che Pech y arbitrariamente el Cabildo nombró a un varón para sustituirla, pasando por alto un mandato constitucional.

“Se puso por encima de la Constitución a una ley del Ayuntamiento, que no deja de ser una ley secundaria”, indica la coordinadora de Amisy. “Levantamos la voz, lo denunciamos, pero nadie nos hizo caso. Nada pasó”.

Más ejemplos de simulaciones

Otras manifestaciones de violencia política contra la mujer se viven en Kanasín y San Felipe. En el primer municipio, la síndica Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero ha denunciado públicamente y ante el TEEY al alcalde William Pérez Cabrera por una serie de arbitrariedades, como ocultarle información, rebajarle el sueldo y denigrar su investidura.

Una tibia resolución del Tribunal obligó a la funcionaria a exponer su caso a la sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa instancia resolvió a su favor, pero a la fecha no se conoce un acatamiento del TEEY a las disposiciones.

La síndica Flor de Liz Xóchitl Delgado, de Kanasín, denunció al alcalde de ese municipio por violencia política
El caso de violencia política en Kanasín, contra la síndica Flor de Liz Xóchitl Delgado, llegó al Tribunal Electoral del Estado. La imagen es de la presentación de la primera demanda. La síndica estuvo acompañada de representantes de un colectivo

“Los magistrados no han aplicado nada de lo que dicta Xalapa”, enfatiza María Eugenia Núñez. “Obviamente, hay encubrimiento. ¿Y todo para qué? Para que el alcalde agresor de Kanasín se pueda reelegir. ¡Es una cadena de complicidades y hay que decirlo!”

Una alcaldesa que no manda

El caso de San Felipe es otra vertiente de violencia política y simulación. Ese puerto del Oriente tiene una alcaldesa, Juana Baltazar Santos, pero quien en realidad lleva las riendas de la administración municipal es el síndico, Felipe Marrufo López.

En ese municipio Juana Baltazar estuvo al frente de la planilla porque allí “tocaba mujer” en las elecciones de 2018.

“Así le llaman: toca mujer, y si es así, pues que sea mi esposa o mi cuñada porque finalmente el hombre ejerce el poder”, relata la entrevistada.

Algo importante y de lo que se ha hecho escasa difusión, explica la representante de Amisy, es que la igualdad de género tiene que ser de observación obligatoria en todos los ámbitos de la administración pública, y esto abarca a los cabildos, porque así los establecen las reformas constitucionales de 2019.

No es que quieran o no quieran: la mitad tiene que ser para mujeres. Esto ya es ley”, recalca.

La realidad que reflejan las estadísticas

Los fríos números muestran el acceso que han tenido las mujeres a las alcaldías.

De acuerdo con datos de Amisy, en las elecciones municipales de 2007 resultaron triunfadoras siete mujeres, que quedaron al frente de municipios que representaban apenas el 7.3% de la población yucateca.

En 2010 fueron electas 12, que elevaron a 51.27% el porcentaje de representación de la población de Yucatán. Este aumento se debió al triunfo de una mujer (Angélica Araujo Lara) en Mérida, que concentra a casi la mitad de los habitantes del Estado.

En 2012 fueron 19 mujeres las ganadoras, en municipios que juntos abarcaban el 9.18% de la población. En 2015 el número se desplomó a ocho triunfadoras, en poblaciones con el 5.38% de los yucatecos, y en 2018 se dio un salto a 29 ganadoras.

En 2018 29 mujeres fueren elegidas en Yucatán como presidentas municipales

Logro que es apenas un paso pequeño

“Se presentó a esas 29 alcaldesas como un gran logro. Si te vas con la parte numérica, en efecto parece un gran paso, pero si revisas el porcentaje de población gobernada por esas mujeres verás que es de alrededor de nueve por ciento. Son  poblaciones chiquitas”, insiste la maestra Núñez.

“Y si a esas 29 electas le quitas una, que es el caso de Kantunil por fallecimiento, entonces el porcentaje se reduce. Por eso ahora pugnamos por una paridad sustantiva, y la paridad sustantiva es de sustancia, no solo numérica”, abunda. “Nuestra propuesta se orienta a que mujeres gobiernen un mayor porcentaje de la población del Estado, con tendencia a alcanzar el 50%”.

“Claro que no es un tema fácil, porque cuando una mujer gobierna en Mérida lo superamos, pero al menos queremos que crezca el porcentaje y no que nos quedemos en un 8%. Pasar al 25 ó 30% sí sería un logro y ya estaríamos hablando de un avance en la paridad sustantiva”.

Reflejos de una iniciativa nacional

La activista por los derechos de la mujer recuerda que en junio de 2019 Yucatán se convirtió en el segundo estado en avalar la ley ya aprobada por la Cámara de Diputados que obliga a la igualdad de género en la administración pública, en los tres niveles y en los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“En el caso del Poder Judicial esto no significa que vayan a sacar jueces, sino que cuando surjan las vacantes empiecen a instalar mujeres hasta llegar al porcentaje obligatorio”, apunta.

“Y en el Ejecutivo no es solo de aplicación en el gabinete primario, sino en el ampliado. Es en éste donde se resisten, porque muchas cosas que se operan, como créditos, tenencia de la tierra y otras, tienen que ver con el gabinete ampliado”.

La coordinadora reitera que no se le ha  concedido a esta modificación la importancia que merece y eso hay que repetirlo de manera sistemática.

“Por ejemplo, en los próximos ayuntamientos el número de direcciones tiene que ser integrado con mujeres en el 50 por ciento. Es ley, no un propósito”.

Fricciones con el árbitro electoral

Al margen de las disposiciones legales para el aparato administrativo, en el ámbito electoral surgieron recientemente fricciones entre la Amisy y el Iepac. La pugna llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que deberá emitir una resolución mediante su sala regional en Xalapa.

María Eugenia Núñez ofrece una síntesis de los hechos que derivaron en esas discrepancias.

El Iepac tiene muchas lagunas, incumplimiento de sus compromisos. Entre una elección y otra debe hacer un trabajo de sensibilización con los partidos sobre los acuerdos y las modificaciones que se van haciendo a la Ley Electoral. También debe involucrarse en los casos de violencia política cometidos en el pasado y verificar cuál fue el desenlace.

–Hace como siete u ocho meses se acordó el Iepac de que existe la iniciativa de 3 de 3 contra la violencia de género, impulsada y aprobada en el ámbito federal hace diez u once meses.

Frutos de una presión

–Y se acordó por la presión tanto de grupos de mujeres como de las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) que son también impulsoras de los derechos humanos de las mujeres.

En Amisy nos solidarizamos con esa campaña federal y la fuimos llevando en redes sociales, en colegios, etcétera, pero el Iepac no lo hizo con tiempo.

–De pronto su Comisión de Igualdad, que tiene a tres consejeros (Alejandra Pacheco Puente, María del Mar Trejo Pérez y Roberto Ruz Sahrur), se dio cuenta de que estaba atrasada y comenzó a convocar a la sociedad civil, a colegios, a partidos políticos… Así se iniciaron mesas de trabajo, seminarios y coloquios. En todos se inscribió Amisy.

–Después de algunos meses se sometió a aprobación la propuesta final de la Comisión de Igualdad, que contenía lo elemental de las aportaciones de nuestra asociación, orientadas a una mayor paridad sustantiva en los municipios.

Un punto que significaba gran avance

–Entre otras cosas, en el acuerdo se establecía que de los 15 municipios más poblados del Estado, incluyendo Mérida, en la mitad se propondrían candidaturas para mujeres. Esto significa que los partidos grandes, con posibilidades de ganar, tendrían que postular a siete mujeres candidatas.

–Esto sí iba a sr un gran avance. Lo había aprobado la Comisión de Igualdad del Iepac y hasta lo celebramos, porque al haber aprobación unánime ya se tenían tres de los cuatro votos que se necesitaban en el Consejo General. No imaginamos lo que pasaría después.

–Esto ocurrió el 6 de noviembre. Pasaron los días y nos preguntábamos por qué no se convocaba a sesión del Consejo General.

Representantes de asociaciones de defensa de derechos de la mujer realizaron en 2019, en Hoctún, una marcha contra la violencia política de género

“Bajeza” del diputado del PRD

–En esos días, el diputado del PRD Alejandro Cuevas Mena hizo una bajeza, chicanada o como se le quiera llamar. Presentó al Congreso del Estado un exhorto al Iepac en el que aseguraba que los consejeros estarían extralimitando en sus funciones al aprobar cosas que no considera la ley.

–Hay que recordar que en las elecciones de 2018 se aplicó la misma ley de 2015, porque no se hicieron los cambios. De haberse hecho las modificaciones no estaríamos en el brete que se nos presenta ahora.

–Había mentiras en el discurso de Alejandro Cuevas: la ley es una cosa y los lineamientos son otra. Es decir, los consejeros pueden definir los lineamientos y eso no es irse contra la ley ni extralimitarse en sus funciones.

Pobreza ética y personajes siniestros

–Sin embargo, al decir eso también advirtió que podrían promover juicio político contra los consejeros electorales. Ante todo eso, con la pobreza ética, política y moral de los diputados se aprobó el exhorto, vacío de legalidad pero exhorto al fin. Esto amedrentó, amagó a los consejeros del Iepac, institución donde –hay que decirlo también– hay dos personajes siniestros.

–Eso sirvió como estrategia para amedrentar al Consejo General, que terminó por rechazar el acuerdo de la Comisión de Igualdad y aprobar otros lineamientos que se sacó de la manga. Me encantó el valor de la consejera Alejandra Pacheco por ser la única que votó en contra y, además, fundamentó su voto. Vale la pena conocer el contenido de esa fundamentación, que es una lección en este tema.

Supimos que habían negociado con los partidos por medio del secretario ejecutivo Hidalgo Victoria (Maldonado), quien se encarga de operar las cosas políticas del instituto. Incluso nos enteramos también de que se había ofrecido organizar una comida con esos partidos, pero creo que a la consejera presidenta, María de Lourdes Rosas Moya, se le prendió el foco y se opuso.

Impugnación de último minuto

–Nosotras impugnamos los lineamientos aprobados. Nos basamos en el voto particular de Alejandra Pacheco. Lo hicimos casi en el último minuto porque no encontrábamos abogados del ramo electoral que nos apoyaran.

–Llevamos la impugnación al Iepac y yo había solicitado a la consejera presidenta una plática con los consejeros. Me dijo que ellos tenían actividades, pero ella sí nos recibiría. Éramos Gina Villagómez (Valdés), Lydia Laucirica Guanche y yo. Le respondí que estaba de acuerdo.

–Estábamos iniciando la plática, en la parte de abajo del edificio, cuando le empezaron a llegar avisos a María de Lourdes Rosas. De pronto se levantó su jefe de prensa, ofreció disculpas por la interrupción e informó que los demás consejeros querían participar en la reunión. Es decir, se desocuparon mágicamente.

–Como  no había suficiente espacio en el sitio donde estábamos, la reunión se trasladó a la recepción. Oyeron todos los empleados. Les dimos a los consejeros un auténtico repaso con nuestra postura, a tal grado que dos de ellos –uno lo fue Roberto Ruz– reconocieron que no sabían lo que habían aprobado. De ese tamaño era la situación.

¿Son o no representantes ciudadanos?

–El consejero Jorge Vallejo (Buenfil) estaba muy molesto. Además, yo ya había expresado mi posición en mi cuenta de Facebook, señalando el papel que tienen los consejeros y el secretario ejecutivo. En algún momento Vallejo dijo: “Les quiero hacer una aclaración. No somos representantes ciudadanos”.  Ah, ¿no? Entonces, ¿qué son?, le pregunté. Su respuesta fue: “Somos funcionarios”. Le repliqué: ¿funcionarios de dónde? De un instituto ciudadano.

–Lo siguió negando hasta que Marilú (María de Lourdes Rosas)  le dijo: “No, Jorge, disculpa. Sí somos representantes ciudadanos”.

–Finalmente, como establece el procedimiento, se turnó la impugnación al Tribunal Electoral del Estado, que nos dio palo con el argumento de que no llevamos nuestras credenciales de elector para identificarnos.

–Dos amigos abogados han coincidido en que se extralimitó el Tribunal, porque ni Gina ni yo, quienes suscribimos la impugnación, estábamos defendiendo nuestros derechos sino que íbamos en defensa de los derechos de las mujeres. Ni modos que a todas les pidieran su acta de nacimiento.

Llegar hasta donde haya que llegar

–El caso ya está en la sala regional del Trife en Xalapa. Si nos dan la razón, seguramente el TEEY va a impugnar. Y si es necesario acudiremos a la sala superior, llegaremos a donde haya que llegar. Si la resolución final se demora mes o mes y medio, ni modos, los partidos van a tener que recomponer sus candidaturas.

Sesión del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán
El colectivo Amisy cuestiona el papel del Tribunal Electoral del Estado ante las denuncias de violaciones político-electorales contra la mujer. A la derecha está el presidente del organismo, Fernando Bolio Vales

–¿Qué hizo entonces el Iepac? Los consejeros no son tontos y se dan cuenta de que podemos ganar. Se trataron de lavar la cara mediáticamente y lo primero que hicieron es sacarse de la manga un convenio, un acuerdo de buena fe, con los partidos. Es solo un acto mediático.

–Si se ve una liga de esa convenio nos damos cuenta de que los partidos no dejan de expresar su inconformidad o dudas porque no les avisaron a tiempo. Esto confirma que es algo que el Iepac se sacó de la manga.

–Después, más desesperado por decirlo así, el Iepac sigue intentando lavarse la cara porque le va a venir una sanción. Así aprueba por mayoría el Procedimiento Especial Sancionador (PES), con cuatro votos a favor y tres en contra. Los primeros fueron de Alejandra Pacheco, María del Mar Trejo, María de Lourdes Rosas y Roberto Ruz.

Apostaban a la complicidad de partidos

–Votaron en contra Jorge Vallejo, Alicia del Pilar Lugo Medina y Alberto Rivas Mendoza. ¿Qué esperaban después de esa aprobación por mayoría? Estaban tratando de cabildear con los partidos políticos para que impugnaran el PES, a eso apostaban, pero no hallaron eco, porque ya habían llevado al baile a los partidos dos veces. De que lo intentaron, sí lo intentaron.

–Ante la tendenciosa actuación del TEEY, este PES cobra importancia porque asume funciones de tribunal. Hay capacidad de respuesta inmediata a las quejas y denuncias y eso es muy importante, porque en las condiciones actuales tienes que recurrir al Tribunal comenzando con contratar un abogado y resignarte a un proceso lento. Ya no sería así.

–Si el Trife nos da la razón en nuestra impugnación vamos a pedir al Senado la inhabilitación del TEEY. En el caso de Xóchitl Delgado (la síndica de Kanasín) los magistrados locales se han negado a reconocer sus derechos. No han aplicado nada de lo que les ha ordenado la sala de Xalapa. Obviamente, hay encubrimiento, y si hay encubrimiento esos magistrados no tienen nada que hacer allí donde están.

Las  resoluciones del Tribunal

La maestra Núñez Zapata también proporciona un cuadro en el que se detallan las resoluciones del TEEY a una serie de impugnaciones que se han presentado por violación de los derechos políticos y electorales de la mujer en varios municipios del Estado de 2015 a la fecha.

Se leen fallos como “se desecha de plano”, “se sobresee”, “se declara fundado el agravio”, “se modifica acto reclamado”, “se confirma acuerdo IEPAC”, “se reencausa” e “incompetente para conocer”, entre otras.

Otro cuadro comparativo que proporciona es el de los grupos de poder en las alcaldías, que deja en evidencia a los alcaldes repetidores y a políticos que tratan de perpetuarse en el poder mediante sus esposas u otros familiares. En este tema abundaremos en próxima entrega.

Representantes de la agrupación

Además de la entrevistada, forman parte de Amisy las siguientes personas y representantes de agrupaciones:

Rita Farjat Vázquez, empresaria; Marbella Casanova Calam, de la Unión Obrera Peninsular, A.C.; Lydia Laucirica Guanche, de Mujer, A.C.; María Candelaria May Novelo, del Centro Cultural y de Derechos Humanos “Casa Colibrí”; Malena Peón Vega, artista; Eldy López González, abogada; Irene Piña Alberto, de Mujeres Yucatecas, A.C.; Layda Rodríguez Torres, de Mujeres sin Maquillaje; Paula Pech Puc, de la asociación civil Ajal Lol, y Alicia Canto Alcocer, académica.

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