in ,

Falta mucho para paridad de género en Yucatán, dicen

María Eugenia Núñez y Gina Villagómez Valdés cuando interpusieron un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado

A lo largo de su historia, Yucatán ha tenido solo dos gobernadoras, una de ellas interina y la otra electa por el voto directo de la población.

En Mérida únicamente tres mujeres han estado al frente del Ayuntamiento, en cuatro administraciones municipales: Ana Rosa Payán Cervera —en dos períodos diferentes—, Angélica Araujo Lara y María Fritz Sierra, esta última en forma interina.

Otros 36 municipios, la tercera parte del Estado, nunca han tenido alcaldesas.

Estas cifras muestran el escaso papel que se ha concedido a la participación de la mujer en espacios públicos. Vacíos legales, interpretación discrecional de las leyes, intereses políticos y cotos de poder amenazados se combinan para levantar un muro frente a la paridad de género en materia electoral, tema del que ofrecimos amplia entrega el jueves pasado en yucatan.com.mx.

Paradójicamente, la igualdad de género está garantizada constitucionalmente, no solo en la esfera electoral sino en la administración de los tres poderes de gobierno, en los tres niveles de la administración pública, a partir de junio de 2019.

“Las mexicanas van avanzando, pero aún se requieren cambios estructurales para que las mujeres tengan una participación paritaria real y efectiva, es decir, no solo implica que las mujeres sean el 50% de quienes toman las decisiones, sino que lo hagan sin ningún tipo de discriminación, ni violencia”, manifestó en su momento el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

En Yucatán esa meta está lejana, a juzgar por las estadísticas. Peor aún, la simulación está presente en los procedimientos relacionados con la aplicación de los mandatos legales, de acuerdo con Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy).

“Aplausos y discursos hay muchos, pero nada de acciones. Hay mucha simulación y poca efectividad”, afirma María Eugenia Núñez Zapata, coordinadora de ese colectivo, que ha llevado como bandera la igualdad en la asignación de candidaturas no solo en número de postulaciones sino en municipios que tengan elevada representación poblacional. Es la igualdad sustantiva.

El activismo de Amisy, principalmente, y de otras asociaciones y ciudadanos en lo particular ha llevado a desencuentros con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) y ha dejado al descubierto incumplimientos del Congreso local en la difusión de leyes que aprueba, aparente falta de interés del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) y resistencias en municipios del interior del Estado donde ciertos grupos ven amenazados sus intereses.

“Hay una cadena de complicidades”, indica la maestra Núñez Zapata al relatar una serie de sucesos en torno a la lucha por la igualdad de género.

También hace notar que una de las expresiones más grotescas del bloqueo a la participación de la mujer es la violencia política. Un ejemplo reciente se palpó en Kantunil, donde falleció la alcaldesa Raymunda Che Pech y arbitrariamente el Cabildo nombró a un varón para sustituirla, pasando por alto un mandato constitucional.

“Se puso por encima de la Constitución a una ley del Ayuntamiento, que no deja de ser una ley secundaria”, indica la coordinadora de Amisy. “Levantamos la voz, lo denunciamos, pero nadie nos hizo caso. Nada pasó”.

Otras manifestaciones de violencia política contra la mujer se viven en Kanasín y San Felipe. En el primer municipio, la síndica Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero ha denunciado públicamente y ante el TEEY al alcalde William Pérez Cabrera por una serie de arbitrariedades, como ocultarle información, rebajarle el sueldo y denigrar su investidura.

Una tibia resolución del Tribunal obligó a la funcionaria a exponer su caso a la sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa instancia resolvió a su favor, pero a la fecha no se conoce un acatamiento del TEEY a las disposiciones.

“Los magistrados no han aplicado nada de lo que dicta Xalapa”, enfatiza María Eugenia Núñez. “Obviamente, hay encubrimiento. ¿Y todo para qué? Para que el alcalde agresor de Kanasín se pueda reelegir. ¡Es una cadena de complicidades y hay que decirlo!”

El caso de San Felipe es otra vertiente de violencia política y simulación. Ese puerto del Oriente tiene una alcaldesa, Juana Baltazar Santos, pero quien lleva las riendas de la administración municipal es el síndico, Felipe Marrufo López.

En ese municipio Juana Baltazar estuvo al frente de la planilla porque allí “tocaba mujer” en las elecciones de 2018. “Así le llaman: toca mujer, y si es así, pues que sea mi esposa o mi cuñada porque finalmente el hombre ejerce el poder”, relata la entrevistada.

Algo importante y de lo que se ha hecho escasa difusión, explica la representante de Amisy, es que la igualdad de género tiene que ser de observación obligatoria en todos los ámbitos de la administración pública, y esto abarca a los cabildos, porque así los establecen reformas constitucionales de 2019.

“No es que quieran o no quieran: la mitad tiene que ser para mujeres. Esto ya es ley”, recalca.

Los fríos números muestran el débil acceso que han tenido las mujeres a las alcaldías.

De acuerdo con datos de Amisy, en las elecciones municipales de 2007 resultaron triunfadoras siete mujeres, que quedaron al frente de municipios que representaban apenas el 7.3% de la población yucateca.

En 2010 fueron electas 12, que elevaron a 51.27% el porcentaje de representación de la población de Yucatán. Este aumento se debió al triunfo de una mujer (Angélica Araujo) en Mérida, que concentra a casi la mitad de los habitantes del Estado.

En 2012 fueron 19 mujeres las ganadoras, en municipios que juntos abarcaban el 9.18 por ciento de la población. En 2015 el número se desplomó a ocho triunfadoras, en poblaciones con el 5.38% de los yucatecos, y en 2018 se dio un salto con 29 ganadoras (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

Reformas legales Pocos reflectores

El colectivo Amisy hace notar la escasa difusión que se ha dado a unas reformas legales.

En todos los niveles

La igualdad de género tiene que ser de observación obligatoria en todos los ámbitos de la administración pública, y esto abarca a los cabildos, porque así los establecen las reformas constitucionales de 2019, subraya María Eugenia Núñez Zapata, coordinadora de la agrupación.

No hay de otra

“No es que quieran o no quieran: la mitad tiene que ser para mujeres. Esto ya es ley”, recalca.

El impacto de 2018

En próxima entrega, la maestra Núñez explica por qué no se puede considerar un gran logro que 29 mujeres hayan ganado alcaldías en la elección de 2018 en Yucatán.

El turismo, “terrible”

Testimonio de un sobreviviente que se hizo brigadista