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Impondrían al PRI multa millonaria por "turismo electoral"

En inédita medida, el Instituto Nacional Electoral (INE) se dispone a imponer multas de más de $42 millones al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sanciones menores a 467 yucatecos por su participación en la Operación Primavera de Quintana Roo en 2013.

La estrategia consistió en tratar de burlar a la institución para llevar votantes a Quintana Roo en la modalidad conocida como “turismo electoral”, después de un cambio deliberado de domicilios con documentación apócrifa.

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El objetivo del “turismo electoral” era favorecer a los candidatos del PRI en las elecciones intermedias del vecino estado en 2013, cuando estuvieron en juego alcaldías y diputaciones.

Un autobús estacionado en el parque principal de Tizimín en marzo de 2013, con la leyenda "Excursión". Su destino era Cancún, con priistas cuyo objetivo era tramitar credenciales de elector. La "vigilante" es Rita Arceo
Un autobús estacionado en el parque principal de Tizimín en marzo de 2013, con la leyenda "Excursión". Su destino era Cancún, con priistas cuyo objetivo era tramitar credenciales de elector. La "vigilante" es Rita Arceo

El gobernador quintanarroense entonces era Roberto Borge Angulo. En Yucatán transcurrían los primeros meses de la administración de Rolando Zapata Bello.

Segunda resolución por mandato superior

Según datos recabados, el Consejo General del INE sesionará en el transcurso de la semana entrante –al parecer el miércoles– para emitir una nueva resolución en este caso, por mandato de la Sala Superior del  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, tuvo acceso al proyecto de sentencia que será analizado en esa sesión. En el documento se indica que las pruebas analizadas acreditan que agentes que actuaron a nombre del PRI instigaron o incitaron a que otros ciudadanos aportaran información falsa a la autoridad electoral.

Con documentos en la mano, en los que se pueden ver actas de nacimiento, la profesora Rocío Salazar –activista priista en Valladolid– gira instrucciones a otras personas a las puertas de un módulo del IFE en Cancún, en mayo de 2013
Con documentos en la mano, en los que se pueden ver actas de nacimiento, la profesora Rocío Salazar –activista priista en Valladolid– gira instrucciones a otras personas a las puertas de un módulo del IFE en Cancún, en mayo de 2013

La nueva resolución será resultado de un fallo de la Sala Superior del Tepjf, a raíz de que dos partidos impugnaron la primera decisión del INE, que consistía en una multa de poco menos de $400,000 para el PRI y de amonestaciones a los ciudadanos involucrados.

¿Y los autores intelectuales?

En el proyecto de sentencia no hay menciones ni sanciones a quienes fueron señalados en las denuncias como los principales autores intelectuales del delito electoral: Ivonne Ortega Pacheco, Francisco Torres Rivas y Carlos Sobrino Argáez, quienes eran entonces secretaria general del PRI, diputado federal y delegado priista en Cancún, y subsecretario de Gobierno con Rolando Zapata, respectivamente.

Sobrino Argáez fue posteriormente, al final del sexenio 2012-2018, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Este cargo lo ocupa ahora Torres Rivas.

Actitud dolosa del partido

En el proyecto del INE se califica de “grave especial” la conducta del PRI en la Operación Primavera, porque fue dolosa, atentó contra un bien jurídico importante como es la función electoral y “tuvo una trascendencia mayúscula” si se toma en cuenta, entre otras cosas, que la infracción demostrada recayó sobre el debido resguardo y confiabilidad del padrón electoral.

Acarreo en dos municipios

 El caso se remonta a marzo de 2013. Según consta en nuestros archivos, se reportaron inusitados movimientos en Valladolid y Tizimín, con autobuses llenos de vecinos de esos municipios con dirección a Cancún. La coordinación estuvo a cargo de funcionarios municipales y promotores priistas.

Manifestación en Valladolid encabezada por Miguel Pat Xuluc, presidente de la asociación Despertar Cívico Ciudadano. Los atiende el funcionario municipal Jorge Carvajal Moo, quien fue uno de los que tramitaron credencial de elector en Cancún
Manifestación en Valladolid encabezada por Miguel Pat Xuluc, presidente de la asociación Despertar Cívico Ciudadano. Los atiende el funcionario municipal Jorge Carvajal Moo, quien fue uno de los que tramitaron credencial de elector en Cancún

Ya en Cancún, los grupos se dirigían a las oficinas del INE –entonces IFE (Instituto Federal Electoral)– para solicitar credenciales de elector con residencia en esa ciudad quintanarroense. Las elecciones se celebrarían el 7 de julio.

De manera fortuita, el 14 de marzo Miguel Ángel Pat Xuluc, vallisoletano que preside la asociación civil Despertar Cívico Ciudadano y trabaja como taxista en Cancún, vio a varios de sus paisanos en ese polo turístico y se acercó para ofrecerles ayuda.

“Necesitaba el dinero”

Las personas a quienes se acercó se pusieron muy nerviosas. Una mujer le dijo que aceptó ir porque le ofrecieron mil pesos y "necesitaba el dinero".

En esos mismos días se documentó idéntica operación en Tizimín, también bajo la coordinación de funcionarios y operadores del PRI.

Vallisoletanos a las puertas de un módulo del IFE en Cancún, a principios de mayo de 2013. Faltaban dos meses para las elecciones en Quintana Roo
Vallisoletanos a las puertas de un módulo del IFE en Cancún, a principios de mayo de 2013. Faltaban dos meses para las elecciones en Quintana Roo

La Dirección Municipal de Tránsito de Cancún detuvo tres camiones de pasajeros procedentes de ambos municipios yucatecos con ciudadanos que presumiblemente pretendían inscribirse en el listado nominal de electores de Benito Juárez.

Alcaldes involucrados

Daniel Ávila Ruiz, entonces senador, formuló denuncias públicas por ese escándalo, en el que involucró también a los alcaldes priistas Roger Alcocer García, de Valladolid, y María del Rosario Díaz Góngora, de Tizimín.

El legislador dijo que, según un informe del INE, 1,391 yucatecos tramitaron credencial de elector en Quintana Roo en las semanas previas a las elecciones. De ellos, 457 eran de Valladolid, incluyendo 93 funcionarios y empleados del Ayuntamiento.

Daniel Ávila Ruiz, entonces senador, al salir de las oficinas del IFE en Ciudad de México después de interponer una denuncia por el "turismo electoral" en Quintana Roo, en mayo de 2013
Daniel Ávila Ruiz, entonces senador, al salir de las oficinas del IFE en Ciudad de México después de interponer una denuncia por el "turismo electoral" en Quintana Roo, en mayo de 2013

 El “turismo electoral”, dijo Ávila Ruiz, se extendió a Campeche, donde también se reportaron salidas de ciudadanos para tramitar las credenciales para votar en Quintana Roo.

Denuncias ante el IFE por dos vías

El 6 de mayo de 2013, Víctor Hugo Lozano Poveda, representante del PAN ante la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores de la Junta Local del IFE en Yucatán, denunció los cambios de domicilio como parte de la pretensión del PRI de influir de manera tendenciosa en los resultados de los comicios en Quintana Roo.

Dos días después,  Daniel Ávila y sus compañeros del Senado Jorge Luis Lavalle Maury y Jorge Luis Preciado Rodríguez presentaron ante el  Consejo General del IFE una denuncia por presuntas violaciones a las normas electorales federales en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Los senadores exigieron una amplia investigación y, de confirmarse las irregularidades, un proceso legal contra quienes resultaran responsables.

Antecedente en 2010

Recordaron un antecedente en 2010, cuando –siendo gobernadora Ivonne Ortega– el instituto detectó movimientos atípicos en el padrón electoral de Yucatán y comprobó 67 casos de vecinos de Quintana Roo que con documentos falsos solicitaron credenciales para votar en la primera entidad.

Aquella vez, la Comisión de Registro Federal de Electores ordenó cancelar en todos los casos los cambios de domicilio e inscripción al padrón electoral de Yucatán y ordenó a la dirección jurídica del IFE la presentación de la denuncia correspondiente.

Entre las pruebas de “turismo electoral” que presentaron los senadores figuran varias publicaciones del Diario con fotografías.

El Comité Directivo Estatal del PAN también presentó una denuncia por estos hechos, ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).

Arrestos: solo de acarreados

Con base en las investigaciones, se libraron órdenes de aprehensión que derivaron en varios arrestos en Valladolid y Tizimín, pero solo de quienes fueron acarreados en los autobuses.

Pat Xuluc deploró que la justicia se enfocara en los más vulnerables, muchos de ellos llevados bajo engaños a Cancún, y no en los autores intelectuales.

Además de Ivonne Ortega, Francisco Torres y Carlos Sobrino, se señaló como operadores del turismo electoral en Valladolid al síndico Narcés Mendoza Ambriz, asesorado por Torres Rivas; Leandro Espinosa Romero, entonces representante del PRI ante el IFE, y Mauro Rodrigo Valencia Arana, señalado como colaborador del gobernador Rolando Zapata.

En 2016, Leandro Espinosa fue presentado como secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI. En la campaña electoral de 2018 abandonó las filas del priismo y se sumó a Morena.

La primera resolución del INE

El 22 de enero de 2018, en atención a la denuncia de los senadores Ávila Ruiz, Lavalle Maury y Preciado Rodríguez, el Consejo General del INE resolvió multar al PRI con $323,700 (equivalentes a 4,287.99 UMAS).

También impuso una amonestación pública a 467 ciudadanos que entregaron documentación falsa para obtener nueva credencial de elector y multó a dos de ellos con $3,238 y $32,380 por ser quienes instigaron al resto del grupo a la comisión de los hechos investigados.

Determinó que en 145 casos no procedía una sanción, porque si bien no se pudo acreditar que este número de ciudadanos viviera en el nuevo domicilio reportado en Cancún, tampoco se les halló en el anterior y no fue posible confirmar el ilícito.

Apelaciones del PRI y Morena

Inconformes con la resolución, el PRI y Morena –este segundo partido se sumó por considerar que el PRI era responsable directo y que se debió sancionar a los ciudadanos exonerados– presentaron recursos de apelación.

El 25 de abril de 2018, la máxima autoridad electoral ordenó revocar la resolución impugnada y pidió al INE que formulara una nueva sentencia en la que considerara al PRI como responsable directo de la infracción cometida, como solicitó Morena en su recurso de apelación.

Debía considerarse esa responsabilidad directa, indicó la Sala Superior, por la participación de agentes que actuaron en su nombre en la preparación y ejecución de la infracción, consistente en presentar información falsa al Registro Federal de Electores.

Hay al menos 35 testimonios de personas que señalaron directamente al PRI o a personas vinculadas con este partido en el traslado, movilización inducción e instigación de ciudadanos para realizar trámites de cambio de domicilio ante el RFE en Cancún.

Dirigentes del PAN frente a carteles donde se advertía de los delitos electorales, a propósito del acarreo de votantes yucatecos a Quintana Roo en 2013
Dirigentes del PAN frente a carteles donde se advertía de los delitos electorales, a propósito del acarreo de votantes yucatecos a Quintana Roo en 2013

La condición socioeconómica, factor

La Sala Superior también pidió al instituto que  “individualizara” las sanciones impuestas a los ciudadanos, incluyendo a los señalados como instigadores, tomando en cuenta sus condiciones socioeconómicas.

En acatamiento a esa disposición, el Consejo General del INE dispuso una serie de diligencias que incluyeron trabajo de campo y solicitudes de información a otras autoridades y unidades administrativas.

Finalmente, en los próximos días sesionará para dar a conocer la nueva sentencia.

Puntos medulares de la sentencia

En el proyecto del que tuvo conocimiento Central 9 se consideran básicamente los siguientes puntos, que quedarían firmes en caso de que los aprueben los consejeros sin cambios.

–Se confirma la responsabilidad de 467 ciudadanos yucatecos (se incluyen los nombres). Se demostró que tienen su residencia en Yucatán y falsearon información en Cancún.

–Se ratifica que no hay procedimiento contra otros 145 ciudadanos, porque si bien no se confirmó su domicilio en Cancún, tampoco se pudo determinar que viven en Yucatán. Ante la duda, se decidió no emprender acción contra ellos. Morena sostenía que 140 debían ser sancionados también.

–Queda firme la responsabilidad de los ciudadanos Juana Margarita Ucán Pool y Miguel Arcángel Caamal Hay, acusados de ser instigadores y promotores de los cambios de domicilio.

Vulneraciones a las normas legales

–Se declara al PRI responsable directo de la infracción cometida y se califica de dolosa su actitud, que además constituye una falta grave, “con vulneraciones sistemáticas a la normativa constitucional y legal”.

–Se concluye, dice el proyecto de sentencia, que la irregularidad no se circunscribió únicamente en vulnerar una norma legal, consistente en haber instigado a través de agentes a personas a presentar información falsa al RFE, sino que también implicó una violación al artículo 41 de la Constitución, además de que se transgredieron los principios de confiabilidad del padrón electoral.

Multas y amonestaciones

–Después del análisis de las condiciones socioeconómicas dispuesto por la Sala Superior del Tepjf, el Consejo General decide imponer las siguientes sanciones económicas:

  1. A los dos instigadores, $64,760 cada uno (en todos los casos se consideraron los montos en UMAS).
  2. A un grupo de 33 ciudadanos, $12,276 cada uno.
  3. A otro de siete, $9,207.
  4. Uno más de 26, $6,138.
  5. Uno de 65, $3,069.
  6. Otro de 190, $1,534.
  7. En 138 más, amonestación pública.

El PRI, pago en seis meses

–Al PRI se le impone una sanción de 42 millones 803 mil 151 pesos. Esta cantidad equivale al 5% del financiamiento público ordinario anual que recibirá el partido este año. Deberá pagarla durante seis meses, de sus prerrogativas, a razón de $7.133,858 mensuales.

En el proyecto se subraya que la pena que se impondrá al PRI “se encuentra dentro de los límites constitucionales y legales permitidos, toda vez que no resulta excesiva porque… no es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito y no se propasa o va más delante de lo ilícito y lo razonable”.

Una vez notificada, la resolución es apelable por las partes en los términos de ley.

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